#NoALaReforma y Ninguna Militarización

Según [1] varias encuestas la propuesta impulsada por el líder nacionalista Jorge Larrañaga respecto a la seguridad pública nacional titulada “Vivir sin Miedo” alcanza una amplia simpatía en todo el país, lo que hace pensar que hay posibilidades reales de que se imponga en las urnas en el plebiscito de octubre junto a las elecciones nacionales. La reforma tiene su punto más polémico en la creación de una Guardia Nacional integrada por dos mil militares que apoyarán a la Policía, además incluye posibilitar allanamientos nocturnos, eliminar la libertad anticipada, restablecer la cadena perpetua en delitos considerados especialmente graves, como homicidio a menores y homicidio especialmente agravado a adultos.

Ante esto, diversos colectivos sociales, especialmente gremios estudiantiles y sindicatos junto a militantes varios están realizando distintas acciones para informar sobre las consecuencias negativas de dicha propuesta y lograr que no llegue a los votos necesarios para triunfar.

Entre los militantes estudiantiles y sindicales, y en general en cualquier recinto de los movimientos populares, es de un sentido común asociar el pedido de “más seguridad” o “mano dura” con la derecha tradicional. Y eso en sí es lógico si un recuerda los vínculos entre el Partido Colorado y la (las) dictadura uruguaya o la represión del Hospital Filtro durante el último gobierno del Partido Nacional, así como es ineludible asociar la mano dura en el escenario actual a otros sectores como el liderado por Manini Ríos, que si bien varios referentes de todos estos sectores han mostrado diferencias respecto a la propuesta concreta de Larrañaga, todos ellos coinciden en la necesidad de reforzar y darle mayor poder al aparato represivo.

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Parece también un sentido común entre amplios sectores de la sociedad que el problema más importante es el aumento de delitos “comunes” (hurto, rapiña y homicidio), quedando poco espacio en los medios masivos para otros tipos de delitos de mucho mayor magnitud económica aunque tal vez menos sensibilidad aparentemente. Los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas), que en general sirven para detectar fraudes de estafa o lavado de activos, aumentaron aproximadamente 5000% respecto a 2004 (según datos del MI), y no recuerdo verlo en los medios, y por las dudas aclaremos que no es patrimonio de los gobiernos FA, recordemos solo la estafa de los Peirano de 2002, que se estima asciende a 1500 millones de dólares (según datos del investigador uruguayo Julio Kneit) y considerando que en dicho año el PBI de Uruguay estaba en el entorno de los 13 mil millones de dólares esto implica que la estafa fue del entorno del 12% del PBI, o sea que el robo fue equivalente a cuatro años del presupuesto nacional de educación de ese entonces. Nuestras cárceles están llenas de los primeros, de los llamados “delitos comunes”, de ellos hay varios que para Larrañaga, o su propuesta de reforma, deberían impedirle libertad anticipada y varios a cadena perpetua, sin embargo para los Peiranos, ahora en término genérico a todos los de su tipo, no hay previstas penas más severas. Este punto debería al menos servir para el debate en torno a las diferencias de clase y el rol del aparato represivo del estado, así como también podría abrir el debate respecto a las causas y vínculos sociales de delitos-procesados, aunque esto es demasiado ambicioso para esta nota.

El pedido de “más seguridad” es patrimonio histórico de la derecha tradicional. ¿Pero qué viene haciendo el Frente Amplio en el gobierno?

En 2009 Larrañaga ya había propuesto la creación de una guardia nacional con cometidos de seguridad pública dependiente del Ministerio de Defensa y que coordine con el de Interior. Un año después, los partidos con representación parlamentaria firmaron un acuerdo en la comisión interpatidaria de seguridad pública del parlamento (a poco meses de asumir Bonomi). Si bien abordaba diversos aspectos, me quisiera detener en algunos como el objetivo de “aumentar los recursos presupuestales al Ministerio del Interior en términos corrientes, en una cifra que pueda llegar hasta el doble de lo actual.”, “darle carácter nacional al Regimiento de Guardia Republicana fortaleciendo su capacidad operativa, lo que incluso podrá llegar a significar aumento de su personal en cuanto las circunstancias así lo requieran…”, “formar grupos de intervención rápida (actualmente denominados “Grupos GEO”) en aquellas jefaturas de policía que realmente los necesiten, conforme a su situación de criminalidad y orden público”. Ya en el 2013, luego de casi tres años de dicho acuerdo, el MI publicaba una tabla con los avances donde se destacaban el nuevo sistema de trabajo policial con “operativos de saturación...”, “Guardia Republicana con carácter nacional: (...) dependiente del Ministro del Interior, con despliegue en todo el territorio nacional”, “formación de grupos de intervención rápida – GEO...” y un “aumento presupuestal (…) 2010 - U$S 557 millones, 2012 - U$S 766 millones”, y sigue en aumento. En abril de 2019 presidencia comunicaba un nuevo apoyo de equipamiento a la Guardia Republicana, donde se expresa que “...llega a 1.900 efectivos”.

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Pensemos que el punto más polémico de Vivir sin Miedo es crear una guardia nacional con 2000 efectivos militares de apoyo a la policía, entre otras medidas, pero desde hace 10 años que los gobiernos frenteamplistas crearon la Guardia Republicana que hoy llega a 1900 efectivos, que si bien no son estrictamente militares que ingresaron al nuevo cuerpo policial, son un cuerpo policial con armamento militar para intervención en la seguridad interna a nivel nacional, sin mencionar todos los casos en que se reforzó con personal, armamento, móviles, cámaras el aparato de seguridad.

¿Todos los movimientos sociales que están contra la reforma de Larrañaga también están contra cualquier tipo de militarización?

Hay argumentos de sobra contra la militarización, y se están desplegando por varios colectivos, sindicatos, gremios, contrarios a la reforma, y está claro que de triunfar la propuesta de Larrañaga, más allá de los efectos prácticos, también implicaría una legitimación a la militarización, a darle poder social al aparato represivo del estado, recordemos que cuando el fascismo va contra los movimientos sociales no hace distinción en si son comunistas, guevaristas, anarquistas, radicales, etc. Es entendible que en un escenario de elecciones nacionales, donde el Frente Amplio está más cerca de perder el gobierno que en pasadas elecciones, muchos militantes estudiantiles, sindicales y población en general de izquierda esté preocupada por que el PN, o partido tradicional cual fuere, volviera a gobernar, pero a veces se vuelve una presión sobre quienes critican la política represiva, ambiental, etc., del FA, y lo acusen de “hacerle el juego a la derecha”. Tal vez deberíamos buscar apoyarnos en ciertos principios que los movimientos sociales, los sindicatos y el movimiento estudiantil, que no deberíamos perder por defender un partido.