La biodiversidad del humedal es devastada por la avaricia de un puñado de empresarios extractivistas que lucran con la destrucción del ambiente. Jóvenes activistas, ecologistas y familias salen a las calles ante la inacción de los gobiernos.
Sábado 8 de agosto de 2020 10:59
Foto: @fcarlosserrano.ph
En lo que va del año 2020 se quemaron ilegalmente 500.000 hectáreas del Delta del Paraná. El humo que inunda las ciudades de Rosario, Victoria y que ahora llegó a Buenos Aires son la prueba de la acción directa y criminal de latifundistas y ganaderos que orquestan las quemas para explotar comercialmente los terrenos naturales de los humedales, transformándose en un nuevo episodio del continuo proceso de degradación y destrucción ambiental que sufre el ecosistema costero.
Los humedales cumplen un rol clave para regular el flujo y la calidad de agua. En épocas de lluvias, retienen el agua, impidiendo grandes inundaciones de zonas urbanas y en tiempos de sequía ofician de reservorio de la misma. Son ecosistemas frágiles y pequeños cambios pueden alterar estructuralmente las condiciones biofísicas. En provincias como Santa fe o Entre Ríos, la voracidad de los extractivistas por sostener un modelo de producción dependiente del monocultivo de la soja y sus agrotóxicos asociados, desde hace años busca transformarlos y reemplazarlos por pasturas, utilizando estos terrenos para favorecer la cría de ganado.
Sin embargo, por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales se siguen sin tomar medidas de fondo para recuperar y proteger uno de los humedales más grandes del mundo y tampoco para dar con los empresarios responsables de estos incendios.
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Este miércoles, el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, decretó la emergencia ambiental para el delta entrerriano pero no establece medidas, políticas ni acciones concretas para evitar que el fuego continúe arrasando el Humedal. Incluso en el año 2008, se dictó la Ley 9.868 (“ley de quemas”) para el manejo y prevención del fuego pero se sigue sin aplicar la legislación aún con los enormes incendios registrados en las últimas semanas.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, tampoco ofreció grandes soluciones. Se sacó una foto apagando el fuego en las islas y con un insólito twitter pidió “responsabilidad ambiental”, limitandose a delegar en la justicia la solución del problema. Es llamativo que el gobierno nacional no se meta con la destrucción de un humedal con tanta importancia para la biodiversidad.
Omar Perotti, gobernador de Santa Fe por el Frente de Todos y amigo de la “patria sojera”, en una entrevista sostuvo que “a la naturaleza no la paras con un decreto, una reunión ni un fallo. Necesitamos lluvia y no la tenemos”. Pero las quemas, lejos de provenir de una ley darwiniana de la naturaleza, son la expresión de la avaricia de ganancias de un puñado de empresarios del agronegocio, la ganadería y la timba inmobiliaria, a quienes no les tiembla el pulso anteponer la catástrofe ambiental que estamos viviendo para ensanchar las ganancias de sus bolsillos.
Nueve de cada diez rosarinos quiere una ley de humedales
Esta semana se empezó a debatir (por tercera vez) una Ley de Humedales en el congreso. Los proyectos de ley anteriores se presentaron en el 2013 y en el 2016, ambos fueron cajoneados en diputados y perdieron estado parlamentario. Según una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Rosario, la mayoría de la población local responsabiliza a los ganaderos de los incendios y nueve de cada diez está a favor de la aprobación de una Ley de humedales que proteja la biodiversidad de estos ecosistemas. Lo más interesante es que ante la pregunta sobre cambiar el status jurídico de las islas, un 64,1% de encuestados se declaró "Muy de acuerdo" con transformarlas en una reserva ecológica.
El proyecto de Ley de Humedales fue presentado por el diputado Enrique Estevez, del Partido Socialista, donde se establece la creación de una Comisión Asesora que cumpliría funciones de organismo de control. El problema es que en dicho proyecto, la opinión de los isleños, activistas, ecologistas y organizaciones ambientalistas no son vinculantes en las resoluciones que tome la autoridad que conduzca la comisión de dicho organismo. Es decir ¿por que las investigaciones o resoluciones sobre los humedales seguiría estando en las manos de funcionarios que dejan correr este y otros desastres ambientales? No olvidemos que también el propio Frente Progresista, del que es parte el intendente de Rosario Pablo Javkin, siempre se ha mostrado como acompañante del “campo” y ha rechazado por ejemplo, en reiteradas oportunidades la modificación de la Ley 11.273 para alejar las fumigaciones de las poblaciones aledañas, como han denunciado muchas organizaciones ambientalistas.
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Si hay intereses inmobiliarios y productivos detrás de los incendios ilegales, más que nunca estas tierras deben estar bajo el control y la protección de sus habitantes, ser destinadas a la agricultura familiar y que la investigación sobre las quemas sea encabezada por una comisión independiente de autoridades y gobiernos en manos de las organizaciones ambientalistas, activistas e isleños, porque no tienen las manos atadas a los negocios de los que especulan con la destrucción del ecosistema.
La defensa del humedal es ahora
La crisis climática viene siendo uno de los grandes problemas en todo el planeta. Solo desde finales del año pasado vimos cómo, por mantener el mismo modelo del agronegocio en Brasil, se perdieron más de 2,5 millones de hectáreas de flora y fauna en el Amazonas. En Australia, los incendios se propagaron durante casi seis meses y afectaron más de 19 millones de hectáreas,con un saldo de 3 mil millones de animales muertos. Brutales muestras de un capitalismo voraz que por la ganancia de unos pocos, millones de vidas padecen.A esto se le suma la contaminación del aire y la degradación del suelo, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del agua de ríos y océanos.
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Frente a la crisis ambiental y un calentamiento global que no para de acelerarse, el problema no es la “división” entre quienes contaminan y quienes no lo hacen, sino que la mayoría social ya está pagando los costos de la crisis que los capitalistas generaron.
En Argentina, solo basta recordar las inmensas movilizaciones por la modificación de la ley 7722, en Mendoza, que protege al agua del ácido sulfúrico, mercurio y distintos químicos utilizados en la megaminería a cielo abierto. Con el lema “el agua no se negocia” cientos se movilizaron para evitar que la ley se modifique y obligaron a retroceder al gobierno de Rodolfo Suárez y al peronismo de esa provincia.
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Hoy cientos de jóvenes, familias, activistas y organizaciones se movilizan pidiendo “basta de humo en la ciudad por los incendios en la isla”. Es necesario que los sindicatos y centros de estudiantes, acompañen estas medidas y reclamos, para frenar las quemas porque nuestros humedales “tampoco se negocian”. Tenemos que exigir el castigo a los empresarios responsables. La situación lo vuelve urgente: no hay planeta B.
