Las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda anunciaron que no participan de la “marcha de los fiscales”, convocada por la casta judicial y la oposición tradicional. Entrevistamos a Myriam Bregman (diputada nacional electa del PTS-FIT), sobre la crisis política, la disputa entre el gobierno y la oposición, y la exigencia de apertura de los archivos y una comisión investigadora independiente.
Jueves 12 de febrero de 2015
Imagen: Myriam Bregman junto al diputado del PTS-FIT Christian Castillo.
LID: ¿En qué contexto se realiza la marcha de los fiscales del 18F?
MB: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la marcha de los fiscales se convoca cuando está en curso una fuerte crisis política que atraviesa diversas instituciones del Estado capitalista argentino.
Nosotros creemos que esta crisis cuestiona la autoridad estatal; otros hablan de una incipiente crisis de representación. Lo que nadie duda es el descrédito generalizado sobre la actuación de los funcionarios del gobierno, sus fuerzas de seguridad y sus servicios de espías, que es acompañado también por la justicia.
En ese marco, un sector centralmente de la justicia federal convoca a esta manifestación. Pero no hay que confundirse con la imagen que quieren dar. Muchos de los fiscales convocantes han estado involucrados en el encubrimiento de la propia causa AMIA o alguna de las causas conexas. Incluso dos de los fiscales convocantes, fueron acusados formalmente por Memoria Activa de entorpecer esa investigación. Previo al caso Nisman se venía hablando de la “rebelión de Comodoro Py” con el gobierno nacional. Bueno, esta marcha es expresión de esos conflictos previos, y de la propia “crisis” con los servicios de donde se nutren escandalosamente muchos de los jueces y fiscales.
Sobre eso se montan los políticos de la oposición intentando lavarse la cara, cuando ellos tienen sus propias relaciones con sectores de la inteligencia estatal.
Marcharán los radicales que desde la SIDE pagaron los sobornos al Senado para aprobar la reforma laboral antiobrera. Los que tienen ex agentes de la SIDE como asesores de campaña como Sergio Massa, o los que también montaron servicios de inteligencia con fines persecutorios como Mauricio Macri.
¿Qué contenido plantea la marcha?
MB: Estos fiscales intentan montarse sobre un un descontento con el gobierno que tiene otro origen, así como en un sector de la población con anhelos de justicia ante las operaciones cruzadas que ven todos los días por TV sobre la muerte del fiscal Nisman. Pero no podemos olvidarnos que la Justicia, con sus lazos con el poder político y las agencias de inteligencia nacionales e internacionales, fue la principal encubridora de la causa AMIA desde sus inicios.
No es un sector cualquiera, simples ciudadanos como intentan presentarse. Muchos de ellos son reconocidos derechistas. Otros son cultores de la mano dura. Todos llegaron allí por alguna servilleta, nadie los votó.
El kirchnerismo ha fracasado con su relato de “reforma de la justicia” y es quien ha dirigido un aparato de espionaje muy imbricado con jueces y fiscales
Al inicio de su primer mandato Néstor Kirchner, y el kirchnerismo en general, ganó parte de apoyo social con la renovación de la Corte Suprema, una de las instituciones más manchadas del menemismo.
Convivió con jueces y fiscales, incluidos aquellos que provienen de la dictadura cívico-militar. Hasta que esa relación se rompió y planteó una serie de reformas que llamó “democratización de la justicia” y que no hizo más que encender odios mayores en esa cerrada corporación.
Pero no solo convivió con la corporación judicial, convivió con los mismos servicios de inteligencia de la dictadura que participaron activamente del genocidio, que tuvieron sus propios centros clandestinos de detención, que coordinaron con otros genocidas el Plan Cóndor, así como ahora coordinan con los criminales de la CIA y el Mossad.
Convivió, los alentó y fundamentalmente los usó para todo tipo de operaciones como el encubrimiento del secuestro y desaparición de nuestro compañero de Julio López.
Otro ejemplo, el juez Oyarbide, reconocido amigo de la Casa Rosada, cuando denunciamos el Proyecto X de espionaje, nos metió en la causa un agente secreto de la SIDE para que controle toda la prueba.
En función de las necesidades del poder del Estado, el kirchnerismo mantuvo en lo esencial el statuo quo de la corporación judicial y su relación con los servicios de inteligencia. Horacio Verbitsky y el CELS, denunciaron que la reforma de inteligencia mantiene el artículo 4, el que “durante años le permitió a la ex SIDE investigar a pedido de un juez y así colarse en cualquier causa como ´auxiliar de la Justicia’, alimentando la ‘relación promiscua’ con jueces y fiscales”. A través de este sistema este y todos los gobiernos utilizaron a Stiuso y la SI para armar causas truchas distribuyendo los millonarios fondos reservados entre periodistas, magistrados y funcionarios de los tres poderes.
