Sociedad. Nuestros ancianos, negocio de los buitres

El número de residencias total en el Estado español es de 5.417. De ellas, 1573, un 29%, son públicas y 3.844 privadas, un 71%. El territorio con mayor número de residencias es Catalunya con 1.002, de las cuales solo un 17% son públicas. Andalucía va en segundo lugar con 673 residencias, de las cuales un 23% son públicas. La Comunidad de Madrid figura en cuarta posición con 425 residencias, de las cuales solo un 16,94% son públicas, no llega ni siquiera al rácano 17% de Catalunya. Esto demuestra por los territorios afectados que las políticas de PSOE y PP han sido muy parecidas, igual de privatizadoras y neoliberales, en este sentido, dado que no hay grandes diferencias entre la mayoría de los territorios.

La falta de camas en el sector de las residencias públicas, con hasta 5 años en listas de espera, ha conseguido que el sector sea acaparado por los grandes holdings de inversión privada en busca de beneficios millonarios inmediatos, lo que por supuesto conlleva precariedad laboral y déficit asistencial.

El gran negocio de la atención a personas mayores en centros privados ya venía teniendo un crecimiento anual del 4% en los últimos años y en 2019 alcanzó la cifra de 4.500 millones de euros de facturación entre los aproximadamente 4.000 centros que gestiona la inversión privada, el 75% del total.

Rentabilidad de hasta el 20% para los 7 grupos que controlan el 17% del negocio

DomusVi es la principal operadora con 25.000 camas repartidas en sus 198 centros y es el resultado de la fusión de Geriatros y SARquavitae y a su vez propiedad del fondo de capitales británico ICG y el francés SRS.
Orpea, el segundo grupo del Estado, también de capital francés y sus residencias atienden a diario a 8.000 personas.

Amavir gestiona, incluyendo los centros de día, alrededor de 8.000 plazas. Pertenece al grupo Maisons de Famille, que a su vez pertenece al holding Creadev, propietario de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin y Norauto, entre otras.

Vitalia pertenece al fondo británico CVC Capital Partners, gestiona 6.000 plazas en todo el Estado y perspectiva de alcanzar las 10.000.

Ballesol, cuyo presidente ejecutivo es también presidente de AESTE, la principal patronal de operadoras de residencias del Estado (Eulen Sociosanitario, Caser, Sanitas Mayores, entre otros) y gestiona 7.000 plazas.

Tras estos imperios inversores tenemos a otros que vienen de sectores totalmente ajenos a la asistencia sanitaria como ACS, Sacyr, Eulen, BUPA, Santa Lucía e incluso entidades religiosas que no quieren perderse su parte del pastel.

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Se conforma así un complejo entramado financiero cuyo único fin es presentar cuentas de resultados a sus inversores, aunque para ello deban saquear por donde pisan, exprimiendo al máximo segmentos tan necesarios como la sanidad pública o la educación, mermando las condiciones de trabajo de los empleados, en su mayoría mujeres y reducir la calidad de los servicios públicos para obtener beneficios millonarios.

En muchos casos personas mayores murieron abandonadas y en soledad al no disponer las residencias, ni contratar urgentemente, al personal socio-sanitario suficiente, mientras crecían las bajas (6.000 sobre un total de unos 25.000 trabajadores) por la cadena de contagios entre el personal. Si no se contrataron más trabajadores cualificados para enfrentar la pandemia fue por los costes que ese gasto suponía en las residencias privadas o concertadas y la consecuente reducción de los boyantes beneficios que los grandes fondos de inversión vienen obteniendo durante el último período. Como siempre, sus beneficios por encima de nuestras vidas.

La criminal privatización de la sanidad y los servicios asistenciales ha traído una deficiencia sistemática y un vaciado progresivo de recursos. En la comunidad de Madrid, sus impulsores José M. Aznar, Esperanza Aguirre y el multimillonario Florentino Pérez han logrado dejar al sistema público prácticamente desnudo y consumando el fracaso catastrófico de la privatización de las residencias madrileñas y su modelo de estado de bienestar.

Mientras tanto, los propietarios cínicamente han argumentado que las residencias no son centros de atención médica sino solo de cuidados y aseguran que han tomado medidas. Pero la cruda realidad deja al desnudo la desidia capitalista.

Precarización, abandono y falta de recursos, el secreto para hacer “caja”

En una de las residencias gestionadas por Clece, la fundación Reina Sofia Alzheimer propiedad de Florentino Pérez, se estaba despidiendo a trabajadoras por denunciar la falta de materiales y medios. No había pañales o sábanas para atender a los ancianos debidamente, pasando en algún caso incluso días sin la debida higienización. La división de servicios de Clece es una de las más beneficiadas en la concesión de subcontratas y la privatización de Servicios Sociales. Administra guarderías públicas, servicios de limpieza y de catering para hospitales, albergues para personas sin hogar y para mujeres maltratadas, centros de día para personas discapacitadas y emplea a miles de cuidadoras para gestionar los servicios municipales de asistencia domiciliaria en ciudades como Madrid o Barcelona. Todos ellos sectores tremendamente precarizados.

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A finales de marzo Protección Civil y el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedió a desinfectar algunos de estos centros y los propios militares incluso habían encontrado ancianos totalmente abandonados y en condiciones extremas e incluso algunos “muertos en sus camas”, según declaró la ministra de defensa Margarita Robles.

Para colmo ahora Florentino pide ayuda a las administraciones con dinero publico para sus centros, ya que la muerte de ancianos afectó al numero de usuarios lo que le ha hecho perder ingresos, a pesar de que en el primer trimestre ganaron mas de 282 millones de euros

En otra residencia gestionada por Orpea CCOO hizo público un video en el que los empleados hablaban de “encubrimiento, chantajes y amenazas” por parte de la gerencia para ocultar que a pesar de que oficialmente solo había un fallecido por el virus, ellos creían que al menos 16 residentes habían muerto por un brote que duró 10 días.

Por una red de residencias públicas y gratuitas

No podemos permitir que las residencias de mayores sigan siendo un negocio para unos pocos.

Con el hastag #QuerellaResidencias y el lema “La vida de los mayores vale más que los beneficios de los fondos buitre”, la asociación Marea Residencias presenta en Madrid una querella apoyada por familiares de resident@s y trabajador@s contra Díaz Ayuso, Ruiz-Escudero y los directores de 10 residencias de la comunidad de Madrid y reclaman se promulgue una Ley de Residencias a nivel estatal con la creación de consejos de familiares en cada una de ellas, similares a las Ampas escolares para velar por los intereses de los más vulnerables.

Es necesario pelear por que todas las residencias privadas pasen, sin compensación alguna, a ser parte de una red de residencias públicas y gratuitas del Estado bajo control de su personal y de las familias de los residentes. Los que realmente conocen y velaran por las necesidades de nuestros mayores.