Entrevista. Nueva Constitución en Chile: qué se juega en el plebiscito de septiembre

El próximo 4 de septiembre, más de 15 millones de electores deberán pronunciarse por la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional. Este plebiscito “de salida”, es el último paso del proceso constituyente pactado en el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución rubricado en noviembre de 2019 por los partidos tradicionales de la derecha y la centroizquierda, y por el emergente Frente Amplio, liderado por el actual presidente Gabriel Boric, que tuvo el objetivo de intentar encauzar de forma institucional la rebelión popular de aquel año. El 4 de julio, la Convención Constitucional presentó el texto que será sometido a la opinión popular, y dos días después comenzó oficialmente la campaña por su Apruebo o Rechazo. A pesar de las enormes expectativas que concentra el nuevo proceso constituyente, no es claro su pronóstico. Para hablar de esto, entrevistamos a Elías Muñoz, editor de La Izquierda Diario en Chile.

LID: Finalmente la Convención Constitucional presentó el texto que va a ser puesto a consideración de la población en septiembre. Comparado con el mar de demandas que plantearon los distintos sectores en las calles durante la revuelta popular, ¿qué se conquistó y qué quedó afuera?

EM: El nuevo texto de la Constitución reconoce varios derechos que el pueblo venía peleando en las calles desde hace décadas, desde mucho antes de la revuelta, pero deja también muchos afuera, y sobre todo, deja en pie varios de los pilares odiosos del capitalismo chileno. Un derecho que se logró fue el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la lucha de las mujeres en Chile había conquistado la despenalización para casos de violación, riesgo para la madre o inviabilidad del feto. Esas luchas pegaron un salto al calor de la marea verde de Argentina, al igual que en el resto del mundo, y la nueva Constitución reconoce ese derecho sin restricciones. Otros derechos importantes que se conquistarían son derechos laborales fundamentales como el derecho a huelga, que hoy está restringido para el sector público, la negociación sindical por rama productiva, para la que habrá que implementar un nuevo código del trabajo, el derecho a la vivienda, al agua, derechos medioambientales, entre otros.

LID: ¿Qué pasa con el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, uno de los principales problemas puestos sobre la mesa durante la rebelión?

EM: Esa es una cuestión muy sentida. La educación secundaria en Chile es de muy mala calidad, y como la Universidad pública es de ingreso restringido -hay que hacer una prueba para entrar- es muy difícil para la juventud que estudia en escuelas públicas competir por las pocas vacantes que hay, y los que lo logran se ven obligados a endeudarse para poder pagarla o estudiar en universidades privadas con menor calidad y que funcionan como un negocio. Hasta ahora se había logrado que el Estado otorgue becas para paliar el endeudamiento masivo de estudiantes. Si bien la nueva Constitución establece el financiamiento basal del Estado, la juventud deberá seguir compitiendo por las pocas vacantes que hay, quedando afuera una parte importante por el elitista filtro de la prueba de ingreso, y deberá solicitar la ayuda estatal, que no es universal, para poder seguir sus estudios superiores.

LID: Uno de los emblemas relevantes de la Rebelión fue la bandera mapuche. Los pueblos originarios vienen planteando muy agudamente sus demandas, que incluyen la restitución de sus tierras ancestrales como la autodeterminación de sus comunidades. ¿En qué avanza el texto en ese punto?

EM: El texto reconoce a diez de los pueblos originarios que habitan en el país, su lengua, sus símbolos, su derecho a la autonomía y autogobierno. Sin embargo, no hay un reconocimiento de sus tierras ancestrales, sobre la que han avanzado y siguen avanzando las grandes empresas extractivas, sobre todo forestales. Este es un punto muy importante porque el nuevo texto constitucional no toca el esquema extractivista que expolia los recursos naturales y degrada el medio ambiente en forma masiva.

