¡BASTA DE LUCRAR CON NUESTRA VIDAS! ¿Nos mata el virus, o nos mata la voracidad de lucro de los empresarios de la salud? exijamos la nacionalización, sin indemnización, de todo el sistema de salud

Durante las últimas semanas la crisis socio-sanitaria en el país se ha agravado. Nuevamente el ya desmantelado y precario sistema de salud pública está desbordado. A esta situación se suma la grave “escasez” de oxígeno que ya viene cobrando la vida de las familias trabajadoras y de los sectores más humildes. Todo esto contrasta con los millonarios negocios que vienen haciendo las clínicas privadas, los grandes conglomerados farmacéuticos y todos aquellos que han visto en la pandemia y en la desesperación de la gente por salvar a sus seres queridos, el mejor escenario para lucrar.

A la fecha, según los reportes oficiales, la cantidad de muertes por Covid-19 se aproximan a las 15.300 con un nivel de casos de alrededor 393.000. Aunque según las estadísticas del ministerio de Salud, difundidas el 8 de junio, la cantidad de casos nuevos de coronavirus va en disminución lo que se percibe en el día a día es que las cifras de muertes van en aumento. Un reciente informe del Idif (Instituto de Investigaciones Forenses) daba cuenta que en la primera semana de junio, se había efectuado el levantamiento legal de casi 2.094 cadáveres de fallecidos en domicilios o en las calles.

El último informe oficial de Salud reportaba cerca de 100 fallecimientos y aunque en proporción a otros países estos datos pueden no parecer “alarmantes” lo cierto es que son muertes que podrían haberse evitado. Además que hay que señalar que hablamos de datos oficiales lo que significa que, sin dudas, deben existir más muertes que ni siquiera son contabilizadas.

Cochabamba es uno de los departamentos más golpeados. Las imágenes de familias trabajadoras y de sectores populares que no pueden socorrer a sus parientes que se quedan sin oxígeno muestran con dureza la desesperación e impotencia de tener que resignarse a lo peor.

Ante la imposibilidad de encontrar espacios en hospitales públicos en los que además las UTIS son escasas, quedan las clínicas privadas que cobran al menos 6000$us para ingresar solo la primera noche de UTI, porque esto incluye el pago de una “garantía” por tan solo el “derecho a ingresar”. Este precio en el mejor de los casos, porque llegan a cobrar aún más.

Esta situación también la vimos en Santa Cruz y en Oruro donde para conseguir un tanque de oxígeno las familias deben peregrinar y bregar por ayuda apelando a la solidaridad de vecinos y amigos. Ni hablar de los gastos millonarios en medicamentos que las familias desesperadamente necesitan costear.

Hoy las autoridades de salud empiezan a expresar su preocupación por que se espera un crecimiento exponencial de casos en los departamentos de Chuquisaca y La Paz.

Médicos empresarios no paran de lucrar

Los empresarios y mercaderes de la salud son doctores dueños de clínicas privadas y miembros de importantes conglomerados farmacéuticos con importante influencia política y cuyos negocios el Gobierno del MAS no está dispuesto a afectar, al igual que lo hicieron los golpistas durante la anterior gestión.

La Ley N° 1359, de Emergencia Sanitaria, fue un tibio intento de establecer algunos límites a los precios de los medicamentos y a las tarifas de las clínicas privadas. Sin embargo no solo que esto provocó que las reaccionarias dirigencias de los colegios médicos del país, a la cabeza de Luis Larrea, hayan realizado paros en medio de una situación de pandemia sino que además en los hechos no hay tal control. Es más, incluso son los propios centros de salud pública que también cobran cifras que bordean los 300$ por noche de internación.

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Los laboratorios y las también están lucrando con esta situación. Las importaciones para este sector quedaron libres de cualquier gravamen y las rutas de acceso están completamente libres, extrañamente, se da un escenario de “escasez” de medicamentos que se necesitan para tratamientos médicos y terapia intensiva.

A esta situación se suma una brutal crisis de escasez de oxígeno. Si hay escasez es porque la política del Gobierno es dejar en manos privadas estos productos que hoy son de primera necesidad. Hay escasez porque el MAS en los 6 meses que van de su Gobierno no hizo absolutamente nada para empezar a revertir las condiciones tan precarias de la salud pública y menos aún destinar recursos para haber ya instalado plantas de generación de oxígeno en todos los departamentos y municipios del país. Esto en definitiva se debe a que Luis Arce y su Gobierno, como fue antes con Evo Morales, no quieren afectar las ganancias de los empresarios de la salud.

Las muertes por falta de oxígeno golpean con dureza a las familias trabajadores, de los sectores populares y más precarizados, que no pueden conseguir tanques ni recargas y recién hace algunas horas, luego de que cientos de familias quedaron diezmadas, el Gobierno anuncia que empieza a implementar algunas medidas.

