El martes 15 de diciembre fue allanada una nueva radio comunitaria, esta vez, Aukan de San Fernando, atropello que se suma a otros casos ocurridos este 2015 y que demuestra la vulneración y represión por la que pasan medios de comunicación independientes; en este caso emisoras radiales que “no cumplen” con las exigencias y requisitos que hacen las autoridades. Coincidentemente, son todos medios alternativos y críticos.
Viernes 18 de diciembre de 2015
Desde 1993 rige la Ley de Radios, normativa que ilegaliza, persigue y penaliza a radios comunitarias que no cumplan con los requisitos y exigencias establecidas por las autoridades y que no pueden ingresar al proceso de licitaciones que existe para las “radios de mínima cobertura”. Todo esto controlado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Ya van 22 años de persecución hacia radios comunitarias que nacen de la necesidad de informar e interpretar la realidad desde una visión crítica y distinta a los medios de comunicación tradicionales, dirigidos por la clase empresarial y los principales partidos políticos de Chile. Coincidentemente, todas las emisoras radiales que se han visto afectadas tienen voz crítica, han sido levantadas por profesionales que adhieren a “causas sociales”, por personas mapuche o políticamente contrarias al régimen actual.
La Ley de Radios penaliza y sanciona a aquellas emisoras radiales que lo hagan “sin autorización”- de las autoridades, claro, porque representatividad de la comunidad tienen- o en ausencia de concursos para licitar las frecuencias radiales, algo que incluso ha sido criticado por la OEA y la ONU, organismos que han calificado esto como un atentado contra la libertad de expresión.
El nuevo allanamiento afectó esta vez a la radio comunitaria Aukan, de San Fernando, a donde entraron efectivos de la PDI, requisaron computadores e implementos que utilizan los trabajadores como el transmisor. Además, se llevaron detenido al presidente de la radio, Francisco Orellana, vulnerando una vez más la libertad de expresión de medios alternativos e independientes. Esto corresponde a un “nuevo atentado contra los derechos civiles, contra los derechos humanos, a las garantías institucionales, a los tratados internacionales ratificados por Chile, y a la dignidad comunidad sanfernandina, que es el único comunitario que hay acá”, denunció Rodrigo Guerra, integrante de Aukan.
Este atropello represivo hacia radios comunitarias no es el primero de este año, pasó dos veces en enero con las radios La voz de Carahue, de La Araucanía y con la Radio Comunitaria La Victoria, de la histórica población de Santiago. A esto se suma el allanamiento ocurrido en febrero con la radio La voz de Branau, de Puerto Varas, y el que afectó a Radio Manque de Rancagua.
¿Por qué tanto temor de parte de las autoridades ante radios comunitarias o medios alternativos? ¿A qué se debe tanta represión hacia medios que ni siquiera tienen el alcance de frecuencia para llegar a millones de personas, como sí lo tienen los medios tradicionales? El problema aquí no es que “transmitan sin autorización”, es que son medios que no van con la línea editorial-ideológica de quienes gobiernan al país, ni de sus partidos políticos tradicionales, ni de sus medios de comunicación. Ese es el problema, que surjan medios independientes que critiquen a las autoridades, que cuestionen al sistema actual y que, por sobre todo, muestren la realidad que se busca ocultar.
Estas prácticas represivas hacen recordar a lo que ocurrió en Dictadura, cuando allanaron todos los medios de izquierda, tanto radiales, de prensa y televisivos; cuando asesinaron a periodistas, los encarcelaron y persiguieron a todos aquellos profesionales que se opusieron al régimen de Pinochet. Ahora no estamos en Dictadura, pero los resabios y la herencia se mantienen y se expresa en distintos ámbitos, como en este aspecto que afecta a medios alternativos e independientes.
Lo que se pretende es evitar que medios alternativos tomen peso, se masifiquen, tomen fuerza. Para evitar así que estos puedan dar voz y espacio a luchas obreras, sindicales, al movimiento estudiantil, al pueblo mapuche y sus reivindicaciones, a los derechos de las mujeres y diversidad sexual. Impedir que las personas se informen y enteren de otros hechos que ocurren en la realidad y que muchos medios tradicionales ignoran, porque si los sectores que cuestionan y salen a luchar por sus demandas toman fuerza y visibilidad, el régimen político y sus defensores inevitablemente se ven golpeados y pierden fortaleza.
En este sentido, es imperante que los medios alternativos e independientes solidaricen entre sí, se apoyen y denuncien estos ataques contra la libertad de expresión y la voz de los oprimidos. Los allanamientos y atropellos no quedarán impunes, no mientras existan voces dispuestas a dar esta batalla.
