El crimen se produjo el 26 de agosto durante confuso episodio. La Policía habla de “accidente de tránsito” pero testigos la desmienten. El joven de 23 años había denunciado en mayo por apremios ilegales al personal de la Comisaría Tercera y estaba amenazado.
Lunes 28 de septiembre de 2020 15:54
El 26 de agosto dos oficiales se presentaron en la casa de Patricia Isorni para comunicarle que su hijo Franco había fallecido en un accidente de tránsito. Esa madrugada, según los dichos de la Policía, el joven circulaba a gran velocidad por la Avenida Lugones de la capital de la provincia y habría perdido el control de la moto, golpeándose la cabeza con el guardarrail en la rotonda de la intersección con Solís. La muerte de Franco fue inmediata.
Sin embargo, una joven que había estado en el lugar se comunicó con Patricia para contarle lo que realmente había pasado. Le aseguró que la Policía “venía siguiendo a su hijo y metros antes de la rotonda habrían logrado ponerse al lado de la moto de Franco”. Contó que el policía que venía detrás “pateó la moto del lado izquierdo, provocándole la caída. Al caer, la moto le pasó por encima. En ese momento -quizás- le provocó la muerte. Es una posibilidad”, manifestó la testigo.
Armada solo de su entereza y su deseo de saber la verdad, Patricia se acercó al lugar de los hechos para charlar con los vecinos. Ahí se enteró de que la Policía venía persiguiendo a Franco. Y disparándole.
La madre de Franco se acercó a hablar con el Fiscal a cargo de la causa, Martín Silva, quien ya había cerrado la investigación, basado solamente en el relato de los oficiales, sin una autopsia del cuerpo y sin mirar las cámaras de seguridad municipales.
Una de las amistades que Patricia supo cosechar en su paso como administrativa en la División de Antecedentes Personales, le aseguró que casualmente “las cámaras de la zona se ‘habrían borrado’ entre la 01:40 y la 01:50 de esa madrugada. Esos diez minutos del video no están”, le dijeron.
Érica Leguizamón, la fiscal del caso que reemplazó a Silva, corroboró que era verdad que las filmaciones no estaban. “Esto implica que hay un delito. Tampoco se le hizo autopsia, ni me explicaron por qué lo llevaron a la morgue de La Banda, siendo que hay dos morgues judiciales en la Capital”, dijo Patricia Isorni.
La testigo que presentó la Policía para verificar el supuesto choque le comentó a Patricia que el mismo personal de la comisaría levantó el cuerpo. “Por el código de procedimiento eso está prohibido, tiene que venir criminalística y bomberos de la provincia. Nunca la Policía. En la misma camioneta llevaron el cuerpo de Franco y a la testigo. ¡Esto no tiene nombre! Tuvieron toda la noche para desfigurar el cuerpo y borrar pruebas. A las seis de la mañana recién ingresa a la morgue de La Banda”.
La familia maneja la hipótesis de que haya muerto de un tiro en la cabeza. No se hizo autopsia. Se trasladó el cuerpo a una morgue alejada. “Creemos que lo desfiguraron para tapar el tiro que tenía. A mi hijo lo enterré creyendo que había muerto en una tragedia y después te das cuenta que lo mató la Policía. Aquí hay una impunidad total. Ellos pensaban que nadie los iba a denunciar. Por eso actuaron así”.
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Denuncia previa y accionar mafioso
“Para nosotros fue una venganza. A Franco lo estaban esperando. Lo mataron por la denuncia que hicimos sobre apremios ilegales dentro del marco de la pandemia. Lo levantaron de la puerta de la casa. Lo llevaron a la Comisaría Tercera. Un testigo declaró que lo golpearon de forma inhumana, hasta con un palo. Le pegaron tanto, pero tanto... Llegó arrastrándose a su casa. Nunca lo llevaron a Sanidad Policial para que constaten los golpes. Tuve que llevarlo al hospital. Hasta sufrió convulsiones por la golpiza. Cuando denunciamos esto, los oficiales Camus y Villarreal lo amenazaron de muerte. Se presentaron pruebas y testigos. No hay detenidos. Esto es de una impunidad total. Está claro que lo mataron por venganza”, relata la madre del joven.
Además de todas las irregularidades en la investigación se denunciaron varios aprietes, golpizas, disparos contra las casas de los testigos y hasta un allanamiento por parte de la Policía.
Patricia también relató cómo la fuerza represiva está hostigando a testigos y a todo el barrio con el patrullaje de camionetas y sirenas encendidas. “Hacen terrorismo, se paran en las puertas de las casas de los jóvenes para atemorizar. La gente me dijo que no quería hablar porque tenía miedo. Los jóvenes dicen que son detenidos y amenazados por las camionetas de la Policía. Tienen miedo de hablar. Hay una desprotección”.
“Uno de los muchachos con el que me entrevisté me dijo, tartamudeando, que había sido detenido esa misma mañana por esa camioneta. Luego se llevaron al chico frente a nosotros. Esto es un manual de procedimientos. En la marcha se me acercó una madre que me dijo que a su hijo lo mataron a golpes en mayo de este año, exactamente igual que como torturaron a Franco”, sentenció la mujer que reclama justicia por su hijo.
Este caso se suma a los muchos otros en los que las fuerzas represivas provinciales se ven implicadas. Torturas, desapariciones y gatillo fácil. Un modus operandi que se intensificó desde la instalación del ASPO pero que no es nuevo sino que forma parte del entramado que sostiene en el poder a empresarios, jueces y políticos de una clase social parásita como la burguesía.
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El reclamo por Franco recorre las calles Santiagueñas
El 4 de septiembre se realizó la primera marcha pidiendo el esclarecimiento de los hechos. Desde entonces Patricia y su abogado César Barrojo no dejaron de recibir el apoyo de vecinos y testigos que acercaron su testimonio. El 9 fue el día en que Franco hubiera cumplido 24 años y un nutrido grupo de amigos y familiares realizó un homenaje en el lugar donde fue asesinado, para reforzar el pedido de justicia.
La segunda marcha se hizo el 18 y contó con la presencia de miles de personas en una caravana que llegó a las ocho cuadras. Desde este medio apoyamos el pedido de justicia por Franco así como por todas las víctimas de este sistema donde una minoría se enriquece a costa del hambre de millones. Confiamos en la movilización popular como principal motor para que esa justicia se haga efectiva.