Anunciaron la activación de una planta generadora de oxígeno en la Universidad Técnica de Oruro (UTO); la entrega de una autorización de funcionamiento para una planta generadora de oxígeno en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz. Para Cochabamba anunciaron la inauguración de una planta generadora de oxígeno en Villa Tunari y que coordinarán una planta para el Hospital del Sur con fondos que donó la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). Sin embargo estas son medidas aún insuficientes y que llegan absolutamente tarde.

Pero además, lo más indignante es que estas "iniciativas" dependen de donaciones y de la voluntad de “buenos samaritanos” ya que los recursos que empiezan a ser asignados por parte del Gobierno son absolutamente insuficientes. El Estado es responsable de todas las muertes que podrían haberse evitado y de las que sigue siendo posible evitar.

En este marco, se puede decir, que la “gran apuesta” del Gobierno son las vacunas. Sin embargo el nivel de vacunación es aún insuficiente y lento. Los reportes oficiales hablan que la primera dosis fue aplicada a casi 1 millón 500 personas mientras que la segunda dosis aún no llega al medio millón de personas. Es decir, cifras aún lejanas para la tan mentada apuesta a lograr la “inmunidad de rebaño”.

Frente a esta situación el Gobierno de Arce hace gala de las gestiones que viene haciendo para recibir la mayor cantidad de dosis de vacunas pero que lamentablemente la “escasez” de las mismas impide que se pueda avanzar con mayor velocidad y efectividad.

Como gran cosa, para el descargo, el Gobierno a través del viceministro de Comercio Externo, Benjamín Blanco, informó este martes que Bolivia planteó en una reunión del Consejo de los países firmantes de los “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC) que deberían empezar a trabajar un texto consensuados para la liberación de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Mientras debaten empezar a trabajar un texto, la Comisión Europea ya ha rechazado el pedido de liberar las patentes. Al mismo tiempo, una decena de países ricos puede bloquear de forma indefinida este debate en la OMC. Solo importan los negocios aunque sigan muriendo millones.

Todo esto pone en evidencia que se trata de una “escasez de vacunas” totalmente artificial, ya que con la tecnología existente se podría garantizar vacunas para todos, pero para eso es necesario afectar de una vez los intereses de los grandes capitalistas y poner la tecnología y todos los recursos existentes al servicio de salvar vidas. Los intentos de los llamados gobiernos progresistas de apelar a la “buena conciencia” son pura demagogia mientras en sus propios países mantienen la apuesta al “poder regulador” del mercado capitalista por lo que solo se salvan quienes tienen dinero para comprar una salud cada vez más privatizada.

¡Basta de impotencia y resignación! Nacionalización, sin indemnización, de todo el sistema de salud

Ante este dantesco escenario, hay que combatir la impotencia y la resignación a la que nos quieren llevar, transformando la bronca y el odio individual en una acción colectiva, movilizándonos para imponer recortes cada vez más profundos en el derecho de propiedad burguesa para destinarlos, en particular, a la salud y educación.

Hoy se hace necesario que las y los trabajadores nos movilicemos para exigir la nacionalización de toda clínica privada que mira primero su ganancia antes que la salud y vida de la población. Es urgente sobre la base de la movilización exigir la expropiación, sin indemnización, a los empresarios y mercaderes de la vida para centralizar todo en un sistema de salud único: clínicas, empresas farmacéuticas, laboratorios, empresas de oxígeno, etc.

Se debe denunciar también que estas clínicas privadas no respetan los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, mientras cobran fortunas por una cama de internación. Este personal de primera línea trabaja con contratos anuales o semestrales con lo que los dueños de estos negocios pretenden deslindar sus obligaciones laborales.

Por eso la nacionalización de las clínicas privadas debe ser puesta a funcionar bajo el control de las y los trabajadores de la salud, que son quiénes mejor conocen las necesidades y cómo administrar todos los recursos al servicio no de los negocios sino privilegiando la vida.

Frente a la absoluta precariedad en las condiciones de trabajo con la que la gran mayoría de las y los trabajadores de salud enfrentan la pandemia y llevan adelante sus vidas y las de sus familias es urgente establecer el pase a la Ley General del Trabajo de todos estos trabajadores, manteniendo las conquistas laborales de este sector. No puede ser que la gran mayoría de las y los trabajadores de enfermería, un sector que es además muy feminizado y que son la primera línea, trabajen en condiciones tan precarias.

Con respecto a las farmacéuticas debemos exigir al Gobierno el monopolio estatal del comercio exterior, para que no se genere la especulación y el crecimiento de sectores empresariales farmacéuticos quienes lucran y especulan con los medicamentos que se necesitan en esta tercera ola con un virus mucho más letal.

Las y los trabajadores, sectores campesinos, sectores populares que trabajan en condiciones muy precarias y de informalidad están siendo duramente golpeados por la pandemia, pero también con los despidos y cierres de sus fuentes de trabajo. El Gobierno no tiene ningún plan de subvención a estos sectores al contrario se niega a una cuarentena rígida precisamente para resguardar los grandes negocios empresariales.

¡Basta de lucrar con nuestras vidas, es urgente que la salud esté al servicio de salvar vidas y no los negocios de los empresarios de la salud!