LID: Acá me das pie para otra pregunta, ¿qué quedó afuera en esta Constitución? El Partido Revolucionario de los Trabajadores, que impulsa LID en Chile y del que sos parte, es bastante crítico en este sentido, ¿cómo lo ven ustedes?

EM: Una de las grandes limitantes de la nueva Constitución es que deja en pie los principales pilares del capitalismo neoliberal chileno. Uno de ellos es lo que te decía antes, no se toca el saqueo de recursos naturales como el cobre y el litio, que seguirá en manos de las transnacionales y los empresarios dueños del país. Esto es clave, nosotros planteamos antes y durante todo el proceso constituyente que hay enormes recursos disponibles que podrían volcarse a la educación, a la vivienda, a la salud, a la preservación del medio ambiente, y todo tipo de políticas que beneficien a las grandes mayorías, pero hoy son apropiados por pequeños grupos empresarios nacionales y extranjeros, por eso planteamos que hay que nacionalizar esos recursos. Eso seguirá siendo saqueado por unos pocos.

LID: Los sistemas privados de jubilación y salud estuvieron en el ojo de la tormenta, de aprobarse el texto de la nueva Constitución, cómo quedaría eso?

EM: Las calles pedían el fin de las pensiones privadas, las AFP, que son un robo al bolsillo de los trabajadores. La nueva Constitución no pone fin a ese sistema, por el contrario, deja establecido que podrá cumplir un papel. Tampoco se establece el fin del negocio en la Salud. Se habla del fin de los seguros privados de salud (Isapre), que hoy son optativos frente al sistema público (Fonasa), pero la cosa no es para nada así porque el esquema privado seguirá operando a nivel de las prestaciones de salud, es decir, a través de clínicas, succionando una parte grande de los recursos del sector público. O sea, decidieron preservar las enormes ganancias de los especuladores y de los empresarios de la Salud.

LID: ¿Y en cuanto al sistema político, tan deslegitimado e impugnado por la población, en particular durante la revuelta?

EM: La nueva Constitución mantiene el actual sistema presidencial, que es muy autoritario. El Senado, que siempre ha jugado un rol conservador en el esquema parlamentario republicano, sólo cambiará de nombre pues la nueva “Cámara de las Regiones” mantendrá varias de las funciones de cámara espejo y moderadora de los proyectos que se emitan en diputados. Se incorporan cosas como la paridad de género, incluyendo la obligatoriedad de que las listas sean encabezadas por mujeres, o los escaños reservados para la población indígena, sin embargo son todas cosas que deberán ser establecidas por ley en el actual parlamento, donde la derecha tiene fuerza (50 % en el Senado y 43 % en Diputados) así que eso está por definirse. Una de las discusiones importantes fue la participación de sectores independientes en los procesos electorales y la posibilidad de que pudieran asociarse en listas, por el sistema proporcional que rige, pero eso fue obviamente rechazado por los partidos tradicionales, por lo tanto la participación de independientes quedará mermada.

LID: El PTR viene denunciando desde el comienzo que el proceso constituyente tal como fue negociado por el arco político desde Piñera a Boric no permitiría ir al fondo de la cuestión social planteada por la revuelta. ¿Cómo se expresó eso durante la Convención y cómo se refleja en su resultado?

EM: Como bien decías tú al principio, la Convención catalizó las enormes expectativas de cambio que se habían expresado en las protestas. Pero tras su elección, la Convención -que no era una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana- dio innumerables señales de respeto a los poderes constituidos del viejo régimen. Sesionó con presos políticos pese a que su ala izquierda junto a los familiares había señalado que no se podía escribir una nueva Constitución con presos. Emitió una declaración ratificando que era respetuosa de los otros poderes y sesionó largos meses alejada de las demandas de la rebelión. Luego operaron todos los mecanismos que habían sido pactados para obstaculizar los cambios más radicales, como el requerimiento de dos tercios de los votos para que sean aprobados los artículos o la imposibilidad de tratar ciertos temas como los pactos internacionales, que hacen a los intereses imperialistas en Chile. Ya finalizando su funcionamiento, un acuerdo entre la coalición del Gobierno de Boric y la izquierda de los movimientos sociales entregó la implementación de la nueva Constitución al actual parlamento dominado por la derecha y la Concertación. La Convención finalmente quedó alejada de las necesidades populares y de la agenda de octubre, lo que terminó abriendo camino al fortalecimiento de la derecha y la extrema derecha que, después de haber estado en terapia intensiva, hoy retoman la agenda con sus demandas reaccionarias. Millones de trabajadores, jóvenes y mujeres se han decepcionado y a un sector hoy lamentablemente les cala el discurso de la derecha.

