Legalizacion. No nos fumamos el chamuyo: entre el discurso hipócrita y la realidad acerca de la legalización del cannabis

En primera instancia, el proyecto no tendrá en cuenta a quienes hayan sido privados de su libertad por cultivar marihuana, ya sea con fines medicinales o de consumo propio con fines recreativos. En consecuencia, no solo muchos y muchas de los pacientes que se trataban medicinalmente con la extracción de CBD, proveniente del cannabis, quedaron presos y presas, sino que también, abandonados y abandonadas completamente por un Estado ausente que les deja sin medicación alguna. Suena bastante irónico, que a pesar de que Alberto haya cuestionado explícitamente la ilegalidad de la marihuana, comparándola con otras sustancias como el alcohol o el tabaco, y admitiendo que no es el mayor problema de la juventud. Pareciera que las tan aclamadas, por parte del gobierno, claro, fuerzas represivas no están tan al tanto de lo que dice el presidente, debido a que ya no es novedad cuando encarcelan a un pibe o piba jóven por un par de plantas en vegetación. Mientras, el tráfico de sustancias ilegales esconde un complejo entramado de impunidad en el que van de la mano funcionarios políticos, banqueros, integrantes de las fuerzas de seguridad y la justicia, la criminalización creciente de la juventud trabajadora y pobre, que explica en gran medida el llamado “colapso” del sistema penitenciario y judicial.

"Yo no tengo problema en generar estos debates, en todas esas cosas soy alguien muy liberal y cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse”, expresó Alberto Fernández en una entrevista a Julio Leiva para Caja Negra de Filo News. Así, de un modo contradictorio entre lo que dice defender y su postura frente al cannabis como medicina o simplemente una planta con fines de “uso adulto” el presidente deja entrever la real postura del gobierno frente a este asunto: la continua condena de los usuarios. La realidad es que con más de 15 mil pacientes con aprobación del Reprocann para transportar hasta 40 gramos de marihuana, las fuerzas represivas como gendarmería siguen deteniendo y encarcelando a cultivadores y usuarios (sobre todo teniendo en cuenta que incluso la legislación internacional dispuesta a fines del año pasado por la misma ONU desacredita a la marihuana como “droga peligrosa”)

“Mi compañero tenía su credencial del Reprocann habilitado correspondientemente para poder portar cannabis medicinal. El mismo cuerpo de Gendarmería nos indica que ellos no tienen conocimiento ni capacitación y que no están enterados de este registro federal que tiene validez en toda la Argentina”, cuenta uno de los jóvenes detenidos por Gendarmería. Durante cinco horas en la noche de este sábado 31 de julio, en un control.

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Si antes ya eran corrientes los abusos policiales o las detenciones por “portación de cara”, el impulso a las leyes de Flagrancia y de “Delitos Complejos” o el aumento exponencial de la presencia de agentes de las fuerzas represivas en los barrios más humildes para “luchar contra el narcotráfico”, agravaron la situación. Así lo demuestra la creciente persecución y criminalización de la juventud de los barrios más pobres y el aumento escalofriante de los casos de gatillo fácil policial.
En efecto: la negación de los derechos a los que se refiere este proyecto es el motivo por el que aún siguen siendo perseguidos, privados de su salud, criminalizados y estigmatizados miles de consumidores y cultivadores del cannabis, el universo de usuarios de drogas ilegales cuantitativamente más importante en todo el país.

La falta de inversión pública en este sentido contrasta permanentemente con lo destinado a las fuerzas represivas, que persiguen a usuarios del cannabis. Los datos de las fuerzas federales son contundentes y sobran para demostrar la contradicción en este sentido: durante 2019 en el 93% de las incautaciones se secuestraron menos de 100 gramos de marihuana y en el resto se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a grandes cantidades. La mayoría de los operativos apuntó contra vendedores barriales (narcomenudeo) o consumidores que tenían, en promedio, apenas 8 gramos (ocho “porros” aproximadamente), lo que entraría en la órbita de la tenencia para consumo personal.

