En medio de las investigaciones por el derrame de químicos en la planta sanitaria de Puerto Octay, la fiscal Leyla Chahín apunta a las malas condiciones de la empresa como principal responsable.
Domingo 15 de septiembre de 2019
Un vez iniciadas las investigaciones para determinar las causas que provocaron el derrame de químicos en la planta sanitaria en Puerto Octay, en la región de Los Lagos, el intendente Harry Jürgensen, planteó la posibilidad de que el derrame fuera intencionado y parte de un ataque terrorista.
Sin embargo, Leyla Chahín, fiscal de Río Negro, sostuvo a El Diario Cooperativa :"he recibido noticias en que algunas autoridades han estado señalando de que esto podría tratarse de un acto terrorista, aprovecho la oportunidad de señalar que mi investigación no va en ese sentido".
Por el contrario, destacó las malas condiciones en las que se desempeñaba la planta "lo que más me llamó la atención fueron las condiciones en que esto funcionaba, es decir: es una planta con estanques emplazados en un terreno privado, sin ningún tipo de vigilancia, sin siquiera un cierre perimetral, sin cámaras, sin personal, sin nada más que una garita con un candado que protegía un tambor de cloro" además lamentó "Fue realmente impactante para nosotros ver las condiciones en que, teóricamente, se potabiliza el agua antes de ser distribuida a la población".
Con la orientación de la investigación y las declaraciones de la fiscal, Harry Jürgensen tuvo que explicitar que la causa del derrame era de “carácter indefinido”, de conjunto se trata de una política que busca distraer la atención de las causas reales de la contaminación de las aguas, que son indudablemente las precarias condiciones de trabajo con las que mantienen las plantas, en donde someten a los trabajadores a la precariedad entregando un servicio básico en pésima calidad, que trae como consecuencias problemas de desabastecimiento, problemas de salud a causa de la deshidratación e higiene, lo que significa un golpe de conjunto a la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias.
Esta situación está sostenida por la privatización de las aguas en 1997, impuesta por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que mantiene a las empresas sanitarias con una inversión mínima en los servicios, mientras ganan millones. Esto es parte de la privatización de los recursos naturales y la distribución de servicios básicos. En este sentido, los trabajadores y las comunidades deben organizarse para conseguir la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos, a la vez que están controlados por los mismos trabajadores a disposición de las comunidades y no a las ganancias de los empresarios.
