Esta semana los casos de residencias de ancianos afectadas por el coronavirus se han ido sucediendo a toda velocidad. Después de años de precariedad en el sector, ahora también nos toca vivir desde primera línea la crisis del Covid, pero lo tenemos que hacer luchando por medidas eficaces que nos protejan y por no acabar pagando nosotros.
Miércoles 1ro de abril de 2020
Soy Laia Forner, tengo 35 años y soy auxiliar de geriatría en una residencia pequeña de ancianos de Barcelona. Y sí, soy parte de esta gran masa de población que se ha quedado trabajando en tiempo de Estado de alarma.
Desde la última vez que escribí, los casos de residencias afectadas por el coronavirus se han ido sucediendo a una velocidad que da miedo, decenas de nuestros mayores han muerto y muchas de nuestras compañeras están infectadas. Las noticias empezaron a surgir a cuentagotas, pero el alarmismo mediático que las instituciones querían prevenir ya se ha instalado hace días. Está claro que en un sector tan vulnerable la pandemia no se podía hacer esperar mucho.
La situación de los abuelos y abuelas frente al Covid-19 es de lejos la más comprometida. Son el sector de la población que más está sufriendo el virus y dónde más bajas se están produciendo. Y ante esto han tenido que pasar días, semanas y decenas de muertes para que los centros geriátricos estén en el centro de la emergencia sanitaria.
Pedro Sánchez anunciaba hace días que las residencias privadas pasan a disposición de las Comunidades Autónomas para paliar la crisis sanitaria que impacta de lleno en los centros públicos. Entonces, ¿por qué todavía no ha salido ningún responsable político de sanidad en Catalunya para explicar cómo se hará esto?
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¿Porque entonces, tanto en las públicas como en las privadas, sigue sin llegarnos el material que nos hace falta? En muchas residencias las pasamos canutas para gestionar los guantes y hace días que llevamos las mismas mascarillas, exponiéndonos a nosotras mismas a ser las que acabemos infectando a nuestros abuelos. ¿Porque los EPIs disponibles son solo por cuando se detecta algún síntoma en lugar de prevenirlos? O peor todavía, en algunos centros el poco material del que disponemos está requisado por los propios gerentes, cuando las que nos jugamos la salud, minuto a minuto, somos las trabajadoras.
Además, muchas auxiliares trabajamos bajo la amenaza de que si surge algún positivo por coronavirus, tendremos que quedarnos en cuarentena en la residencia, exponiéndonos a una empeoramiento de la situación, puesto que desde hace días y debido al colapso sanitario no se está derivando a los hospitales los residentes que presentan síntomas. Si, muchos están muriendo a sus camas.
Y si, como ya sabemos, en lugar de paliar la crisis sanitaria, se han establecido criterios para seleccionar quién puede acceder a la UCI y a los respiradores disponibles, agravando la situación. Y esto está pasando desde hace días ¿Nuestros mayores se quedarán sin derecho a recuperarse, señor Sánchez? ¿Morirán por la mano que dicta el Gobierno y los responsables políticos en sanidad?
Todo esto, el colapso sanitario que estamos sufriendo, solo tiene un nombre y son los años de recortes en sanidad pública. Desde que llegaron los convergentes en 2010 el presupuesto del departamento de Salud pasó de casi 10.000 millones a 8.000 en solo tres años y en la sanidad pública, después de diez años, hay un 30% menos de camas y un 40% menos de quirófanos.
Mientras, el trato de favor a la privada ha sido brutal. Hoy Catalunya está al frente en cuanto a camas en clínicas privadas. Boi Ruíz, el que era consejero de Salud con Artur Mas, ha sido durando años el máximo dirigente de la patronal de la Salud. Con él, los seguros privados se han enriquecido en detrimento de la calidad del servicio de salud pública.
Entonces, si la sanidad pública se encuentra en esta situación, ¿qué podemos hacer en las residencias? un sector infinitamente más precario, tanto en las públicas como en las privadas.
Hay que decir también que con el boom de las residencias privadas, muchos lobbies empresariales se metieron dentro de este mundo viendo una oportunidad de negocio para enriquecerse a costa de uno de los servicios más básicos como es hoy en día el cuidado de nuestros mayores.
En muchas residencias, un sector altamente feminizado como el nuestro, se trabaja a destajo, con condiciones de explotación, casi sin descansos y por cuatro “duros” que no nos llegan ni para que nuestras familias lleguen a final de mes. Todo porque la empresa se llena los bolsillos a expensas de nuestros abuelos y sus familias.
Ante el colapso generalizado en la sanidad y para que nuestra situación de precariedad extrema en las residencias no se vea todavía más agravada, tenemos que organizarnos en comités de seguridad e higiene entre todas nosotras y luchar por medidas excepcionales.
En primer lugar tenemos que exigir que se nos haga el test del Covid-19 a todas las que trabajamos en residencias y a todos los residentes. Todos nosotros somos parte de la población de más riesgo frente al virus. Y que todas las residencias privadas pasen a ser públicas, sin compensación económica, y gratuitas para las familias que se encuentran actualmente sin recursos.
Que los gobiernos, central y autonómicos, pongan de forma efectiva e inmediatamente todos los medios de la sanidad privada a disposición de la pública. Hace falta con urgencia todo el material disponible, guantes, mascarillas, desinfectantes, EPIs, y ni hablar de respiradores artificiales y camas.
Pero para que todos los recursos de la privada y también de la industria farmacéutica esté al alcance de la sanidad pública, para que nuestros abuelos y abuelas también puedan acceder a la UCI y a los respiradores, es necesario que todo esto esté también en manos de comités formados por las trabajadoras y trabajadores sanitarios, que son quienes de verdad harán un uso adecuado, transparente y democrático. Sin cribas ni selecciones, solo porque el Estado se niegue a poner en juego los beneficios de las privadas.
Esta crisis no lo tenemos que pagar nosotras. Hace falta que se impongan impuestos a las grandes fortunas y que la banca devuelva los 40.000 millones del último rescate que todavía nos escuece. En ello nos va la salud de todas. Nuestras vidas valen más que sus beneficios.