Otro punto contradictorio y preocupante es que el proyecto hace mención a la regularización sobre la utilización del cannabis medicinal, y nos deja muy en claro que quienes controlarán ese mercado, serán los grandes laboratorios que, como hicieron con las vacunas, negociarán por millones y millones para que, quienes lo necesiten, puedan acceder a su tratamiento con cannabis, según sus condiciones. Mientras que, por lado del proyecto oficialista, se plantea un plan bastante irónico y curioso, veamos el por qué:

A lo largo del proyecto, más concretamente en el artículo 6° se establece que, “la autoridad de aplicación tiene la facultad de realizar todas las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines medicinales en el marco del programa, sea a través de la importación o de la producción por parte del Estado nacional. A tal fin, la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica, así como para elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa. En todos los casos, se priorizará y fomentará la producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP”. Es justamente este punto que genera incoherencia, debido a que desde hace ya bastantes años que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria viene severamente afectado por falta de presupuesto, ya desde el 2018 en la era del Macrismo ajustador, trabajadores y trabajadoras del INTAdecían: “En este momento el INTA se encuentra en una situación de ajuste y desfinanciamiento general, lo cual repercute sobre nuestro trabajo, afectando a las actividades de investigación, extensión, funcionamiento y mantenimiento de la institución e impactando directamente sobre nuestro estipendio”.
Pero esto no paró con el cambio de gobierno, sino que fue cada vez más en declive, el año pasado se expresaba desde el INTA: "El 7% de aumento no alcanza, tenemos compañerxs con salarios bajo la línea de pobreza, hay 1780 compañeros y compañeras que necesitamos que pasen a Planta Permanente". Teniendo esto en cuenta, ¿Cómo planea el gobierno utilizar estas instituciones para abastecer a toda la comunidad que necesita su medicina, si históricamente recortan cada vez más el presupuesto destinado?

Además, teniendo en cuenta el extremadamente escaso presupuesto que se destinó para la aceptación y revisión de los trámites para el programa Reprocann, donde solo una persona está evaluando más de 40.000 trámites, no sería de extrañarse si el Estado no garantiza el libre y gratuito acceso a medicina a base de CBD, lo que dejaría el mercado abierto para laboratorios internacionales, que desde ya están trabajando con cannabis, para monopolizar su comercialización, dejando a los usuarios a la suerte de estas entidades privadas. Es decir, sin un control y seguimiento adecuado de aquellos y aquellas que necesiten tratamiento, además de un acceso limitado. Por otra parte, el estancamiento de la aceptación del trámite no es más que una puerta abierta para seguir garantizando el narcotráfico, debido a que durante dos meses no se han estado aceptando más solicitudes, cuando se supone que debería haber una respuesta en un tiempo límite de 72 hs.

Un caso testigo sucede en Paraguay, mayor productor de cannabis de América del Sur, donde si bien el cannabis como uso medicinal está garantizado por el Estado, hace 4 años que en la realidad es otra cosa: es letra muerta en un cajón ¿no debería ser una advertencia a tener en cuenta? Sobre todo, sabiendo de antemano que este proyecto, que data del 2017, ha sido manipulado durante años sin que tenga vigencia legislativa ni real.

Muchos cultivadores ven en este parate que se ha dado desde hace dos meses en las autorizaciones del Reprocann, no solo por la negativa del Estado a que accedemos a nuevos tratamiento sino, que es el mismo estado, represor y perseguidor el que ahora cuenta con los datos personales de miles y miles de autocultivadores solidarios.

En los últimos días un grupo de más de 90 profesionales lanzaron una junta de firmas para agilizar el trámite con el fin de acceder al autocultivo legal de cannabis medicinal, exigiendo responsabilidad, recursos humanos y agilidad para aprobar los trámites en espera de análisis del Reprocann. “Hace más de 8 semanas que observamos un parate total en las aprobaciones de los trámites del programa. Fuimos testigos de distintos hechos jurídicos que limitan los derechos de dichos usuarios y terminan en la privación de libertad o peor en casos de violencia institucional por parte de las fuerzas, por no contar con la aprobación del Reprocann” denuncian los profesionales del área, en la famosa página de reclamos sociales change.org para darle mayor alcance a esta problemática.

¿Por casa cómo andamos?

