La primera semana de julio debería sesionar la recién electa Convención Constitucional, para la cual la derecha no logró elegir el tercio necesario para tener poder de veto contra las propuestas mayoritarias que surjan en la instancia constituyente. Se trata de un escenario que abre espacio para desconocer el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” del 15N de 2019, que no es más que una protección del régimen político de la Constitución de 1980 y de ciertas regalías para los grandes capitales que actúan en el país. Un acuerdo que permite que se redacte una nueva Carta Magna sobre la base de haber salvado al gobierno de Piñera.

El interés de los inversionistas y “el rayado de cancha” a la Convención

En el actual escenario político, defender las demandas de la rebelión de octubre y evitar el chantaje de los “mínimos comunes” (que por definición son consensos con la derecha), va a implicar de por sí un enfrentamiento con los grandes grupos económicos y los capitalistas que no dudan en utilizar todos los medios a su alcance para defender sus intereses. Para ejemplificar: el simple tercer retiro de fondos previsionales, debatido antes de las elecciones, que el gobierno de Piñera se vio obligado a aceptar presionado por la huelga portuaria y el descontento popular; ha generado una reacción de algunas aseguradoras como el grupo norteamericano Ohio, que activó el protocolo de resolución de controversias vigente en el TLC entre Estados Unidos y Chile, reclamando “expropiación ilegal”, lo mismo que la Asociación de Aseguradoras en tribunales locales, entre las que cuenta Bice Vida, del grupo Matte. Por el sólo hecho de tener que entregarle el 10% de sus fondos a las y los jubilados con renta vitalicia, estos poderosos grupos reclaman en nombre de su “propiedad privada”.

¿Qué harían los grandes grupos mineros como BHP Billiton o Luksic o el mismo Matte si en la recién electa Convención Constitucional se propusieran políticas que atenten en contra de sus propiedades mineras, bancarias o forestales? ¿Los capitalistas del agua? No es casual que en el Capítulo XV de la Constitución donde se regula el proceso constitucional en curso, se establece explícitamente que el texto de la Nueva Constitución deberá respetar, entre otras cosas, “los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (Art. 135). Eso incluye los TLC como que firmó Chile y Estados Unidos y por el cual alega la aseguradora Ohio. Es decir, los firmantes del acuerdo se aseguraron esa noche de noviembre de 2019, de que la “asamblea constituyente” no tuviese ningún poder real constituyente frente al poder de facto de los capitales transnacionales que pueden apelar a esos tratados internacionales para resguardar sus inversiones y su saqueo de bienes.

Sin soberanía

Esto va de la mano con la negación explícita del carácter soberano de la Convención Constitucional. En otros términos: la Convención Constitucional no tiene ninguna autoridad frente a otras figuras del Estado como la Corte Suprema, la presidencia de la República, el Senado y la cámara baja. Esto está establecido de manera explícita en el artículo 135, del capítulo constitucional que regula el actual proceso constituyente:

«…mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución».

Esta negación de soberanía no es puramente abstracta, sino que incluye procedimientos concretos. Por ejemplo, el Artículo 136 señala que “Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención (…) y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención” ante la Corte Suprema. Esta reaccionaria institución escogerá a “cinco ministros por sorteo” para intervenir en asuntos de la Convención relacionados con sus procedimientos. La derecha minoritaria, así, ganó una carta bajo la manga.

Medidas democráticas radicales

Quienes militamos en el Partido de Trabajadores Revolucionarios, somos socialistas y defendemos el programa de un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo, basado en organismos de autodeterminación, para resolver las grandes problemáticas que afectan al pueblo. Sin embargo, somos conscientes de que no es la perspectiva de la mayoría de los trabajadores. En este marco, pensamos que es necesario que las y los trabajadores y los sectores populares, nos coordinemos y volvamos a las calles para pelear contra todas las trabas que los grupos de poder le han puesto al proceso constitucional para resguardar sus intereses, planteando medidas democráticas.

Es evidente que, para las y los trabajadores y los sectores populares protagonistas de la rebelión es muy necesario desconocer todas las cláusulas del 15N. Para implementar medidas que concreten las aspiraciones de la rebelión de octubre y noviembre de 2019 -por ejemplo, para poner en pie un sistema único de salud, gratuito y universal; terminar con las AFP que se ríen de los adultos mayores; recuperar el agua para el aprovechamiento del pueblo y no de las mineras o los empresarios agrícolas-; no podemos estar atados a un reglamento cuyo único fin era que la Convención sea a la medida de los poderes existentes definidos en la Constitución de Pinochet y de los intereses capitalistas, como lo confirma el artículo que impide revisar los tratados internacionales.

De aquí la importancia de que la Convención, en su primera sesión, vote la libertad de todas y todos los presos políticos de la revuelta y mapuche y que no vuelva a sesionar hasta que esa liberación se haga efectiva. No hay que esperar ni a Piñera, ni al Senado ni al Poder Judicial. No hay por qué respetar a un poder judicial al servicio de los ricos y a un gobierno que está manchado con nuestra sangre. Si los jueces -que son una verdadera casta privilegiada en el Estado- buscan impedir que liberemos a nuestras y nuestros compañeros luchadores y continúan con sus argumentos de que los presos están encarcelados por delitos comunes, será necesario tomar medidas contra el actual poder Judicial: podemos luchar por la elección universal de los jueces y por su revocabilidad. El poder Judicial ha demostrado estar al servicio de los ricos: ellos, cortan rutas, amenazan con desabastecer -como los empresarios camioneros-, asesinan. Pero siempre los dejan libres. No ocurre lo mismo con el pueblo trabajador.

