El día de ayer, el ex sargento Carlos Alarcón, imputado por el asesinato del weichafe Camilo Catrillanca en Temucuicui prestó declaraciones ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.
Jueves 3 de diciembre de 2020
Son siete los funcionarios de Carabineros que están siendo imputados en el Caso Catrillanca por delitos como homicidio consumado, homicidio frustrado, apremios ilegítimos a un menor, obstrucción de la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación.
Carlos Alarcón, el ex sargento acusado de ser quien disparó la bala que terminaría con la vida del weichafe, está arriesgando 15 años de cárcel y prestó declaraciones el día de ayer ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en la cual expuso que desde el primer día del asesinato de Catrillanca los altos mandos y oficiales ordenaron a quienes llevaron adelante el operativo de ese día, a mentir ante la fiscalía.
“Y nos dicen: Ya muchachos, van a ir a prestar declaraciones a fiscalía, y tienen que decir que ustedes fueron atacados desde los lados del camino, que hubo fuego cruzado, que el tractor se cruzó en la línea de fuego”... “Y preguntan, ¿quién andaba con cámara?. Raúl Ávila de inmediato dijo “yo andaba con cámara” y de inmediato el Mayor Valdivieso dice “hay que eliminar esa huella”.
El operativo policial encubierto por un supuesto “asalto de un auto a tres profesoras”, que según un informe CIPER, efectivamente ocurrió (y había ocurrido un robo similar la semana pasada al asesinato), dio el pase para que el carro blindado J 040 con 5 funcionarios del GOPE (en ese entonces el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz, sargento 1° Carlos Alarcón, sargento 2° Raúl Ávila, cabo 1° Braulio Valenzuela, y el chofer que sería cabo 1° Gonzalo Pérez) ingresara al territorio de Temucuicui en busca del supuesto auto robado. Esta primera versión relataría que luego de un rato del aviso de ese supuesto robo protagonizado por “encapuchados con hachas y escopetas” (que sospechosamente nunca pudieron encontrar) el tractor que conducía Camilo Catrillanca acompañado por el menor M.P.C de 15 años se vería en medio de un enfrentamiento entre los supuestos ladrones y funcionarios del GOPE. Así fue como una vez más se utiliza el ya tan manoseado recurso de la “bala loca” para explicar un nuevo asesinato por parte de Carabineros.
Según CIPER, Camilo Catrillanca había sido investigado desde el 2017 e identificado como líder de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) que Carabineros apuntaba como “los responsables de la violencia en la Araucanía”. Sin embargo, a Camilo nunca se le pudo vincular con acciones “terroristas” o delitos comunes. Era perseguido e identificado por carabineros por ser un destacado dirigente desde que era estudiante secundario a los tenía 17 años, siempre en defensa del derecho del pueblo mapuche por su autodeterminación y en contra de la militarización del WallMapu.
(Foto del Parte de Informe policial secreto expuesto por CIPER)
El Caso Catrillanca fue la primera pieza que cayó para desencadenar la crisis profunda de legitimidad por la que aún atraviesa la Institución de Carabineros. Sin embargo, no es primera vez que llevan adelante montajes y que se alinean, desde los mandos más bajos hasta el mismo gobierno, para encubrir y justificar asesinatos, hostigamiento policial, persecusión política y operativos policiales de militarización desproporcionada contra comunidades con niños, ancianos y familias mapuche en el territorio del WallMapu.
Después de dos años la Institución no puede seguir sosteniendo este montaje, sin embargo a pesar de que la Justicia finalmente tenga que hacerse cargo de sancionar con pena de cárcel a los responsables materiales de este asesinato, aún existe impunidad con quienes son responsables políticos como el en ese entonces Ministro del Interior, Andrés Chadwick, que desde el primer día respaldó y reprodujo las mentiras de como se procedió en el caso. También el en ese entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, a quien Piñera le pidió su renuncia y que se fue en impunidad. Y el mismo Sebastián Piñera, presidente de Chile y responsable político de sus ministros y de la política criminal y represiva que sostiene la policía chilena en territorio mapuche.
A pesar de que ahora el gobierno y el Poder Judicial estén dando luces de justicia después de dos años de consumado el crimen, la línea represiva y de militarización por parte del gobierno en territorio mapuche continúa intacta. Ejemplo de esto fue la obstrucción y represión por parte del GOPE a comunidades y familiares de Catrillanca para que no pudieran asistir a la declaración oral que iba a prestar el ex sargento Carlos Alarcón.