LID: Yendo al plebiscito que se viene y la campaña que ya empezó: algunos sectores impulsan claramente el Rechazo, que pareciera ser mayoritario según las encuestas, mientras que los sectores que impulsan el Apruebo aparecen divididos. ¿Cuál es el panorama?

EM: La campaña por el Rechazo es impulsada por la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos, junto con la extrema derecha representada por el Partido Republicano de Antonio Kast. Recordemos que Kast compitió en segunda vuelta con Boric postulándose como un “outsider” de la política, intentando capitalizar por derecha el descontento con la clase política expresado por la población. El expresidente Sebastián Piñera es parte de este sector, aunque no lo ha dicho públicamente porque sus partidos ven que podría perjudicar más que ayudar la campaña por la impopularidad de su figura. Al Rechazo se han sumado importantes rostros de la ex Concertación, es decir, de la centroizquierda que gobernó Chile durante 20 de los 30 años impugnados por la rebelión popular de 2018. Este sector concentra el apoyo del gran empresariado, los sectores más reaccionarios y defensores de la herencia de Pinochet. Este sector viene haciendo una verdadera campaña del terror y fake news. Siguiendo los ejemplos de Bolsonaro y Trump, vienen invirtiendo montañas de dinero para difundir noticias falsas, difundiendo artículos inventados de la Constitución para que se vote Rechazo, pagando encuestas para posicionar al Rechazo como la opción más probable, y todo tipo de maniobras, al tiempo que aprovechan para reforzar sus valores reaccionarios.

La campaña por el Apruebo, por su parte, efectivamente está dividida en dos comandos. Por un lado, la del Gobierno. En este espacio conviven las dos coaliciones que lo componen: Apruebo Dignidad, liderada por el partido de Gabriel Boric (Convergencia Social) y que incluye también al Partido Comunista, y el grueso de los partidos de la ex Concertación, como el Partido Socialista y sectores de la Democracia Cristiana. Este sector está abierto a negociar las modificaciones que exige la derecha para moderar el actual texto si fuera aprobado. Es decir, en esa esquina del ring se encuentra la mayoría de la centroizquierda neoliberal, representantes del gran capital transnacional y parte del empresariado que tiene un discurso que busca calmar a los mercados y transmitir certidumbre para la continuidad de los negocios. Uno de los representantes más claros de este sector es el ministro de Hacienda de Boric Mario Marcel, un hombre neoliberal ligado al Partido Socialista, quien estuvo esta semana en Wall Street asegurando que los fondos privados de pensión (AFP) puedan seguir participando de este jugoso negocio (3 de las 7 AFP son de propiedad estadounidense) y dejando claro que el Gobierno de Boric está abierto a moderar aún más el acotado canon a la gran minería.

El otro comando de campaña por el Apruebo aglutina el ala más de izquierda de la Convención Constituyente, los llamados Movimientos Sociales Constituyentes y los sectores que quedaron de la Lista del Pueblo. Este sector, junto a las direcciones de los principales movimientos sociales del país como la Coordinadora Feminista 8M o el No + AFP constituyeron un comando diferenciado del oficialista.

LID: ¿Por qué este segundo sector hace una campaña separada por el Apruebo? ¿Qué diferencias plantean?

