Este es el grito con el que las maestras denuncian la larga década de recortes que sufre la educación iniciadas por Artur Mas y continuadas por los gobiernos de Junts y Esquerra Republicana.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Miércoles 30 de marzo de 2022
Fotografía: CGT Ensenyament
Durante el periodo 2008-2012 la educación sufrió fortísimos recortes. La sexta hora desapareció por arte de magia; las sustituciones brillaban por su ausencia, las oposiciones fueron objeto de estudio de arqueólogos y el sistema educativo jodió fuera a muchos maestros mientras las ratios aumentaban rápidamente. Las partidas de la Generalitat en cada escuela cayeron en picado y todos los centros pidieron más dinero a las familias.
De los recortes a la educación catalana que Artur Mas hizo con el apoyo del PP y después con el apoyo de Esquerra Republicana, nunca nos hemos recuperado. Decenas de miles de interinos y sustitutos continuaron sosteniendo el sistema educativo. todo y la precariedad. Y varios servicios educativos fueron ofrecidos a las empresas privadas aprovechando la legislación que la Generalitat aplicaba. De hecho, no podemos olvidar la “Ley Aragonés” que pretendía favorecer, todavía más, la subcontratación de servicios públicos a empresas privadas.
La "innovación privada" en la gestión de lo público
El “decreto de plantillas”, los informes PISA, y muchas “iniciativas” más buscan instaurar formas de la gestión privada dentro del sector público. Una especie de “despotismo de empresa” dentro de cada centro escolar. Se pretende que cada centro o zona educativa luche para ser la mejor y ganar peso específico respecto del resto. El mismo que pasa entre las diferentes emprendidas capitalistas que compiten por franjas del mercado.
Esta competencia es insana por los maestros que sufren una sobrecarga laboral enorme, es un grave punto de estrés con los alumnos que tienen que cumplir los parámetros prefijados por el departamento de educación y por las familias que cada vez más tienen que contribuir con su tiempo y el dinero para financiar la desfinanciación pública de la educación.
Las direcciones de cada centro pueden elegir su personal con sus criterios. Esto deja a los maestros en una situación de indefensión si tienen diferencias con el proyecto educativo o si quieren hacer mejoras sustanciales. Además la enorme cantidad de informes que tienen que presentar los profesionales de la educación, con exámenes y correcciones, hace cada vez más difícil dar clases o planificarlas previamente.
Desde el departamento se fomenta este “despotismo de empresa” con la participación de Fundaciones como Jaume Bofill y los nuevos “mecenas”. Esto se denomina “colaboración público-privada”. La Generalitat hizo un acuerdo con la Nissan, la Fundación del Banco de Santander, con Educaixa o Educa Endesa. Estas empresas que ganan miles de millones mientras hay familias que buscan la comida en los contenedores, educarán a sus hijos de la “mejor manera posible”.
Un gran trasvase de dinero público a las grandes empresas
La educación pública sufre, de manera acelerada desde la crisis del 2008, un grave proceso de desfinanciación, privatización y recortes. Este proceso ya se venía haciendo desde hace mucho años pero se ha agraviado durante los dos años de pandemia.
Las diferentes leyes de educación convalidan este proceso de privatización. Ya sean a nivel del Estado hechas por el PP o por el “gobierno más progresista de la historia”, o a nivel de Cataluña por los diferentes gobiernos Esquerra-Juntos. De todas formas, este proceso privatizador ya se estaba haciendo de facto. Grandes emprendidas “multiservicios” se postulan para hacer los servicios de comedor, veladores, del ocio, etc. El modelo de colaboraciones público-privadas (CPP) ha dado a paso una oleada de privatizaciones encubiertas del sector educativo.
Un caso especial es el servicio de comedor de los centros educativos. Siete grandes empresas del catering y fundaciones se reparten el 25% del pastel económico de los comedores catalanes. Un gran “negocio” que puede facturar alrededor de unos 400 millones de euros. Empresas multinacionales como Eures, Sehrs, Serunión o Activa Educacional ISS o Fundaciones como Pere Tarrés o Fundesplai se llevan la parte más gorda.
Mientras las empresas reciben millones de euros, la Generalitat reduce sustancialmente la aportación de dinero que hace en cada escuela. Y desde hace años los centros piden dinero a las familias a comienzo de cada curso escolar. El Estado español es el quinto país que menos invierte en educación en relación a su PIB, solo un 4%, muy lejos del 6% reclamado por maestros y familias.
