El alcalde emitió un nuevo video donde dice haber descubierto irregularidades en CMDS. Trabajadores de la educación señalan que ya habrían denunciado estas situaciones con anterioridad. El ahora Ex SGE, Carlos Sanchez se desmarca del caso con un comunicado público. La pregunta es: ¿qué se viene ahora para la educación pública de la comuna?
Miércoles 31 de agosto de 2022
Una nueva polémica se desató esta semana en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS). Todo comenzó el pasado viernes, cuando el alcalde, Jonathan Velásquez, denunció -como ya es de costumbre- a través de sus redes sociales, un nuevo entramado en CMDS, donde, según su información, se habrían mal utilizado 1.800 millones de pesos, en pagos por trabajos que nunca se realizaron. En esta nueva denuncia mediática, el alcalde anunció que tomaría acciones contra los responsables de esta situación, lo cual se tradujo en la salida del Secretario General Ejecutivo, Carlos Sánchez, y la administradora corporativa, Alejandra Solar.
El problema de empresas contratadas por CMDS por servicios que no se cumplen, también facturas, e informes falsos por parte de contratistas, es un problema de larga data en CMDS, y ha sido denunciado en innumerables veces por los trabajadores de la educación, tal como ocurrió en marzo y abril de este año, durante las paralizaciones y movilizaciones que hubo por estos mismos motivos, ya que estas malas licitaciones afectan, sobretodo, el tema de infraestructura y mantención de las escuelas, liceos y jardines.
Durante la paralización educativa estos temas se trataron de exponer ante el alcalde, el cual se negó a una mesa continua de trabajo con los trabajadores de la educación, quienes se encontraban movilizados por el estado de sus escuelas. Al contrario, atacó de forma constante esta movilización de asistentes y docentes, llevando adelante funas, castigos y prácticas antisindicales, como lo ocurrido con la presidenta del SIPPE, Ivette Gareca, la cual busca despedir a través de una demanda por desafuero desde que terminó el paro.
Hoy, como ya es habitual, el alcalde busca el camino del sensacionalismo a través de redes sociales, informando falsamente a la comunidad de Antofagasta, y anunciando que él habría descubierto una nueva irregularidad respecto de esta empresa que habría cobrado pagos por servicios que no realizó. Lo cierto es que esta situación ya había sido denunciada con anterioridad por los trabajadores de la educación movilizados a comienzos del año escolar. También Carlos Sánchez, en un comunicado de descargo por su salida, señala que hay muchas imprecisiones en la información entregada por el alcalde, puesto que ellos el día 22 de julio se habrían reunido con Jonathan Velásquez para informar de esta situación, y que el día 25/07 se habría puesto la denuncia respectiva en tribunales. En su declaración, Carlos Sánchez también aclara que al comenzar el proceso de investigación se suspendieron las licitaciones con dicha empresa, por lo que el monto de 1.800 millones señalado por el alcalde finalmente nunca fue recibido por parte del gobierno regional (que es de donde vienen ésos recursos), y por ende, tampoco fueron utilizados. Es importante recalcar que sin presión y sin movilización de parte del sector educativo durante marzo y abril, ni la alcaldía ni CMDS se hubiese alarmado por este tema, como ocurre normalmente con estas licitaciones irregulares año a año.
Lamentablemente, la desinformación por parte del alcalde no ayuda en lo absoluto a solucionar esta crisis, más que sumar audiencia en sus videos. Tampoco ayuda el desentendimiento de los altos mandos de CMDS, como Carlos Sánchez, que durante años han mantenido la administración municipal de la educación en franca crisis de gestión y bancarrota financiera.
Al respecto de esta situación, Daniela Avilés, dirigente del Sindicato de Profesores y Profesionales de la educación nos señala: “CMDS prioriza sus contratos con empresas, pero nunca está en sus prioridades los niñas y niñas más vulnerables que atiende la educación pública, ni tampoco asegurar su derecho a una educación en óptimas condiciones. Es momento de pensar en una educación que esté a servicio de los hijos de la clase trabajadora, y para eso las comunidades escolares necesitamos un financiamiento basal y directo a nuestros establecimientos, y no seguir botando así millones y millones en empresas que usufructan de los escasos recursos públicos que tenemos”. También Patricia Romo, del CdP comunal indicó: “Estamos ante una crisis muy profunda de la educación pública, que va en franca decadencia a nivel nacional tras dos años de desfinanciamiento en pandemia; hace una semana vino a Antofagasta el Ministro de Educación, a reafirmar que la posición del gobierno es que la salida nuestra para toda esta situación de precarización es el traspaso a Servicio Local de Educación, pero las denuncias que vemos todos los días desde las ciudades donde se ha producido el traspaso (pagos irregulares de sueldo y bonos, despidos, deudas salariales y previsionales, menos presupuesto para las escuelas, inestabilidad laboral, etc), nos indican totalmente lo contrario. Lo que debemos hacer con todos los docentes y trabajadores de la educación es retomar las asambleas comunes para prepararnos ante todo esta grave situación.”
Por su parte, la concejala Natalia Sánchez (PTR), nos comentó: “Hay un cinismo de Velasquez y Sanchez al denunciar lo acontecido con la empresa que debía garantizar la infraestructura para retorno presencial de las escuelas G-111, D-121, A-15. Estos establecimientos fueron de los primeros en denunciar las condiciones en las que se encuentran haciendo clases, fueron trabajadores de la educación y estudiantes, quienes lo vivieron en carne propia en marzo, luego de 2 años de clases online durante la pandemia, levantando petitorios unificados que aún no han sido resueltos. El debate que se abre ahora es quiénes deciden sobre la crisis; hasta ahora la gestión municipal ha sido nefasta y ha significado constantes déficits presupuestarios, malversaciones de fondos como la de Karen Rojo, por un modelo que pone por delante los negocios de empresas contratistas antes que las necesidades del pueblo trabajador. Para poder enfrentar esto debemos pensar en un sistema diferente, partiendo de decisiones realmente democráticas como las que se harían en una asamblea comunal soberana, donde sindicatos de trabajadores de la educación y de la construcción podrían dar respuestas a las necesidades de infraestructura en educación, en conjunto con toda la comunidad.
