El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el gobierno ha destruido importantes evidencias y que existen irregularidades en varias diligencias ministeriales. El gobierno no les permitió entrevistarse con el Ejército.
Miércoles 19 de agosto de 2015
A casi 11 meses de la noche trágica de Iguala, Guerrero, en la que 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueran desaparecidos por policías municipales y otros órdenes de gobierno, el Estado mexicano sigue tratando de garantizar que el crimen quede impune.
Este lunes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron su informe. Desde marzo se encuentran en el país como parte de las presiones internacionales para esclarecer el paradero de los normalistas y aclarar los sucesos del pasado 26 de septiembre.
La PGR ha destruido importantes pruebas
Los integrantes de la Comisión de la CIDH señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada originalmente por Jesús Murillo Karam y ahora por Arely Gómez, ha destruido importantes pruebas.
Una de ellas es el video de una cámara de vigilancia que se localiza en el Palacio de Justicia de Iguala, que sin duda documentó la participación de las fuerzas represivas del estado en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa. La PGR no ha sabido dar cuenta de ese video.
Los expertos de la CIDH señalaron este hecho como “grave y preocupante”. Sin embargo, es parte de toda una política del Estado para garantizar la impunidad del crimen que se cometió contra los normalistas.
Irregularidades en la investigación oficial
En su informe, los expertos también anunciaron que varias diligencias tienen serias deficiencias. Por ejemplo las autopsias que se realizaron a los tres normalistas asesinados en el lugar de la agresión tienen diversas omisiones. Existen lesiones que no fueron documentadas en el informe que entregó el gobierno.
Además, muchas pruebas no fueron preservadas adecuadamente. La ropa que se encontró en el autobús en el que viajaban los estudiantes normalistas no fue resguardada. Hasta el día de hoy se encuentra amontonada y húmeda, lo que posibilita que muchas pruebas se pierdan. Así es como actúa la institución que afirma que brindará justicia en una de las investigaciones más vigiladas por la comunidad nacional e internacional. Habrá que ver lo que hacen con otros crímenes.
El Ejército: impunidad a toda costa
También denunciaron que la petición de entrevistarse con los militares del Batallón con sede en Iguala fue rechazada. Miguel Ángel Osorio Chong impidió a toda costa que los militares, el principal sostén del gobierno frente a la protesta social y la pobreza generalizada, fueran interrogados.
Los integrantes de la Comisión de Expertos de la CIDH anunciaron que el 6 de septiembre presentarán otro informe y ampliarán el tiempo de su estancia en el país para continuar con las investigaciones.
Mientras tanto, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales de izquierda se preparan para conmemorar el 11vo mes sin noticias del paradero de los normalistas, al tiempo que a nivel internacional se realizan actos de protesta por la impunidad con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha actuado frente a la masacre de estudiantes más trágica desde 1968. Hoy como ayer, es fundamental desplegar la más amplia movilización en todo el país, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas y enfrentar la represión y el ataque a las libertades democráticas, por parte del gobierno de Peña Nieto y las instituciones de esta democracia asesina del PRI-PAN-PRD.