EM: Este sector considera que la nueva Constitución sería un piso mínimo para avanzar en más derechos, es decir, si el Gobierno considera que el texto es un punto de llegada y está dispuesto a moderarlo aún más, para este sector es un punto de partida. Lamentablemente tuvieron un papel muy alejado de impulsar y fortalecer la movilización en las calles, que era la fuente de su fortaleza, y terminaron contribuyendo a la pasivización del movimiento, que es lo que le dio aire a la derecha y a los sectores más conservadores. Lejos de los llamados a “desbordar la Convención”, se dedicaron a una práctica exclusivamente parlamentaria contribuyendo a la decepción de amplios sectores, lo que lógicamente abrió paso a la derecha y su campaña por el Rechazo.

LID: El Gobierno de Gabriel Boric, que viene con un fuerte desgaste a tan solo seis meses de asumido, tiene su destino muy ligado al de la nueva Constitución. ¿Cuál es la actual situación?

EM: El líder del Frente Amplio llegó al gobierno con una batería de promesas de reformas (tributaria, de salud y pensiones), sin embargo, antes de asumir pactó con la mayoría de los partidos de la vieja Concertación para que ingresen a su Gobierno, entregando cargos claves a reconocidos neoliberales, como Marcel en Hacienda. Este curso hacia al centro está marcado por una férrea disciplina fiscal y agenda de ajuste como pedía el gran empresariado y los organismos del capital multinacional, así como también de una agenda securitaria tomando varios proyectos represivos que no pudo completar Piñera. También se combinó con algunas concesiones menores y simbólicas, como el aumento del sueldo mínimo o una reforma tributaria que pone un poco más de impuestos a los empresarios.

Una de las tareas más de fondo en estos primeros meses de gobierno de Boric ha sido hacer el "trabajo sucio" que no pudo hacer Piñera. Mantener las calles sin movilizaciones. Mantener y extender la militarización del Wallmapu, las tres regiones que corresponden a las tierras ancestrales del pueblo Mapuche. También en el norte, para reprimir la migración, haciéndose eco del discurso xenófobo impulsado por la derecha. Sacar adelante los proyectos de la llamada “agenda securitaria” que implican más facultades represivas a la policía y los militares, como el proyecto de infraestructura crítica, que se cayó a último momento, pero había sido aprobado e impulsado por el propio gobierno. Ese proyecto permitía sacar a los militares a la calle a "cuidar" la infraestructura crítica que pueden ser hospitales, puertos, carreteras, es decir los lugares estratégicos de la clase trabajadora que se movilizaron en la rebelión. Parte de esto ha sido la línea permanente de criminalizar a las y los estudiantes secundarios que se movilizan -ahora en conjunto con trabajadores de la educación- por los enormes problemas de infraestructura de las escuelas, que no están acondicionadas para dictar clases con las medidas anti Covid. Por ejemplo, las aulas deben estar abiertas en pleno invierno a las 8 de la mañana, lo que hace que muchas niñas y niños se enfermen. Ahora anunciaron querellas contra esas y esos estudiantes.

En línea con esto, la campaña de los partidos de Gobierno ha consistido en dar señales de tranquilidad al gran empresariado de que la propuesta es moderada y da garantías para los negocios e inversión de los capitalistas. Así lo han reconocido sectores del capital transnacional, los partidos de la ex Concertación y la propia Michelle Bachellet, que participa de forma entusiasta de la campaña por el Apruebo y ya dijo que la propuesta constitucional "no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé". El objetivo es dar continuidad al Acuerdo por la Paz que pasivizó la rebelión, abriéndose a entregar nuevas concesiones a los poderes económicos. El expresidente Ricardo Lagos también se había expresado en el mismo sentido con su llamado a “Aprobar para mejorar”. Gabriel Boric finalmente sintonizó con esa línea y calificó el nuevo texto de "perfectible", confirmando que no tiene ningún problema en acordar "algunas de las modificaciones que se pueden hacer". En específico se proponen recomponer el Senado, limitando los derechos de los pueblos originarios, recomponiendo el odiado sistema judicial, reponer el derecho de propiedad sobre el agua, entre otros temas que molestan al gran empresariado.

