Se discute en el Congreso de la Unión una nueva ley para reformular el proyecto de desarrollo científico y tecnológico que dice estar basado en el humanismo, pero ¿es eso cierto?
Miércoles 18 de enero de 2023
En diciembre del año pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Para dicha ley, reglamentaria de la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el discurso con el que ha entrado esta iniciativa dice que se establece una reingeniería a los posgrados de calidad para que sean apoyados especialmente aquellos que tengan como finalidad el interés público.
Además de que se habla de una perspectiva de derechos humanos donde se introduce el principio pro-persona y la interpretación, conforme está previsto en el artículo 1º, párrafos segundo y tercero de la Constitución, para decir que los recursos del pueblo deben destinarse a fines que mejoren el bienestar colectivo, para garantizar el derecho humano a la ciencia, mediante el fortalecimiento de la investigación para a garantizar el acceso universal al conocimiento, así como la implementación de la política científica. También, establecer bases equitativas para que todas las autoridades concurran en el financiamiento, en el desarrollo, en la consolidación y en la difusión del conocimiento.
Leyes homólogas
Este discurso está inserto en todo un proyecto de Estado impulsado por la 4T, pues la nueva iniciativa de Ley General de Humanidades aparece a la par del Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, que entre sus líneas establece que: “(…) el Plan y los Programas de Estudio reconocen el carácter nacional de valores, saberes, patrimonio ambiental, cultural y político que conforman el lazo social constituido desde la diversidad lingüística, histórica, intercultural, territorial, sexual y de género, cuyo soporte ético, político y social es la ciudadanía, desde donde se define la identidad nacional del Estado en su diversidad”.
En la parte de la Nueva Escuela Mexicana dice que para ésta: “la dignidad humana es el valor intrínseco que tiene todo ser humano, que es irrenunciable, no intercambiable, irrevocable e inviolable y que, por sí mismo, justifica el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos humanos y justicia social”. Así, el famoso “Humanismo mexicano” pregonado por AMLO se convierte en leyes, pero ¿es este humanismo lo que dice ser?
Las críticas
La LGHCTI desaparece el marco jurídico especializado para las ciencias. En ese sentido, una de las cuestiones más problemáticas es que, entre otras disposiciones, se establece que el personal de investigación es un servidor público (a secas), en los términos de cualquier otro en cualquier función de gobierno, sin la especificidad que corresponda a la naturaleza de su actividad. Lo que abre la puerta a la precarización laboral, como lo muestra el antecedente puesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la jurisprudencia P./J. 1/96, con la cual se pretendía incorporar a los investigadores de los Centros Públicos de Investigación (CPI) al régimen laboral de trabajadores al servicio del Estado, regulado por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en el apartado B del Artículo 123 Constitucional. Lo que buscaba era que estos investigadores se convirtieran en personal de confianza, con lo cual también se cortaba su libertad de investigación si es que ésta no estaba acorde a las líneas impuestas desde arriba.
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Por eso no es gratuito que en el artículo 78 de dicha ley se habla de que los humanistas científicos tendrán que desempeñar su labor con lealtad, pero ¿qué significa eso? Significa que la investigación científica y tecnológica tendrá que estar alineada completamente con las directrices del gobierno en turno, lo que pone en peligro el financiamiento de investigaciones que contradigan a la 4T, como el estudio del impacto ambiental producto de sus megaproyectos. Por otra parte, se establece una Junta de Gobierno del Consejo, que estará integrada por 13 secretarías del gobierno federal, incluyendo a las de Marina y de Defensa Nacional, lo que profundiza los rasgos de militarización de toda la administración pública.
En ese sentido, la propuesta de ley pone a los CPI directamente al mando de las secretarías federales, al ser coordinados por el Consejo, para quedar encargados a la “dependencia o entidad coordinadora de sector que corresponda”, como dice en su artículo 82. Así, quedan bajo el mando de órganos que no se caracterizan por un perfil científico, de modo que la democratización de la ciencia, tan pregonada por la 4T, no es real, pues los CPI se convierten en oficinas que pasan de estar en manos de las burocracias académicas a manos de la alta burocracia gubernamental.
Un antecedente de eso fue la desaparición del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y la creación del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), que pregonaba la resolución de problemáticas sociales y la necesidad de impulsar la investigación de conocimiento de frontera, mientras que, en lo real, se priorizan los mega proyectos que son tan destructivos con el medio ambiente (mientras que la LGHCTI pregona la defensa de éste), incluso extrayendo recursos económicos para alimentarlos, como con la refinería de Tula, Hidalgo, o el Tren Maya.
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¿Qué ciencia y qué educación?
La Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un intento de homologar la política de la 4T, en materia de desarrollo científico y tecnológico, con la Ley General de Educación Superior (LGES) y el nuevo Plan de Estudios de Educación Básica, que por muy progresistas que suenen en el discurso representan, en varios aspectos, la continuidad de la política de los gobiernos anteriores. Sólo que lo hacen con un discurso progresista.
Frente a eso, las y los trabajadores debemos pelear por el derecho a que nuestras opiniones sean realmente escuchadas, sobre la base de nuestras necesidades como mayorías. En ese sentido es necesaria la unidad de todos los sectores, para defender los derechos laborales y educativos.