Chile no puede volver a la normalidad sin que antes se castigue a todos los responsables políticos y materiales de los que asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron. Ningún diálogo con el Gobierno responsable.
Lunes 4 de noviembre de 2019
Los números y los testimonios son escalofriantes. Desde el comienzo de la rebelión popular, hubo 23 muertos informados oficialmente, aunque la cifra podría ser aún mayor.
Son múltiples las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como las organizaciones populares, que levantan día tras días fuertes denuncias contra el accionar del Ejército y las fuerzas de seguridad, a las cuales se les dio vía libre para atacar al pueblo con el Estado de Emergencia y el toque de queda.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), además de los muertos hubo hasta el 2 de noviembre 1574 personas heridas en hospitales, de las cuales 40 presentaban disparos de bala, 473 disparos de perdigones, 305 impactos de armas de fuego no identificadas, 30 balines. 157 personas llegaron a los centros de salud con heridas oculares.
Este organismo también denunció 4316 detenciones, así como cientos de querellas por torturas.
Somos millones los que no aceptamos que todo esto quede en la impunidad. Los responsables políticos (empezando por Piñera) y materiales de toda esta represión, deben caer, y tiene que haber juicio y castigo.
Hoy muchos aceptan dialogar con el Gobierno asesino. Nosotros no aceptamos negociar con nuestros muertos.
Si hay impunidad, no hay futuro. Seguiremos en las calles. Huelga general hasta que caiga Piñera y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana para dar vuelta todo de raíz.
