En el marco del proceso de judicialización política que la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público llevan adelante contra el presidente Pedro Castillo, este martes la Fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó al Parlamento una denuncia constitucional orientada a destituir al presidente de la República.
Miércoles 12 de octubre de 2022
En esa perspectiva, y para crear las condiciones que justifiquen la presentación de esta denuncia constitucional que busca destituir a Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal, la Fiscalía de la Nación promovió y llevo adelante el allanamiento de las viviendas de seis Congresistas, así como de la hermana del presidente. Además, se detuvieron a diversos personajes cercanos al mandatario.
Envalentonados por los últimos resultados electorales regionales y municipales que favorecieron a sectores de derecha y de ultra derecha a nivel nacional, la Fiscalía de la Nación, sostenida en los grandes medios de comunicación, pusieron el pie en el acelerador y retomaron las iniciativas destituyentes del presidente Castillo.
Es por ello que desde las primeras horas del martes 11 de octubre, en un operativo conjunto y contando con un gran despliegue policial y mediático, la Fiscalía de la Nación allanó las oficinas y las viviendas de los seis congresistas de Acción Popular, a quien la prensa y la oposición política del presidente han bautizado con la denominación de “los niños”. Ellos son: Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo.
Como se recuerda, estos seis congresistas fueron acusados - por la hoy colaboradora eficaz Karelim López - de apoyar al presidente Castillo con su voto para evitar la vacancia presidencial. A cambio de ello, según denuncio la colaboradora en mención, dichos parlamentarios habrían recibido una serie de favores políticos por parte del ejecutivo, dentro de los cuales se menciona que negociaron obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando presidia este Ministerio el hoy prófugo Juan Silva.
Este operativo judicial que duro gran parte del día y que tuvo gran cobertura mediática, como suele ocurrir cada vez que la derecha y las instituciones judiciales atacan al presidente, también permitió el allanamiento de la casa de la hermana del mandatario donde, según informo posteriormente el mismo Castillo, se encontraba su madre recuperándose de una operación.
“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, dijo Pedro Castillo a través de su cuenta de twitter.
Además de ello, la Fiscalía de la Nación dispuso la detención preliminar por diez días de diversos ex asesores del presidente Pedro Castillo, como es el caso de Biberto Castillo, Auner Vásquez, Eder Vitón y Abel Cabrera.
También se ordenó la detención de Segundo Sánchez Sánchez quien es el propietario de la conocida casa ubicada en la calle Sarratea, en Breña. Este empresario, como se sabe, era muy cercano al presidente y colaboró con él en la campaña presidencial del año pasado. La Fiscalía también ha ordenado la detención por diez días en contra de Salatiel Marrufo, ex asesor del alcalde de Anguía José Nenil Medina y personaje cercano al ex ministro Geiner Alvarado.
En horas de la tarde y después de haber realizado todo este operativo judicial, la Fiscal de la Nación en conferencia para la prensa, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por, supuestamente, liderar una organización criminal.
En ese entender, la Fiscal Patricia Benavides, sobre quien pesan serios cuestionamientos por favorecer a su hermana quien se encontraría involucrada en delitos de narcotráfico, adujo que contaba con las pruebas para acusar al mandatario y que “Desde este momento es responsabilidad del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional”, la cual busca destituir al mandatario.
Queda claro entonces que el objetivo central de este operativo judicial y de la mencionada denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, es allanar el camino para la judicialización política del presidente, a quien la Fiscalía de la Nación acusa de presidir una organización criminal valiéndose para ello únicamente de las declaraciones de una serie de colaboradores eficaces.
Al margen que Castillo este o no involucrado en actos de corrupción, lo cual es muy probable como ocurre con todos los presidentes que gobiernan de la mano de los empresarios, lo que busca en realidad la Fiscal de la Nación con esta arremetida legal, es crear las condiciones jurídicas para la destitución de Pedro Castillo, de esa manera, empalma con la estrategia destituyente de un sector de la derecha y la ultra derecha parlamentaria que ya trato - en dos oportunidades - de vacar al mandatario y no logro reunir los votos necesarios.
Si bien Castillo, desde que piso palacio de gobierno, y debido a su estrategia de conciliación de clases se fue orillando cada vez más a la derecha, al grado tal que terminó renunciando completamente a sus tibias promesas de campaña y ahora gobierna siguiendo la línea del piloto automático neoliberal y en el marco de la Constitución fujimorista de 1993, no podemos perder de vista que un sector de la
derecha y la ultraderecha que tienen presencia en el Parlamento, además de los grandes medios de comunicación, no lo quieren, por eso, desde que inició su gestión han buscado desestabilizarlo utilizando para ello la figura de la vacancia presidencial, con lo cual no solo debilitaron significativamente su gobierno, sino que lo terminaron empujando más a la derecha.
Hoy, ese mismo sector, aupado en la Fiscalía de la Nación y percibiendo la debilidad del mandatario, arremeten contra Castillo y buscan oxigenar al Congreso para que sea este el que termine de darle la estocada final al presidente de la República, con lo cual se vuelve a abrir un nuevo capítulo de la turbulenta crisis política superestructural que se vive en el Perú, cuyo desenlace - por el momento – es incierto.
