La trágica noticia de la muerte de la profesora Katherine Yoma remeció el 8 de marzo en Antofagasta. Katherine había denunciado acoso laboral y malas condiciones laborales en la Escuela D-68 José Papic Rendic. La Dirección y la Corporación Municipal devaluaron su denuncia, decidieron el cambio de establecimiento y redujeron importantemente sus horas de trabajo. ¡Basta de autoritarismo! ¡No más impunidad! Elección democrática de las autoridades por las comunidades escolares, representantes responsables y revocables. Impulsemos protocolos para enfrentar la violencia y el acoso con comisiones investigadoras independiente de las autoridades.
Miércoles 13 de marzo
¡No estamos todas, falta Kathy Yoma! fue un grito central en la marcha independiente del gobierno de Boric en Antofagasta. Un grito de dolor y rabia que profesoras y profesores comparten por la magnitud del caso y la nula respuesta a la denuncia de acoso y otras malas condiciones que tuvo que vivir la profesora Katherine, aun cuando la escuela y directiva ya tenían antecedentes previos de mobbing, que es una forma de violencia laboral donde se realizan una serie de acciones violentas psicológicas de forma sistemática. Así lo da cuenta el caso del profesor D’Arcangelis quien durante el 2019 vivió acoso en la misma escuela que la profesora Katherine, por parte de los directivos y algunos profesores afines a la dirección, debido a su rol como dirigente gremial. Si bien la batalla judicial contra la CMDS (Corporación Municipal de Desarrollo Social), fue ganada por el docente, éste ya alertaba que el autoritarismo en la educación terminaría por quitarle la vida a un profesor o profesora. Lo que lamentablemente es hoy una realidad.
Por lo que es un grito colectivo y muy sensible para las y los profesores y en general para las y los trabajadores de la educación, quienes han experimentado en más de una ocasión el autoritarismo en la educación pública, el agobio laboral producido por el despotismo de parte de los equipos directivos, la finalización de contratos sin motivos pedagógicos, el no reconocimiento de trayectorias laborales, la rebaja de cargas horarias, la imposibilidad de acceder a cargos por decir la opinión y las prácticas antisindicales, lo que se combina con una crisis de desfinanciamiento cada vez más brutal que va degradando la educación pública. Con un Gobierno de Boric que prometió cambios, pero que junto a Ministro de Educación y Seremis, no han propuesto ninguna medida para responder a la falta de recursos- imposible de solucionar sin afectar a las grandes riquezas del país y a los empresarios de la educación-, al contrario, su línea es felicitar la implementación de los Servicios Locales de Educación, una medida impulsada por el gobierno de Bachelet 2.0 y que ha generado una agudización de la crisis educativa, con despidos de docentes y trabajadores de la educación, mayor precarización y falta de financiamiento, expresado en distintas comunas a nivel nacional. Como recientemente lo vemos en Atacama con incluso docentes en huelga de hambre.
Toda esta situación termina provocando, entre otras cosas, enfermedades graves de salud mental en docentes y estudiantes. Así lo refiere el Ministerio de Educación (2023) quien señala que lo que más afecta a la salud mental de los y las trabajadoras de la educación es: una carga de trabajo excesiva, la calidad o el estilo de liderazgo, demandas contradictorias de las jefaturas, deficiente gestión de los cambios en la organización, una comunidad escolar fragmentada, con relaciones interpersonales donde el respeto y los límites se han perdido, con situaciones de acoso, agresión y violencia.
¡No estamos todas, falta Kathy Yoma! Es un grito además anclado en un rubro fuertemente feminizado, por lo que el caso de la profesora colerizó al movimiento feminista y a la juventud en Antofagasta, ya que como mujeres y disidencias sabemos que denunciar la violencia es un callejón sin salida, un papel mojado que termina en el cajón del olvido. Es un grito que recorre escuelas, liceos, universidades, hospitales, hogares, barrios, etc, y que conoce íntimamente la desesperación e impotencia de denunciar la violencia y los malos tratos, y de no recibir respuesta o inclusive ser castigadas y violentadas por atreverse a hacerlo.