Las cuotas escolares se cobran en cada centro por varios conceptos como salidas, fiestas, libros, material, fotocopias, etc. Son gastos de funcionamiento de cada centro que se supone que ya pagamos, cuando pagamos los impuestos. Se a decir, que tendrían que salir de los presupuestos públicos. Pero los responsables políticos no lo hacen. En síntesis, pagamos dos veces los gastos.
Y las empresas del sector del ocio, también se benefician de la explotación que en fan de los trabajadores. Salarios bajos, contratos por horas y la precariedad más absoluta marca la “relación laboral” de las monitoras y monitores con estas grandes empresas del catering. En síntesis, un negocio genial. Se llevan muchísimo dinero de los presupuestos públicos y pagan migajas a sus trabajadores. La típica actitud depredadora de los empresarios capitalistas dentro del sistema educativo. Y todo esto con el visto bueno de los diferentes gobiernos.
Educación pública y concertada
Desde el siglo XIX que hay instituciones privadas dentro de la educación pública. La iglesia, es la institución privada más antigua del Estado español. Las Escuelas Pías, los Maristas, La Salle son tan sólo algunos de estos centros educativos: alrededor del 60% de los colegios privados subvencionados por las administraciones públicas españolas.
Según la Conferencia Episcopal Española los centros educativos reciben del erario público casi 2.500 millones de euros. El volumen de negocio de la enseñanza concertada religiosa gira alrededor de 4.866 millones de euros. La Iglesia católica, además, se beneficia del pago de los profesores de religión, los cuales suponen un coste anual al erario público de 100 millones de euros. La CGT Cataluña denunció el «Pacto contra la segregación en Cataluña» como una forma de financiar los centros privados.
No es posible dejar de mencionar el caso del Opus Dei. Esta agrupación religiosa elitista recibió 453 millones de euros por las 16 escuelas vinculadas entre 2001 y 2018. A pesar de tener centros que segregan alumnos por su sexo. Ante la amenaza de perder las subvenciones públicas, parece que el próximo curso escolar dejarán de separar los alumnos por sexo. Ojalá que todos los centros educativos recibieran estas inversiones.
Las inversiones en escuelas privadas y concertadas en Cataluña es muy superior a las realizadas en la escuela pública. Según el Sistema estatal de indicadoras de la educación de 2020, el gasto público para financiar la educación concertada ha subido más de un 24% entre los años 2007 y 2017. Años en que la educación pública sufrió unos recortes históricos.
En relación con la enseñanza de la Formación Profesional la falta de plazas para poder estudiar generó una situación caótica el curso escolar pasado. También ha sido una muestra clara de la desinversión pública. Situación que “ha coincidido” con una fuerte inversión de fondo de alto riesgo en la compra de muchos centros de FP. El fondo KKR de los Estados Unidos compró la empresa Medac con más de 30 centros en todo el Estado.
Para hacer un curso dentro de una Formación Profesional pública en Cataluña se tiene que pagar una matrícula de 360€. CGT denuncia la falta de personal y la infrafinanciación de los Centros educativos. El sindicato también explica la competencia que se favorece desde la Generalitat entre los centros para poder recibir dinero público.
Por una educación pública, gratuita y de calidad
La lucha para mejorar la financiación de la educación; para hacer una educación pública, gratuita, laica y de calidad; y, para defender el derecho de las maestras; pasa para unificar todo el sistema educativo, en primer lugar. Toda la enseñanza privada tendrá que ser expropiado sin indemnización e incorporando el personal en la red pública. De esta forma se podrá parar el poder diferenciador que hace la inversión privada.
En segundo lugar, el presupuesto público tiene que subir sensiblemente hasta llegar al menos al 6% lo más rápido posible. Y si no hubiera bastante dinero a las arcas públicas, se tendrá que financiar con los millonarios beneficios de las empresas de la Ibex35. ¡Basta de pedir dinero a las familias! Por eso, hace falta que los maestros y las Asociaciones de Familias tengan el control de todas las partidas públicas referidas en la educación. De esta forma se podrá evitar la competencia entre escuelas que favorece la Generalitat, se podrá tener un conocimiento global de la situación y de cada centro como para poder destinar los fondos donde sean más oportunos.
Para imponer estas medidas y mucho más, hay que reforzar la movilización de los sindicatos de maestros y profesoras, de todas las AFA y el pueblo. Puesto que años de Convergència, Tripartido, Juntos y Esquerra Republicana son los causantes de la privatización de la educación, la infrafinanciación y la caída en picado.
