El voto en contra de Unidos Podemos tumba en el Congreso el Real-Decreto en materia de alquileres del PSOE. La única alternativa propuesta: seguir negociando con el Ejecutivo de Sánchez. Por un programa anticapitalista para resolver la crisis de la vivienda.
Jueves 24 de enero de 2019
Foto: EFE
Este martes el Congreso de los Diputados tumbaba el Real-Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquileres. La propuesta del Gobierno no prosperaba dados los 243 votos en contra, frente a los 103 favorables y 1 abstención.
Este Decreto-Ley se convertía así en el primero que no logra ser aprobado desde que Pedro Sánchez fuera investido presidente, tal y como resaltaban todos los medios de comunicación. La minoría parlamentaria del gobierno le lleva a tener que hacer uso de esta figura bonapartista con cada vez más frecuencia, pero se puede topar con que el rechazo en las Cortes mantenga al gobierno Sánchez como un Ejecutivo zombi, incapaz de sacar sus principales propuestas.
PP, Cs , ERC y Unidos Podemos votaron en contra. Estos últimos se sumaba al rechazo a estas medidas al considerar que el texto no incluía las medidas de limitación de precios de los alquilares que habían acordado en el pacto de los Presupuestos. Una decisión que llega en un momento crucial para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pendiente de sus votos (y los del independentismo catalán) para la aprobación de las cuentas. Sin embargo, su principal socio parece que quisiera amagar con poner distancia en el marco de la proximidad de las elecciones y azuzado por la crisis desatada tras el “errejonazo”.
El Decreto-Ley tenía como principal, y casi única, medida la ampliación del plazo de prórroga de los contratos de alquiler de 3 a 5 años. Irene Montero, portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos, justificaba la decisión de votar en contra “porque las medidas no cumplen con lo pactado entre ambas formaciones de cara al apoyo de los PGE”. Para su grupo el texto presentado “no contempla una regulación en los precios de los alquileres para marcar un límite en determinadas zonas de las ciudades, la definición de vivienda vacía o un preaviso de 6 meses en el contrato de arrendamiento”.
Sin embargo, este rechazo parlamentario no plantea un cambio en la hoja de ruta de la formación que dirige Pablo Iglesias. Para conseguir las medidas encajonadas por los socialistas la alternativa que proponen es mantenerse como socio principal socio del Gobierno de PSOE, como vienen haciendo desde la moción de censura, y presionar desde sus escaños hasta lograr que el mismo partido que aprobó la ley del “desahucio exprés” de la ministra Chacón se “convenza” de que hay que intervenir el desrregulado mercado inmobiliario español.
Lucía Marín, diputada de Punidos Podemos, aclaraba en este sentido que “el voto negativo de su formación no pretende humillar al Gobierno o deshacer la mayoría de la moción de censura" e instaba al PSOE a “seguir trabajado y ponerse del lado de la gente”. Por su parte, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, confirmaba pese a todo que “se sigue negociando con Unidos Podemos para avanzar hacia acuerdos, así como que en 15 días es posible que se presenten nuevas iniciativas por parte del Ejecutivo”.
Si en algo coinciden ambas formaciones es en omitir y ni si quiera saludar las demandas y movilizaciones que diversos colectivos de vivienda (como la PAH o algunos sindicatos de inquilinos) están planteando iniciar en las próximas semanas. Que el PSOE no lo haga es natural. La novedad es que ahora también Unidos Podemos ningunea a uno de los principales movimientos nacidos del ciclo de movilizaciones del 15M.
Más allá de los encuentros y desencuentros entre dos formaciones que en su discurso plantean “hacer política para favorecer las demandas sociales” ¿Cuál es la realidad del grave problema habitacional en el Estado español?
El pasado mes de noviembre, el precio del alquiler alcanzaba su máximo histórico. La Comunidad de Madrid ocupa el primer lugar en la escala de precios, seguida por Catalunya. Según informaba La Vanguardia, el precio medio del alquiler en la ciudad condal subió hasta los 948,86 euros al mes en el tercer trimestre del año pasado.
En la zona de Nou Barris, uno de los distritos con mayor indice de pobreza en la capital catalana, un alquiler medio alcanza ya los 680,88 euros mensuales, con un incremento anual del 7,94%. Es decir, que en los barrios donde viven los trabajadores y sectores más precarios, el alquiler sigue aumentando y se consume gran parte de los ingresos de unos sueldos que en su mayoría no alcanzan el mileurismo.
Unas cifras que vienen a recrudecer el drama de los desahucios. Según datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre de este año, se efectuaron en el Estado 11.547 nuevos desahucios, de los cuales 7.518 fueron consecuencia de impagos de alquiler.
La banca, por su parte, es la mayor propietaria inmmuebles. Tan solo en Catalunya existe un parque de pisos que asciende a más de 45.000 viviendas en manos de entidades financieras y las grandes inmobiliarias. Ellos son los verdaderos responsables del drama social que supone el problema de la vivienda.
Ante esta realidad la “insuficiencia” de las medidas del Decreto-Ley tumbado no es muy diferente a la “insuficiencia” de las exigencias de Unidos Podemos. El programa de limitar las subidas de alquileres parte de dar por “buenos” los actuales precios, los responsables de miles de desahucios, y confiar en que un mercado algo más controlado terminará propiciando una bajada de los precios. Sigue quedando en manos de los grandes tenedores de vivienda decisiones como cuantos pisos se ofertan, cuantas se dedicarán a otras actividades (en especial turísticas) o cuantos se dejarán en stock o pasarán al mercado de compra. Todas decisiones que se tomarán pensando en como maximizar el lucro, en ningún caso en como satisfacer la necesidad social básica de la vivienda.
El problema de la vivienda y los alquileres no se puede resolver sin tomar medidas radicales contra estos grandes capitalistas. Empezando por la nacionalización de la banca y todo el parque inmobiliario en manos de ésta, las grandes inmobiliarias y fondos de inversión, para poner esos miles de pisos a disposición de las necesidades sociales. Que éstos sean la base para un parque de alquiler social que no demande más de un 15% de los ingresos de la unidad familiar, y mediante impuestos a las grandes fortunas se pueda avanzar con celeridad en la construcción y mejora de tantas viviendas públicas como sean necesarias.
Un programa así no podrá conseguirse por la vía de la negociación parlamentaria con un Gobierno que ha dejado más que claro que -y el historial de su partido lo confirma- que en ningún caso tomará medidas lesivas contra los grandes capitalistas. Ni las tibias medidas acordadas con Unidos Podemos de la limitación -solo en determinadas circunstancias y algunas zonas- de la subida de los alquileres han sido aceptadas por el partido de Endesa, Gas Natutal y Acciona.
Frente a este programa y la hoja de ruta de una izquierda cada vez más domesticada, es clave poner en pie una izquierda que se plante, que levante sin tapujos medidas radicales y anticapitalista frente a los grandes problemas sociales y que se plantee, junto a los movimientos y organizaciones del movimiento de vivienda, poner en pié una gran pelea en las calles para imponer una salida al problema endémico de la vivienda favorable a los sectores populares.