Las instituciones reaccionarias como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, si quieren interferir en que se implementen medidas que favorezcan a los trabajadores, deben ser disueltas. Se debe votar la destitución de Piñera y la organización de las parlamentarias y la formación de un nuevo gobierno no puede quedar en manos del régimen pinochetista, sino que debe ser regulada por la propia Convención. La primera medida será liquidar todas las restricciones para que se presenten independientes u organizaciones de trabajadores y sectores populares en las elecciones, permitiendo la participación de los mayores de 14 años.

La Convención en su actual forma, sesionando mientras se mantiene en funcionamiento la presidencia de Piñera, la Corte Suprema, el TC, etc., no es verdaderamente una Asamblea Constituyente con soberanía y capacidad de tomar medidas que beneficien al pueblo. Pero hoy la mayoría del pueblo votó en contra de la derecha y los partidos tradicionales que defendieron la herencia de los 30 años y la dictadura. Por eso, no hay que esperar para avanzar en estas medidas democráticas radicales. Todo constituyente que se diga del pueblo o de izquierda, y prefiera “mínimos comunes”, no liberar a los presos políticos y acuerdos con la derecha, debe ser inmediatamente considerado como un traidor del pueblo.

No hay que tener ningún tipo de confianza en constituyentes como Fernando Atria o Jaime Bassa que ahora que han sido electos, rápidamente se han puesto en disposición de defender todas las disposiciones del “pacto por la Paz”. Fernando Atria declaró que "la regla de los dos tercios crea condiciones para que por primera vez en 30 años haya un genuino gran acuerdo". ¿Acuerdo con quién? ¿Con la derecha que quedó en completa minoría en la Convención?

Impulsar la autoorganización, los métodos de la lucha de clases y un programa anticapitalista

Los trabajadores y los sectores populares tendremos que enfrentar poderosos intereses para realizar las aspiraciones populares. Los magnates del agua como Agbar que controla Aguas Andinas o los grandes grupos económicos como Luksic o la familia Matte no van a ceder sus propiedades por buena voluntad. Si hoy recurren a tribunales, mañana podrán recurrir a la fuerza, la represión, etc. Por eso, es importante impulsar la autoorganización, los métodos de la lucha de clases y un programa anticapitalista.

Cuando decimos autoorganización nos referimos a todo tipo de coordinaciones o comités de lucha organizados “desde abajo” que sirvan para pelear por el programa de la rebelión y por realizarle exigencias a la Convención. Durante la rebelión el 2019 se formó en Antofagasta el Comité de Emergencia y Resguardo que organizó la lucha y tomó en sus manos el programa de fuera Piñera y Asamblea Constituyente Libre y Soberana, en el cual participaron sindicatos y representantes de poblaciones.
Una experiencia en un sentido similar se ha realizado en el Hospital Barros Luco, desde donde se buscó impulsar la coordinación con pobladores y trabajadores tras el lema “Fuera Piñera” y el llamado a huelga general. En el contexto actual, se ha formado el “comité contra la represión” en Puente Alto, que impulsamos en común con trabajadores del área de la salud y en el que participan también otras fuerzas políticas locales como el Partido Igualdad o la Lista del Pueblo y que previamente a las elecciones se solidarizó con los trabajadores del CESFAM Alejandro del Río y que ahora votaron tomar en sus manos la lucha por la libertad de los presos de la revuelta. Generar estas instancias e impulsar asambleas y comités de base en lugares de trabajo y poblaciones, es clave para llegar bien preparados para defender las medidas que sean favorables a los trabajadores y sectores populares cuando los grupos de poder quieran obstaculizarlas. Las cosas no pueden depender de las maniobras que se hacen por arriba en la Convención, sino de la autoorganización de los trabajadores y la lucha. Es en este terreno donde tenemos chances de ganar.

También es necesario preparar la huelga general por la libertad de los presos políticos. Las burocracias sindicales de la CUT, el Colegio de Profesores y otras grandes organizaciones como la FTC se han mantenido en una tregua con el gobierno. Hay que romper esa tregua e impulsar la movilización, el paro y la huelga general para enfrentar tanto los despidos como las trabas impuestas por los capitalistas al proceso constitucional. Hay que impulsar la coordinación entre trabajadores y sectores populares. Antes de que sesione la Convención hay un mes para preparar una gran acción de lucha de clases que acompañe la votación de la libertad de los presos políticos. Es la única manera de imponer la voluntad de los trabajadores y el pueblo a instituciones tan reaccionarias como la Corte Suprema o la casta judicial.

Por último, es necesario articular las batallas actuales con un programa claramente anticapitalista que se proponga la formación de un gobierno de trabajadores. Sólo quitando de las manos de los capitalistas el agua, los fondos previsionales, los puertos, los recursos mineros y forestales; sólo estatizando esos bienes y poniéndolos bajo administración obrera y popular, se podrá reorganizar la sociedad de acuerdo con los intereses de las mayorías populares y no de un puñado de capitalistas. Para eso tendremos que afrontar luchas y combates de clase aun mayores que los que vivimos en 2019. A eso apunta nuestra perspectiva de un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.