Activistas medioambientales de la ciudad de Arica se manifestaron el día de ayer en contra de la reciente aprobación del proyecto minero Dominga en la comuna de La Higuera, cuarta región. Este mega proyecto genera un amplio repudio en la población, ya que deja en evidencia los intereses empresariales, el rol de las instituciones y pone en riesgo a numerosas especies en la flora y fauna. En este artículo proponemos la organización triestamental universitaria como una de las vías para enfrentar organizadamente la crisis medioambiental.
Domingo 15 de agosto de 2021
El proyecto de minera Dominga es la muestra de cómo operan las instituciones gubernamentales respecto al medio ambiente: por fuera de toda responsabilidad y lógica científica ponen por delante los intereses de los empresarios. No es nuevo ni casualidad. La región de Arica y Parinacota vive en carne propia la desidia empresarial con casos como polimetales y contaminación de aguas por parte de empresas como Golden Omega del grupo Angellini.
En el caso de Dominga, Carlos Delano, dueño de Penta, es también dueño de Andes Iron, empresa que presentó el proyecto minero-portuario, el cual pretende extraer mineral en la localidad de la Higuera a través de una intervención muy ofensiva en el territorio: un tranque de relaves, un botadero de lastre, un mega-puerto en Totoralillo Norte y la intervención de un acuífero subterráneo y una planta desalinizadora para sus procesos productivos.
El lugar cuenta con al menos 159 especies entre aves, mamíferos marinos y cetáceos, entre los que se encuentran la ballena azul y el 80% de la población de pingüinos de Humboldt, además de una gran variedad de algas y crianceros de cabras en las localidades cercanas.
A pesar de esta información respaldada en diversos estudios, el proyecto fue aprobado por la comisión ambiental, cabe preguntarse entonces ¿es suficiente que existan estudios o que incluso la propia normativa prohíba situaciones como estas? Claramente no, el poderío económico de personajes como Delano pesa más que todo eso.
No es solo la normativa, cuyo cambio puede tardar varios años, sino que es el sistema en su conjunto. En otras palabras “qué, cómo y cuándo producir” es lo que se debería decidir colectivamente en función del bienestar del conjunto de la población y no en función de las riquezas de unos pocos como es hoy. Contra empresarios como esos es que se debe construir una fuerza social que pelee por la nacionalización de los recursos naturales sin pago a empresarios y a manos de los trabajadores y la comunidad, con el objetivo de garantizar a toda costa la protección de la flora y fauna.
En este sentido las Universidades como la UTA pueden ponerse a disposición no solo de aportar en investigaciones, sino que en la búsqueda concreta de medidas para resolver la crisis ambiental, cambiar sus mallas curriculares con educación ambiental, aportando recursos para estudios, entre otras cosas.
Es necesario impulsar la Secretaría por el Medio Ambiente como un organismo triestamental, amplio y democrático, cuyo fin sea aportar a la lucha medioambiental pero también construir la alianza entre estudiantes y trabajadores para enfrentar con mayor fuerza la avaricia empresarial y el saqueo de los recursos naturales. Cabe decir que para el impulso de organismos como estos es clave la independencia respecto a las autoridades, ya que son estas mismas las que sostienen un modelo de educación de mercado que solo busca forjar mano de obra calificada para las empresas con quienes tienen convenios.
Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam
