Esto sucede en Guerrero contra la juventud, a más de tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Martes 16 de enero de 2018
Marco Catalán Cabrera y Jorge Arturo Vásquez desaparecieron el 30 de diciembre en Chilpancingo al acudir a una fiesta local. Cuatro días después, sus cuerpos fueron hallados en un basurero al norte de la ciudad. El mismo 3 de enero, Alan Alexis, Juan Miguel y Héctor Josué, fueron encontrados —atados, semidesnudos y con signos de tortura— en las inmediaciones del palacio municipal después de estar secuestrados por varios días. A Efraín Patrón Ramos no lo volvió a ver su familia desde que el 29 de diciembre la Policía Municipal lo detuviera mientras conducía. Abel Aguilar García no llegó el 23 de diciembre a la frutería en la que trabajaba, sus familiares continúan buscándolo.
Estos siete casos de desaparición forzada que ocurrieron durante la temporada de fiestas de fin de año, han vuelto a poner en el centro de la discusión la situación de Guerrero a más de tres años de Ayotzinapa. En todos se investiga la participación de la Policía Municipal, en todos se trata de jóvenes. El gobierno priísta de Héctor Astudillo se muestra así en perfecta continuidad con el de Ángel Aguirre. Pero va más allá de eso. Éstos jóvenes son los rostros de una realidad persistente en todo el país, de un estado de excepción que tiende a convertirse en regla, pero cuyo epicentro son las regiones más pobres del país, las zonas fronterizas de la maquila, las periferias de las grandes urbes.
Aquellos sitios, también, en que la huella de utopía sigue latente y resiste a la distopía aniquiladora del estado mexicano, los cárteles y el capital. Me refiero, entre otras muchas experiencias, a la policía comunitaria de la montaña alta de Guerrero, a las Escuelas Normales Rurales, al magisterio combativo, a las luchas obreras de Sonora, Baja California y Coahuila, a los autogobiernos como el de Cherán y las resistencias de Wirikuta y la tribu Yaqui.
Con la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior sólo podemos esperar la profundización de esta tendencia como forma de gobierno. Por ello, no es de sorprender que uno de los documentos discutidos por el Senado haga el siguiente balance:
Desde los años 70´s, las misiones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior han evolucionado con la propia concepción de seguridad nacional en el ordenamiento y doctrina del Estado Mexicano. Pasando en esos años de la guerra fría de enfrentar amenazas generadas por Estados y otros sujetos de derecho internacional a enfrentar amenazas emergentes de naturaleza no estatal como el narcotráfico, el terrorismo.
¿Por qué desde los años 70s se ha redefinido el concepto de gobernabilidad existente (ordenamiento y doctrina del Estado Mexicano), si no es porque esa década está marcada por la huella de la insurgencia armada post 68 en México? ¿Por qué la militarización del país da un salto en el 2006 con el comienzo de la Guerra contra el Narcotráfico, justo después de la brutal represión en Atenco, la APPO y la huelga de los mineros de Sicartsa?
Hoy todo el que resiste y lucha en el país es un potencial peligro para la seguridad interior, los jóvenes y mujeres trabajadoras son calificados por las autoridades como probables narcotraficantes, o si no, cifras perdidas en la vorágine sangrienta que nos arrastra sin cesar. Marco, Jorge, Alan, Juan, Héctor, Efraín y Abel nos faltan, y nos faltan muchos y muchas como ellos. Recordar y nombrar, es también en momentos como éste, traer al presente la promesa de un mundo completamente nuevo por ganar.
