A casi un año de la primera huelga, los ex prisioneros políticos de la Dictadura vuelven a manifestarse mediante una huelga de hambre, para exigir reparación efectiva y justicia.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Lunes 25 de abril de 2016
En mayo del año 2015, un grupo de ex presos políticos de la Dictadura inició una huelga de hambre que se extendió cerca de tres meses a lo largo de todo el país, con decenas de personas en su mayoría de la tercera edad.
La huelga tenía varios objetivos, como lograr un aumento en las pensiones de los ex prisioneros e indemnización, pero también denunciar la impunidad que sigue existiendo para los violadores de Derechos Humanos.
El gobierno de Bachelet intentó invisibilizar por todos los medios esa huelga, señalando que no había temas pendientes. Tras el fuerte apoyo nacional e internacional, se vieron obligados a sentarse a conversar formando una “mesa de alto nivel”, tratando todo el tiempo de minimizar las demandas de los ex presos políticos. Además de eso, se desalojó a los huelguistas con violencia de la sede del Partido Socialista, se los reprimió en varias manifestaciones, entre otras cosas.
Finalmente, la huelga terminó con pocas conquistas, debido a la negativa del gobierno de entregar demandas mínimas. Esto, mientras se entregan pensiones millonarias a integrantes del Ejército, muchos de ellos condenados en violaciones a los Derechos Humanos.
Una nueva huelga de hambre
A casi un año de la primera huelga, la Coordinadora Nacional de x presos políticos Salvador Allende, comunica que retoman la huelga, debido al “incumplimiento” de lo acordado en esta mesa.
Señalan que la huelga se produce “ante la negativa de reparar de forma integral de acuerdo a lo suscrito internacionalmente por el Estado de Chile hacia las víctimas de prisión política y tortura del régimen”.
Se propone como medida una huelga de hambre de carácter indefinida desde el 18 de abril, como una forma de “conseguir de una vez por todas la reparación en justicia y de forma integral para todos y todas las víctimas de prisión y tortura de la dictadura cívico-militar de Pinochet”.
Los puntos del petitorio son: poner fin a los pactos de secreto, bajo los cuales los testimonios de los ex prisioneros no se pueden hacer públicos, y criticar la complicidad de la Concertación en estos pactos de silencio.
Exigen también la reparación “siguiendo las normativas internacionales suscritas por Chile en un marco internacional para todas las víctimas de prisión y tortura”, la “reapertura de forma permanente de la comisión calificadora de ex presos políticos”, ya que denuncian que muchas y muchos ex prisioneros no han sido calificados.
Las peticiones de los huelguistas exigen nivelar las pensiones, una indemnización para cada ex prisionero, mejorar el servicio de salud del PRAIS (Programa de Reparación Integral de Salud), becas de educación, entre otras peticiones.
Mañana lunes 25 los ex presos políticos se juntarán a las afueras del ex Congreso Nacional, en el centro de Santiago, a las 8.30 de la mañana.
Primeros apoyos
Desde el Comité de Huelga Catedral de Concepción se apoya la huelga de hambre y se señala al gobierno como responsable, por no cumplir los acuerdos y peticiones mínimas. Planrean, además, que están considerando también retomar la huelga y llaman a solidarizar con la huelga al conjunto de la población a nivel nacional e internacional.
No más impunidad, juicio, castigo y cumplimiento de las demandas
Las demandas de los huelguistas son más que justas. Por un lado, se trata de reparación efectiva, en derechos tan mínimos como pensión, salud o educación.
Más de fondo, lo que la huelga de los presos políticos evidencia, es la discusión sobre la impunidad y las herencias de la Dictadura que siguen existiendo en el país; impunidad que vemos en las escasas condenas y penas a violadores de Derechos Humanos, en la existencia de la cárcel especial de Punta Peuco, en que los militares tienen una serie de beneficios, en los pactos de silencio que permiten que aún no salga la verdad sobre los casos de detenidos desaparecidos.
Pero, también las herencias de la Dictadura, que se notan en la existencia del Código Laboral anti obrero, en desigualdad, educación y salud de mercado, etc. Cosas que las moderadas reformas del gobierno de Bachelet no cambian.
Hace falta luchar por juicio, castigo y cárcel efectiva para todos los violadores a los Derechos Humanos, como también para terminar con todas las herencias de la Dictadura.