En la provincia de Córdoba, el día 30 de agosto era el último para adherir a la legislación de cannabis medicinal a nivel nacional, una vez más el gobierno de Schiaretti y sus aliados antiderechos restringe el acceso a la salud, como lo hiciera con la IVE. Al respecto, la precandidata a Senadora por el PTS en el Frente de Izquierda, Laura Vilches, se refirió en este sentido: “El gobierno de (Juan) Schiaretti dejó pasar el plazo de reglamentación de la ley de uso medicinal del cannabis. Estamos cansadas de dilaciones. Su sanción fue una conquista de la lucha de la juventud, de profesionales de la salud, científicos, pacientes, familias y cultivadores. Pero ese importante primer paso sigue sin reglamentación que permita su aplicación efectiva, cuestión por la que seguiremos peleando porque hay familias que lo necesitan con urgencia” , dijo la ex legisladora y ex concejal del Partido de los Trabajadores Socialistas.

Vilches agregó: “Pero además del cannabis para uso medicinal, seguiremos peleando por la legalización integral de su uso, cuya prohibición fue la excusa para la persecución y criminalización de la juventud, al punto que sigue habiendo presos por cultivar.

Hemos presentado un proyecto en el Congreso con mi compañero Nicolás del Caño y seguimos insistiendo en que se trate. En las calles y en las bancas, seguimos defendiendo el autocultivo de cannabis para todos sus usos. Apostamos a la movilización de las y los jóvenes para conquistarlo y para terminar con la persecución a autocultivadores. Basta de presos por cultivar”, cerró la precandidata.

En este sentido, destacamos que la legalización de la marihuana, como parte de una política que legalice y regule todas las drogas, debe considerarse como una herramienta indispensable para combatir el narcotráfico y para terminar con la política de Estado que durante todos estos años garantizó la persecución, el abandono y el encarcelamiento de los cultivadores y usuarios del cannabis, al mismo tiempo que garantizar la atención a los usuarios medicinales, que mientras sufren y/o desafían la ley, no tienen la posibilidad de acceder de manera regulada, racional y segura a lo que para ellos constituye una verdadera medicina.

“Industria del Cannabis” una lógica capitalista

Desde el proyecto del oficialismo, se argumenta que se daría la creación de 10.000 puestos de trabajo, vinculados a la industria del cáñamo, que para empezar no llega ni a una quinta parte de las y los inscriptos del Reprocann, a quienes podríamos considerar cultivadores y/o trabajadores del cannabis; además de la cantidad de desocupados y desocupadas que, hoy en día sufren el desempleo y un trabajo no les vendría nada mal. Dicho esto, el ministro Guzman estimó y así lo publicitó en el Congreso, que este negocio podría generar ganancias en el mercado interno por 500 mil millones de dólares y 50 mil millones en exportación. Las cifras a las que se refiere Guzman revelan que los intentos de regulación persiguen la lógica de un negociado capitalista con el consumo, es decir para unos pocos mientras que sobre los trabajadores que actúen bajo esta ley está descartado que lo harán bajo condiciones de precarización. Incluso, si tenemos en cuenta los salarios de miseria que hoy pagan las nuevas actividades emergentes como lo son las aplicaciones, que se benefician de un vacío legal, a la par de una ausencia total, o inexistencia, de los sindicatos de dichos rubros, que garantizan ganancias multimillonarias a base de salarios paupérrimos.

Ante la introducción del cáñamo al sector industrial, los primeros en verse beneficiados por esta nueva producción, serán aquellos sectores privados de investigación y desarrollo que ya cuentan con avanzada tecnología para este rubro, muy lejos de lo que una institución pública que, históricamente vienen siendo desfinanciadas, puedan llegar a hacer. Por otro lado, ya estamos acostumbrados a “soluciones” al problema del desempleo en la juventud, ya sea el plan PPP, PPP Aprendiz o el nuevo y reciclado, Plan Empleo Jóven, donde los precarizados son la juventud, y los que se la llevan en pala son las grandes empresas que el Estado financia; ya sabiendo esto, no es de sorprenderse si estos nuevos puestos de trabajo no serán un nuevo escenario para someter a ese, cada vez mas grande, sector de jóvenes.

Ante este nuevo escenario, quienes ya nos organizamos en las calles para poner el debate sobre la mesa y alcanzar la nueva legislación del programa Reprocann, debemos seguir luchando, no solamente por la implementación efectiva a nivel Nacional de esta nueva ley, de regulación del cannabis, sino que esta ley, no sea una oportunidad para que los empresarios de siempre sigan lucrando a base de nuestra salud y nuestro trabajo. Por una implementación del uso integral del cannabis a nivel Nacional y por la liberación de los presos y presas por cultivar.