Se hicieron públicos los proyectos de reforma del estado que quiere implementar el Gobierno. Disfrazado con discursos de productividad, se intenta avanzar en las condiciones laborales de los trabajadores de la administración pública nacional.
Patricio Abalos Testoni Redacción CABA - @ElPatoAT
Maryline Joncquel Ministerio de Justicia de la Nación/Agrupación Marrón Clasista
Lunes 16 de enero de 2017 13:58
Los trabajadores estatales seguimos siendo atacados con una nueva medida del macrismo. Bajo discursos de gerentes de recursos humanos, buscan volver a instalar en la opinión pública el consenso para llevar a cabo nuevos ataques a los trabajadores.
A principios del 2016, primero con el discurso de los “ñoquis” y la “grasa militante” y posteriormente con la idea de “modernizar” el Estado, realizaron 25.000 despidos en la administración pública, completando la ofensiva con paritarias muy a la baja en relación a la inflación.
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Este año no fue distinto e inició con despidos en los Ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo. Y desde la semana pasada asistimos nuevamente a la instalación del discurso de buscar mejorar la “productividad” para lograr la flexibilización laboral y el ajuste fiscal que pretenden.
El plan del macrismo
El 12 de enero se hizo pública en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa nº 12 que surge de la reglamentación del presupuesto votado para el 2017 por la cual se congelará durante un año la planta (permanente y transitoria) de la Administración Pública Nacional. Cabe recordar que el presupuesto fue votado por una amplia mayoría en Senadores por todos los bloques incluidos el Frente Para la Victoria (sólo 7 de 41 senadores votaron en contra). La normativa comprende aproximadamente a 208.000 personas y para llevarla adelante cada dependencia deberá enviar el detalle de los cargos ocupados existentes al 31 de diciembre de 2016.
A esta medida ya se le habían anticipado diversas declaraciones realizadas desde el gobierno con la asunción del nuevo ministro de Hacienda, Dujovne, quien manifestó al asumir la necesidad de “mirar muy finito” los gastos de los recursos del Estado. A ello no tardaron en sumarse algunos medios de comunicación para reactualizar su campaña contra los trabajadores estatales anunciando esta y otras medidas bajo el nombre de “Plan de Desburocratización y Reforma del Estado” el cual incluiría cursos de capacitación (que según el convenio de trabajo del empleo público ya existen), creación de nuevos concursos, la simplificación de trámites y lo “ novedoso”: evaluaciones de desempeño poniendo el eje en la famosa “meritocracia”, es decir mediciones de lo que desde el gobierno se llama “niveles de productividad” con un régimen de premios (mejoras salariales) y castigos (un eufemismo para decir despidos).
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Estas reformas del empleo público se enmarcan en el plan de ajuste que viene preparando e implementando el gobierno de Cambiemos para el 2017 contra los trabajadores con los proyectos de flexibilización laboral como el que ya fue acordado con el sindicato petrolero en Neuquén para la explotación de Vaca Muerta y que Macri busca extender a todo el país.
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El discurso de la meritocracia y la productividad no es nuevo para este gobierno de CEO’s que pretende manejar el Estado como una empresa. Pero este discurso no se sostiene cuando vemos los días de vacaciones que ya se ha tomado Macri, o la contratación de familiares y amigos, los pedidos religiosos de Bregman para enfrentar los incendios.
Lo que no queda claro es de qué manera se medirá la productividad de un trabajador estatal. Lo primero que surge como variable es el presentismo y el cumplimiento de los horarios sin respetar derechos adquiridos tal como lo demostró el despido de la trabajadora del Ministerio de Hacienda que fue despedida aduciendo “baja productividad” por tener jornada reducida por lactancia, por utilizar el lactario del Ministerio y por ausentarse por familiar enfermo (es mamá de una nena de un año).
También estos discursos apuntaron a la educación pública tanto con el intento de despedir a miles de trabajadores del Ministerio de Educación, así como anteriormente se atacó a los investigadores del Conicet o directamente faltaron vacantes para las escuelas de Capital Federal.
La realidad de los trabajadores estatales
Los trabajadores estatales sabemos qué significan estas medidas; reducir el gasto público siempre implica nuevos despidos y mayor precarización.
