El gobierno de Nicaragua, a través de su portal oficial, salió a reconocer la muerte de tres personas durante una dura represión contra estudiantes en la Upoli y la UNAN, durante la madrugada de este viernes en Managua.
Sábado 12 de mayo de 2018
Luego de una noche y madrugada de ataques contra los universitarios que resisten y mantienen la toma de las instalaciones de la Universidad Politécnica (Upoli) y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, por lo menos tres jóvenes han sido asesinados. Este hecho, aumenta la cifra de muertos a 50 víctimas desde que iniciaron las protestas durante el mes de abril trás el anuncio de la reforma a la Ley de Seguridad Social del gobierno de Daniel Ortega.
Tras la noticia, los campesinos de varios departamentos del país mantienen distintos bloqueos en solidaridad con los estudiantes atacados. Además se registran manifestaciones en diferentes departamentos en provincia y varios puntos de la capital Managua.
Por redes sociales, los estudiantes denunciaron la represión a manos de militares vestidos de civiles que, según afirmaban, “disparaban a matar” mientras intentaban avanzar y cercar a los estudiantes. Una de las víctimas fue identificado como Carlos Alberto Miranda, de 19 años, recibió un disparo en el corazón, lo que le provocó la muerte de forma instantánea.
Los acontecimientos se dan luego de la marcha nacional del 9 de mayo que, aglutinó a miles de personas en las principales poblaciones del país, y donde los estudiantes se unieron a la movilización bajo la demanda de la destitución de la actual dirigencia estudiantil, así como el cese a las hostilidades contra quienes han expresado su apoyo a las protestas sociales que se mantienen en las calles de Nicaragua. Dicha posición fue cuestionada por las autoridades universitarias, que se pronunciaron por la entrega inmediata de las instalaciones, sin ningún ánimo de establecer el diálgo con el sector descontento en las instituciones.
No solo el gobierno pretende dar un “cierre ordenado” a la actual crisis con su llamado al “diálogo nacional”-y bajo la intermediación de la Iglesia católica-, sino que es secundado también por las autoridades universitarias que apuestan a desactivar el movimiento estudiantil con un discurso de “alcanzar un clima de normalidad y ejercer las labores y quehaceres universitarios”.
La represión a la oposición que han ejercido los estudiantes es la respuesta del gobierno de Daniel Ortega que quiere imponer la trampa de un “diálogo nacional” bajo un escenario de hostigamiento, represión, detención y muerte para quienes se manifiestan. Por tal razón, los universitarios han demandado una investigación independiente y han rechazado a la actual Comisión de la Verdad.
El gobierno de Nicaragua declaró además que es la Iglesia católica la que definirá el inicio del diálogo para abordar la actual crisis que vive el país desde el 18 de abril, junto con los sectores empresariales. Al cierre de esta edición, la vicepresidenta Rosario Murillo, declaró que el mandatario, Daniel Ortega, espera el llamado de los obispos, para que sean ellos los que puedan determinar si “las condiciones están dadas para tal encuentro”.
La pérdida de legitimidad del gobierno de Ortega ante las masas nicaragüenses, hace que éste abra el paso a las fuerzas de la derecha reaccionaria y así, los patrones y la iglesia católica aprovechen la oportunidad para canalizar el descontento a su favor. Una salida que busca descargar en los hombros de los trabajadores y sectores populares la crisis provocada por la patronal y sus socios de las transnacionales extranjeras.
Como decimos acá los jóvenes que encabezan las protestas, junto a los trabajadores, los campesinos, y los pueblos originarios, no pueden permitir que los poderosos empeñen su futuro. Es vital sostener y profundizar la movilización en las calles, para enfrentar toda medida regresiva que ataque las conquistas del pueblo trabajador y de los jubilados.
Hay que extender la movilización conjunta de trabajadores, jóvenes y el pueblo pobre, unidos contra el gobierno de Ortega y la patronal, hasta imponer que sean los empresarios y los altos funcionarios quienes paguen la crisis del sistema de pensiones que ellos mismos provocaron. Para ello es imprescindible marchar con independencia de la derecha conservadora y proimperialista y sus voceros eclesiales.