Tenemos que tener muy claro que más allá de estos chisporroteos actuales entre distintos sectores de las clases dominantes, la función estratégica bajo el Estado capitalista de los servicios secretos es aumentar el poder de policía, es aumentar el control social, es la criminalización de la protesta social. Eso demuestra que siempre las principales víctimas han sido el movimiento popular, el movimiento obrero y sus organizaciones y la izquierda.
LID: ¿Qué plantean ustedes desde el PTS en el Frente de Izquierda?
Como hemos dicho en los medios de comunicación que nos han consultado, para nosotros sí es necesaria una manifestación pública, independiente de todos los poderes del Estado, del gobierno pero también de todos los sectores de la justicia.
Una movilización que plantee por poner en pie una comisión investigadora independiente con amplias facultades para acceder a todos los archivos y documentos del Estado, los de la Secretaría de Inteligencia, los de Cancillería, todos; que investigue los hechos relacionados con la causa AMIA y que por esa vía lleguemos a la verdad sobre los hechos que rodean la muerte de Nisman. Una comisión que esté integrada por personalidades de indudable compromiso con la lucha contra la impunidad, con los familiares de las víctimas al frente, junto con organismos de Derechos Humanos, y con plenos poderes.
Para eso reclamamos la apertura de todos los archivos relacionados con la causa AMIA.
No somos ingenuos, sabemos que todo esto no se puede lograr sin la más amplia movilización en las calles.
Pero decimos claramente que no marchamos el 18F con la corporación judicial y la oposición tradicional, mientras denunciamos al gobierno que puso al genocida Milani al frente del Ejército y del aparato de espionaje, y que persigue a los trabajadores y la izquierda con el Proyecto X.
LID: han circulado otras propuestas, por ejemplo de lo de una “Conadep de la Causa AMIA”
Algunos plantean que es necesaria una “CONADEP” para llegar a la verdad en la causa AMIA y la muerte de Nisman. Pero hay que tener cuidado a donde se apunta. Si es la manera de señalar que hace falta una comisión que investigue, o si es una propuesta para lograr un “fortalecimiento y mejoramiento del accionar judicial, de los servicios de inteligencia y del sistema político” como han difundido un grupo de intelectuales oficialistas y opositores en los medios.
La CONADEP tuvo su existencia a la salida de la dictadura y allí recurrieron cientos de víctimas y familiares a contar su trágica verdad.
Hoy a más de 20 años del atentado a la AMIA lo que necesitamos, fundamentalmente, no es la toma de testimonios sino poder acceder a todos los archivos del Estado para que desandar el camino del encubrimiento y por esa vía llegar a la verdad. La Conadep no se basó en la apertura de archivos y una de las críticas históricas que se le realizó es que no publicó la lista de más de mil genocidas por orden del gobierno radical (además de la inclusión de la teoría de los dos demonios en el prólogo del Informe "Nunca Más").
La comisión investigadora que proponemos tiene que tener la facultad de señalar los responsables en caso de hallarlos sin ningún tipo de atadura en cuanto a sus atribuciones que le pueda imponer el gobierno ni la justicia.
LID: ¿Cuál es el planteo de ustedes ante esta disputa entre la casta judicial y el gobierno?
Que son todos tratan de evitar que salga a la luz sus propias responsablidades en el caso que lleva años de encubrimiento.
Por eso es momento de analizar qué poder judicial enfrentamos en cada una de estas causas como la del atentado a la AMIA.
Como les decía antes el gobierno en su momento planteó la democratización de la justicia, proponiendo algunas reformas pero sin tocar los múltiples privilegios de la poderosa corporación judicial. La oposición patronal en aquella oportunidad defendió a la oligárquica casta judicial que de independiente no tiene nada: sus jueces, fiscales y secretarios vitalicios son la personificación de una justicia de clase en favor de la clase explotadora, contra el pueblo trabajador.
Nosotros señalamos que gobierno y oposición son enemigos de medidas elementales de cualquier verdadera democratización, como el cese en sus funciones de todos los magistrados vitalicios que fueron elegidos por peronistas, radicales o por la propia dictadura genocida, para ir a la elección popular de todos los jueces, que ganen lo mismo que un docente y que sus cargos sean revocables; con juicios cuyo veredicto sea dictado por jurados populares.
Esas son las verdaderas medidas que hoy tenemos que discutir, que vayan al fondo de la cuestión.
Sabemos que la principal herramienta que tenemos es la movilización en las calles, comenzando por pelear por la apertura de los archivos, como les decía más arriba, por echar a Milani y que se lo juzgue por genocida. Y como perspectiva, por la disolución de la Secretaria de Inteligencia y los aparatos de espionaje, una lucha que está inevitablemente ligada a la pelea contra el conjunto de este Estado y este régimen social.