No pasó algo distinto en el caso de Kathy, la Corporación Municipal de Desarrollo Social y sus autoridades partiendo por el Alcalde, como también Belguin Cisternas, Maria Luz Galvez, Maria Fernanda Videla, así como el director de la D68 Marcos Jil, no sólo tenían conocimiento de su caso, sino que decidieron castigar a la docente por su denuncia, trasladándola de establecimiento, pero con una carga de apenas 16 hrs.
Pero este grito por Kathy que inició el 8M, profesoras y profesores y de la comunidad educativa se han puesto a la cabeza de organizarlo, paralizando más de 30 escuelas, con marchas y acciones fuera de la Corporación, exigiendo la salida de la plana mayor de la CMDS y la salida del equipo de gestión de la escuela.
Es esta fuerza la que debe evitar que estas medidas signifiquen una puerta giratoria para altos cargos que son cambiados de establecimiento manteniendo sus sueldos millonarios, por ello es necesario que la movilización impulsada por docentes sea junto a estudiantes y apoderados, que exista coordinación con el movimiento feminista, las organizaciones sociales, de derechos humanos, etc., sea la que imponga la democratización de la elección de las y los directivos, es decir, que sean elegidos por la comunidad educativa y que sean revocables, para enfrentar concretamente el autoritarismo en la educación e ir terminando con aquellas “mafias” que impunemente hacen lo que quieren sin que la comunidad escolar pueda hacer algo al respecto. A la vez comenzar ya el debate para la creación de protocolos de género y seguridad laboral con comisiones investigadoras independientes de las autoridades que pueda tomar los casos de acoso y otros tipos de violencia.
Pero, ¿Qué son los protocolos de género y seguridad laboral y las comisiones independientes de investigación? ¿Cómo podemos conquistarlas y aplicarlas?
Toda la fuerza desplegada por docentes junto a la comunidad educativa, debe organizarse para levantar protocolos de género y seguridad laboral, los cuales deben ser reconocidos por las instituciones educativas y deben servir para canalizar una denuncia de acoso u otro tipo de violencia, malas condiciones, etc. Deben constituir no sólo medidas de sanción, sino también, medidas preventivas como la necesidad de espacios de debates formativos, cátedras y capacitaciones que permitan el cuestionamiento cotidiano a profesoras/es, funcionarias/os, estudiantes y apoderados.
Esta denuncia debe ser una vía que nos permita abrir un proceso, donde quien denuncie pueda tener el respaldo y la seguridad, de contar con el resguardo de su identidad si así lo quiere, evitando su revictimización, y de tener la atención y apoyo de un equipo de especialistas para llevar a cabo la denuncia y enfrentar la situación, con licencias laborales pagadas durante el tiempo que dure proceso. Este punto es clave para resguardar la salud mental y bienestar de quien denuncia.
El protocolo requiere de una “Comisión investigadora independiente” de las autoridades, que canalice las denuncias de acoso u otros tipos de violencia que atacan a la integridad de las personas. Esta comisión tiene que estar compuesta por representantes electos/as democráticamente de los tres estamentos que conforman las escuelas y liceos junto a especialistas externos, para que sean docentes, trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados, profesionales de la salud mental u otros especialistas que se consideren necesarios, quienes decidan las medidas a tomar, a partir de una discusión democrática entre los distintos estamentos. De existir esta comisión investigadora, se podría investigar y resolver las responsabilidades políticas en el caso de la profesora Katherine Yoma.
Así también, es necesario que cualquier protocolo contra la violencia laboral, machista, etc, integre el derecho a la legítima y democrática defensa de quien está siendo denunciado/a, que de no hacerlo, estaríamos dando por sentado que quien está siendo denunciado es culpable a priori de lo que se le acusa sin un debido proceso.
Para lograr implementar estas medidas es necesario fortalecer la movilización y organización, impulsar asambleas unificadas y abiertas a la comunidad educativa, donde se discuta y resuelva un plan de lucha y paralización, en coordinación con otros sectores de trabajadores, organizaciones feministas, estudiantiles, sociales, de derechos humanos, del mundo del arte y la cultura, para exigir la elección democrática y de forma triestamental de las autoridades de los establecimientos educativos, el reconocimiento institucional de protocolos de género y seguridad laboral impulsado por la comunidad educativa, junto a la Comisión investigadora independiente, levantando instancias colectivas de reflexión y de debate a la altura de los acontecimientos.
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