A un mes del sismo la Secretaria de Educación Pública anuncia que el 100% de las escuelas han vuelto a clases en Michoacán, el 98% en Guerrero y el 95% en la Ciudad de México, pero ¿en qué condiciones?
Jueves 19 de octubre de 2017
México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más matricula de alumno en grupos, lo que genera saturación de aulas.
Esto tiene una repercusión pedagógica pues es una situación que influye de manera negativa en los procesos de enseñanza–aprendizaje dado que los niños se encuentran hacinados y es complicado resolverles todas sus dudas, brindarles una atención especializada, generar dinámicas e incluso impartir clases.
Además los salones en general no cuentan con ventilaciones adecuadas, son pequeños, con poca capacidad, razón por la cual se utilizan bancas incomodas e inseguras porque son las que ocupan menos espacio para poder acoger a toda esta cantidad de alumnos. Cuestión contradictoria con lo que establece la OCDE en cuanto a que por grupo se debe contemplar en promedio 15 alumnos por cada profesor.
Los sismos que se produjeron el pasado 7 y 19 de septiembre mostraron las dificultades que enfrentaron los docentes para poder evacuar a sus numerosos grupos de 40 hasta 60 alumnos. A la par de evidenciar la falta de puertas y escaleras de emergencia, puertas de las aulas angostas, en las cuales solo pueden salir de dos en dos, lo que hace todo más tardado en las situaciones de emergencia donde la vida de los pequeños y la nuestra se ponen en riesgo.
Ante la vuelta a clases que las autoridades vienen imponiendo, sin garantizarnos condiciones seguras, varios docentes, madres y padres de familia han roto el silencio para denunciar que muchas escuelas se abrieron con zonas acordonadas o únicamente en el turno matutino, cuestión ilógica pues es el mismo edificio.
Y con el aumento de escuelas que vuelven a clases se alerta de riesgos de sobresaturación, pues algunos planteles presentan daños severos, esto trae como consecuencia una reubicación de grupos en las escuelas que aparentemente no tienen fallas estructurales, lo cual implica un mayor hacinamiento. Tampoco podemos confiarnos de las “aulas temporales” que se pretenden implementar dado que terminan siendo permanentes y no son óptimas para nuestros alumnos.
Además, queda la interrogante de qué pasará con las escuelas que deben reconstruirse en su totalidad, toda vez que no hay garantía de que se reconstruyan a la brevedad, ni qué decir de los planteles que fueron dictaminados en amarillo, no se sabe cómo se va proceder en esos casos para atender los daños, hasta ahora solo ha anunciado Aurelio Nuño, titular de la SEP, que les serán entregados 50 mil pesos a los 10 mil 797 planteles que sufrieron algún “daño menor” para reparar los desperfectos pero no menciona como va a garantizar que esto realmente sea así y que no se ocupe el financiamiento para otro fines.
Por todos estos motivos se hace necesario exigir la reducción de grupos, contracción directa de más maestros para que no haya más saturación, mantenimiento de las escuelas y la construcción de nuevos planteles.
Entonces, ¿con que presupuesto se podrían reconstruir las escuelas?
El financiamiento para todo lo anterior no puede ser a costa del erario público, ni del programa de escuelas al CIEN, ni de utilizar figuras como la autonomía de gestión, pues no podemos permitir que sean las madres y los padres quienes paguen todo esto. Ni que avancen con estas decisiones que abren la puerta a profundizar la privatización.
Es necesario que el presupuesto para cubrir no solo las afectaciones de las escuelas que presentan severos daños y de las que aparentemente no tienen daños, pero si deterioros por falta de mantenimiento salga del no pago a la deuda externa, impuesto a las grandes fortunas y al negocio de la educación privada y exigiendo que todos los funcionarios ganen lo mismo que una maestra.
