Se cumple un nuevo aniversario de ese 6 de julio de 1977 donde comenzaba en Mar del Plata la llamada Noche de las Corbatas, una serie de secuestros cometidos durante una semana en manos del Ejército. Entre las víctimas hubo siete abogados.
Viernes 6 de julio de 2018 10:52
Durante esa semana se llevaron adelante operativos de los grupos de tareas de la dictadura cívico-militar, cuyo objetivo principal fueron abogados marplatenses que en su mayoría se dedicaba a la defensa de trabajadores y militantes.
Los primeros en ser secuestrados fueron los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio de 1977.
A ellos se agregarían el doctor José Candeloro y su esposa Martha García, secuestrados el 13 de julio en Neuquén y llevados a Mar del Plata. También la compañera de Fresneda, Mercedes Argañaraz, embarazada de ocho meses, María Esther Vázquez de García, su compañero Néstor Enrique García Mantica y José Verde y su compañera.
Las victimas secuestradas fueron recluidas en "La Cueva", viejo radar de la Base Aérea ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, devenido en centro clandestino de detención.
De aquel grupo de personas detenidas sólo sobrevivieron Ricci y Bozzi, Martha García, Julio Verde y su esposa. Pero a todos los sometieron a brutales torturas.
La justicia, una casta privilegiada del Estado al servicio de las empresas
Estos abogados fueron profesionales que pusieron sus conocimientos al servicio de los trabajadores en un contexto donde el gobierno genocida llevado adelante por militares, la iglesia y civiles que pretendían “disciplinar” a la clase obrera que años atrás venía de grandes jornadas de luchas poniendo en peligro las ganancias de los empresarios, ya nos le era suficiente el actuar de la AAA peronista, necesitaban tomar todo el Estado para actuar con mayor impunidad en pos de derrotar a la clase obrera. Esa “disciplina” se basaba en la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, la apropiación de los bebes de las detenidas y campañas mediáticas para justificarse construyendo un enemigo interno.
El reclamo de los abogados buscaba legalizar a los detenidos y evitar la desaparición y las torturas.
Eran luchas ante un Poder Judicial cómplice de la dictadura, predispuesto en todo momento a cajonear los habeas corpus presentados y hacer la mayor omisión posible para garantizar los planes de la dictadura.
Todo ese operativo siniestro no hubiera sido posible sin la ayuda del aporte de partidos patronales y los órganos de la Justicia del Estado al plan del gobierno de facto de los militares.
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Es así como el juez Pedro Hooft fue parte elemental para el secuestro de los abogados, no sólo conocía el paradero y condiciones de las victimas ya que recorría los calabozos de los centros clandestinos de detención, sino que, según varios testimonios, había ordenado cajonear los habeas corpus presentados por las familias de las víctimas.
El ejercicio del derecho al servicio de los trabajadores y las tareas actuales
Más allá de su forma de gobierno, el Estado que conocemos, por el carácter de clase dominante de quienes lo dirigen va a implementar todas las medidas posibles para impedir la pérdida de ganancias de las patronales, son mezquinos con sus ganancias, pero si comunizan las perdidas y pretenden que sean pagadas por todo el pueblo trabajador. Para ello cuentan con la herramienta de todo el aparato judicial y legislativo respaldado por las instituciones coercitivas para imponer la violencia necesaria.
La última dictadura es un claro ejemplo de hasta donde fueron capaces de llegar para proteger sus ganancias y saquear al pueblo estatizando la deuda de las empresas privadas como las de la familia Macri.
Claro que sus avances contra los trabajadores estarán dados por la relación de fuerzas que se les logre imponer. El rol de los abogados que se organizan y ponen sus conocimientos al servicio del pueblo trabajador, articulando las luchas por las demandas obreras con el respaldándolos de forma legal y mediática con la herramienta del derecho contra cualquier ataque que puedan recibir los trabajadores mediante sus reclamos, es también parte de esa relación de fuerzas que tiene que ser impuesta a los gobiernos patronales.
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En este marco de crisis económica con un nuevo acuerdo con el FMI es necesaria la articulación de las luchas obreras para evitar un 4 ° saqueo histórico al pueblo trabajador. Elevar la vara y romper la pasividad, así como lo hacían esos trabajadores de los ’70.
Obviamente, el gobierno no va a dejar pasar fácilmente, es por eso que constantemente busca nuevas vías para criminalizar la protesta social, ya sea por las pretendidas en el código penal, el protocolo anti piquetes, el agravamiento de las causas o directamente el aumento de la fuerza represiva.
Mientras más álgidos sean los tiempos de crisis y la reacción de los defensores del ajuste, más necesarios van a ser los abogados del lado de los trabajadores. Es por eso que desde el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) se colabora en la comisión contra la violencia institucional de la legislatura presidido por Myriam Bregman. Está abierta la invitación a abogados y estudiantes de derecho para aportar con sus conocimientos al servicio de los trabajadores, contra el actuar represivo del Estado.
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