Ante las suspicacias generadas por la aprobación de las reformas sobre revocación de mandato, esta mañana Andrés Manuel López Obrador firmó en Palacio Nacional un compromiso de no reelección.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 19 de marzo de 2019
La mañana de este martes en Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador firmó un documento en donde expuso una serie de "principios" e "ideales" que, a decir del jefe del Ejecutivo, rigen su vida personal.
En este documento, el tabasqueño se comprometió a realizar una consulta sobre su mandato en 2021 y a que, de continuar su administración hasta 2024, abandonaría el cargo en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en la Constitución mexicana, siempre susceptible de reformas a modo como las que abrieron camino al gasolinazo bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este acto es la respuesta del gobierno de México a las críticas suscitadas ante la propuesta de modificar la Carta Magna para instrumentar mecanismos de revocación de mandato.
La semana pasada, el Congreso aprobó, con 328 votos a favor y 151 en contra, un proceso de reforma para aplicar un referéndum de revocación de mandato al que Obrador se ha comprometido a someterse a mitad de su sexenio.
Encabezadas por partidos como el PRI y el PAN, las críticas que recibió el gobierno de AMLO por esta medida señalan que aparecer en la boleta electoral durante las elecciones de 2021 (que renovará la Cámara de Diputados y 13 gubernaturas estatales) afectará la contienda en términos de equidad. Señalan que, lejos de ser "revocación de mandato", se trata de una medida que promueve el referéndum ratificatorio y, al mismo tiempo, promueve la figura de AMLO y le permite hacer campaña que beneficiaría a Morena, partido que lo llevó a la presidencia.
Por su parte, políticos del Morena y afines a la Presidencia, han celebrado esta medida como un verdadero "paso hacia la democracia".
Disputa en las alturas: ¿democracia para quién?
Mientras los partidos del Congreso se disputan el poder político y tienen la mira puesta en 2021 para reposicionar sus fichas en el tablero nacional, las medidas que aprueban, los recortes, las reformas a la Constitución, siguen golpeando con fuerza a millones por todo el país que vieron en López Obrador una alternativa a la barbarie.
La retórica antineoliberal de AMLO, sumada a iniciativas impulsadas por su gobierno como el sistema de becas, la apertura de archivos de cuerpos de inteligencia, el "combate" al robo de combustible y la eliminación de la pensión para expresidentes son algunas de las medidas que nutren la contradicción entre las más sentidas aspiraciones de cambio y los límites de la administración obradorista.
El despido masivo de trabajadores y trabajadoras estatales y subcontratados e irregulares; los recortes a programas sociales y culturales; el retraso a temas de gran importancia como el derecho a decidir y la legalización del cannabis; la aprobación unánime de la Guardia Nacional. Son ejemplos de que los partidos en el Congreso no han hecho sino demostrar que la democracia que representan es una democracia que está muy lejos de poner "primero a los pobres".
Las trabas que enfrentaron para acceder a un derecho que se presume "democrático" las candidaturas independientes como la de Marichuy a nivel federal en 2018; la de la OPT en Mexicali, Baja California, este año; y las de los Anticapitalistas a la Constituyente y al Congreso de la Ciudad de México en 2016 y 2018, respectivamente, continúan.
¿De qué democracia hablan entonces cuando los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios no tienen voz sobre la militarización o el presupuesto y no tienen acceso a un derecho elemental como votar y ser votados en elecciones?
¿A quiénes representa una democracia que impone megaobras a comunidades y mantiene intactas las bases de la privatización de los recursos a favor de las grandes empresas? ¿Qué clase de democracia funciona militarizada?
En este panorama, -en que los órganos electorales "autónomos" han avalado fraudes y distintos delitos electorales-, las reformas aprobadas por el Morena y sus aliados en el Congreso, así como las críticas expresadas por el PRI y el PAN, muestran esta pugna entre la clase política que se libra en las alturas por el poder de administrar el Estado y sus recursos.
Es decir, la pregunta de la que pretende desviarnos el discurso de la "democracia participativa" (encarnada en estos primeros cien días de gobierno por el mecanismo de la consulta y que ahora pretende vendernos la ilusión de un referéndum) es ¿democracia para quiénes?
Sulem Estrada, ex candidata anticapitalista a la Constituyente de la Ciudad de México, dice: "Nos quieren hacer creer que la democracia a la que podemos aspirar las y los trabajadores es a "participar" en elecciones cada tanto tiempo; esto sólo reduce a la población a un número, a un individuo en el padrón electoral sin capacidad de tomar su destino en sus manos".
Continúa: "La democracia por la que peleamos los socialistas implica una transformación de régimen social, sin oprimidos ni opresores. Hablamos de democracia directa, democracia obrera, con representantes políticos rotativos y revocables votados por centro de trabajo, empresa y fábrica que impongan al imperialismo y a los empresarios un gobierno de los trabajadores y el pueblo".