Según las estadísticas publicadas por la CTA Autónoma la semana pasada, basada en datos oficiales, y el trabajo realizado por la Junta Interna del INDEC, el salario real de los empleados públicos se vio reducido en un 8% durante el 2016; tendencia que venía del gobierno anterior, ya que desde el 2009 hasta el 2016 los salarios se vieron reducidos en un 21.3%. A su vez, a partir de los datos de la JI del Indec, la canasta familiar se ubica en $21.208 (para la Capital Federal), mientras que los promedios de los salarios no llegan ni a la mitad de dicho monto. A lo que se suma que a un 70% de la planta de trabajadores estatales nacionales no se le garantizar el derecho constitucional de “a igual tarea, igual remuneración”. Esto es producto de un Estado basado en el empleo público precarizado, con contratos que se renuevan anualmente sin garantizar la estabilidad laboral, con contratos de locación o tercerizaciones con universidades u ONG fantasmas, que no cumplen con derechos básicos como ART, vacaciones y aguinaldos entre otros. La precariedad trae como correlato en muchos casos el subempleo, siendo que muchos trabajadores deben sostener dos trabajos precarios para llegar a fin de mes.
Este gobierno no hace otra cosa que avanzar en la profundización de la precarización que ya viene del kirchnerismo. No solo no se pasa a los trabajadores a planta permanente sino que pretende que los nuevos trabajadores que se contraten estén más precarizados aún terminando con la dependencia laboral al Estado.
Los trabajadores estatales porteños ya conocen cómo funciona el Ministerio de Modernización, y durante los últimos años con estos discursos se achicaron plantas con despidos, aumentaron los contratos basura, las paritarias fueron siempre a la baja en relación a la inflación, se impugnaron junta internas que se organizaban (por ejemplo actualmente la Dirección general de Música y se persiguió a los trabajadores cuando se se organizaron.
¿Desburocratizar o elegir con quien negociar los ataques?
Si todos estos ataques pudieron avanzar, es gracias al rol de las burocracias de los sindicatos estatales, sobre todo UPCN. Andrés Rodríguez, Secretario General de dicho sindicato, dio una gran mano para poder avanzar contra los trabajadores, y por eso hoy es uno de los más cercanos a Mauricio Macri. Todo avance que se pretenda hacer, se sabe es previamente arreglado con la conducción de este gremio, y hasta hubo sectores en los cuales el propio UPCN realizó las listas de los despedidos.
Desde ATE se enfrentó a los ataques, aunque la mayoría de las veces de forma testimonial, y basado en qué sector dirigía el conflicto. La división entre ATE Nacional y ATE Capital provocó varias veces la paralización de conflictos, la multiplicidad de medidas pequeñas o la negociación a espaldas de los trabajadores. Por lo que se puede prever, las divisiones van a seguir existiendo, ya que hace poco la CTA sufrió una nueva fractura, y hoy hay tres conducciones.
Sin embargo desde los propios trabajadores se organizaron resistencias que impidieron los despidos como en los casos del Ministerio de Trabajo, de Agricultura o de Hacienda. Los mismos son ejemplos de que la propia organización de los trabajadores es la salida para enfrentar los intentos de ajuste sobre nuestros empleos.
Desde la Agrupación Marrón Clasista impulsamos a fines del 2015 cuando eran diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman por el PTS/FIT el proyecto de ley para que pase a planta permanente a todos los trabajadores estatales. Lamentablemente nunca fue tratado y terminó cajoneado.
A su vez desde la agrupación sostenemos la necesitad de la unidad de los sindicatos, no se puede permitir que intereses mezquinos dividan la lucha de los trabajadores, y por eso son necesarias las asambleas que abarquen a los afiliados de los distintos gremios así como a los no afiliados, con plenarios de trabajadores con mandatos votados en asambleas, y que desde allí se decidan los planes de lucha.
Lo que sí quedó claro el año pasado y el principio de este, es que los trabajadores estatales no estamos dispuestos a dejarnos avasallar y que somos miles dispuestos a resistir y a avanzar por nuestros derechos.