En este marco de ajuste económico y muestras de moderación del Apruebo, difícilmente los derechos prometidos se transformen en realidad. Por el contrario, las condiciones de vida en amplios sectores del pueblo trabajador han empeorado. Eso explica bastante la actual situación del Gobierno.

LID: O sea que aún si se aprueba, sigue habiendo margen para seguir moderando la nueva Constitución. ¿Qué pasa si gana el Rechazo, se termina el proceso constituyente y queda vigente la vieja Constitución de Pinochet o se vuelve a buscar un nuevo texto?

EM: De ganar el Rechazo, queda vigente la Constitución de la dictadura. Sin embargo y producto del avance de la derecha y el Rechazo, los partidos tradicionales están en plena discusión sobre qué hacer, porque todos los partidos -salvo el Republicano de extrema derecha- reconocen que no hay viabilidad política de seguir con la Constitución de Pinochet. En este debate recientemente entró el Gobierno. Boric propuso que se debía convocar a un nuevo proceso constituyente en las mismas condiciones que estableció el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, esta propuesta dejó descolocada a la derecha, que venía a la ofensiva por el buen desempeño en las encuestas del Rechazo, que hoy está en declive, planteando que fuera el odiado Congreso o una Comisión de Expertos quien redactara la nueva propuesta. Con esa intervención de Boric, el Gobierno y el Apruebo han retomado terreno. Sin embargo, si gana el Rechazo, se necesitará un acuerdo con la derecha, pues habría que reformar la actual Constitución, con un quórum de dos tercios (mayoría calificada) o cuatro séptimos (mayoría simple) si se aprueba una reforma que impulsa la Democracia Cristiana y la Concertación para convocar a un nuevo proceso.

LID: Frente a este escenario, ¿cómo se puede avanzar en conquistar las demandas de Octubre?

EM: En el PTR queremos desarrollar un amplio debate entre las organizaciones sociales, políticas y personalidades que plantean que las demandas de octubre no han sido resueltas y que no confían en que esta institucionalidad las vaya a resolver.

El llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” fue la respuesta del régimen para desviar la enorme rebelión popular, que con la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, sintetizó la impugnación de las masas al viejo régimen. Fue una concesión desesperada ante el punto más álgido de la movilización, la huelga general del 12 de noviembre, donde la movilización callejera se proponía dar un salto. Con el Acuerdo, los partidos del régimen le salvaron el pellejo a Piñera, que pudo haber caído con la entrada en escena de la clase trabajadora organizada. La burocracia de la CUT y el Partido Comunista, que no estuvo sentado en la mesa del Acuerdo, se cuidaron de no convocar a ninguna nueva medida de fuerza para darle viabilidad política al desvío. Este es el camino que quedó obturado.

Para enfrentar la inflación y la recesión se necesitan medidas como la fijación de precios, salarios y pensiones acordes a la canasta familiar, el fin de los despidos, de las AFP y las pensiones de hambre. Los recursos están. Hay que avanzar en la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de las y los trabajadores y comunidades, particularmente el cobre, para financiar las urgentes necesidades sociales de las grandes mayorías, la restitución al pueblo mapuche de las tierras usurpadas por las grandes empresas forestales y el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.

Con todas las compañeras y compañeros que ven con profunda crítica este proceso constituyente, más allá de si votarán por el Apruebo de manera crítica y o si deciden anular su voto, queremos intentar desarrollar un pronunciamiento político y programático que enfrente al Rechazo de la derecha pero también las trampas del Apruebo, de forma independiente del Gobierno, para retomar “la agenda de octubre” y la lucha en las calles, fortaleciendo la auto organización.