El Supremo Tribunal Federal se distanció del accionar del juez Moro y el Procurador General Janot pero no se pronunció por la cautelar que impide la asunción de Lula como ministro. ¿Qué indica esta reciente votación del STF que aparta a Moro de la causa contra Lula?
Leandro Lanfredi Trabajador petrolero | Rio de Janeiro
Sábado 2 de abril de 2016
El Supremo Tribunal Federal se distanció del accionar del juez en primera instancia Sérgio Moro, que llevaba adelante investigaciones contra el expresidente Lula, y del procurador general Rodrigo Janot, que se había pronunciado por el traspaso de las investigaciones sobre Lula al STF. Sin embargo, no se pronunció por la cautelar que impide la asunción de Lula como ministro. ¿Qué indica esta reciente decisión del STF que aparta a Moro de la causa contra Lula?
Luego de las declaraciones públicas del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio de Mello, que daban a entender que el impeachment basado en irregularidades administrativas (bicicleta fiscal) no tendría base legal, y de las declaraciones de Roberto Barroso, también juez del STF, que no veía en el vicepresidente Temer (PMDB) una alternativa de poder, el Supremo Tribunal Federal se distanció del accionar del juez Moro y del Procurador General de la República Janot y mantuvo el proceso judicial contra Lula bajo su jurisdicción . Al mismo tiempo, no se pronunció por la cautelar del juez Gilmar Mendes que impide la asunción de Lula como ministro. De este modo, sigue vigente la intervención del Poder judicial que impide la asunción en un cargo público de alguien que no ha sido condenado. ¿Qué indica la reciente decisión del STF, que se impuso por el amplio margen de 8 contra 2 votos?
La decisión de este jueves del STF es un capítulo más de la disputa entre tres posibles escenarios capitalistas. El primero, el de asunción de Lula como ministro y, con la popularidad de la que todavía goza, salvar al gobierno de Dilma y ganar la cantidad de votos de diputados suficiente para que detenga el impeachment y permita avanzar con nuevos ajustes, combinados con demagogia. El segundo posible escenario, el del impeachment, la destitución parlamentaria. El tercero, un golpe judicial que anule la fórmula electoral Dilma-Temer, seguido por la convocatoria a elecciones anticipadas, que podrían incluir elecciones a diputados, en el contexto de avance sobre el Congreso de la operación que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras, conocida como "Lava-Jato",.
La decisión fortalece la posición de Lula pero mantiene el impasse entre el "Que se quede" y "Que se vaya" Dilma Rousseff, al mismo tiempo que expresa la emergencia con más fuerza del Poder judicial como árbitro de la situación política.Esta ubicación le permite dejar abierta la puerta de la tercera modalidad del “golpe institucional” mencionada: la anulación por la vía del Tribunal Superior Electoral (TSE) de la fórmula Dilma-Temer, convocar a nuevas elecciones presidenciales y formar un nuevo gobierno más funcional a los ajustes y de relación más “carnal” con el imperialismo.
El poder judicial, entre los partidarios de posponer la decisión final y los defensores del ataque frontal
El Poder judicial y las fuerzas represivas involucradas en la Operación Lava-Jato venían mostrando una unidad inquebrantable, desde la Policía Federal (PF) a la fiscalía (MPF) y el Supremo Tribunal. Dos acciones del juez Sérgio Moro quebraron esta unidad: la primera, el escandaloso traslado por la fuerza de Lula a declarar. La segunda, más grave, fue la divulgación de escuchas telefónicas de conversaciones entre Lula y Dilma, consideradas ilegales según uno de los jueces del STF, Teori Zavascki
El juez Moro fue criticado públicamente por la influyente revista de las finanzas imperialistas The Economist, por uno de los grandes medios nacionales, el diario A Folha de S.Paulo, además de diversos juristas y por jueces del Supremo Tribunal. La divulgación realizada por el juez Moro no es parte de sus atribuciones ni jurisdicción sino que corresponde al STF. Esto lo obligó a pedir disculpas, reconociendo el carácter arbitrario del procedimiento que había adoptado pero manteniendo las acusaciones contra Lula.
Advertido, el juez Moro fue más cauteloso con los nombres citados en las delaciones de los "arrepentidos" directivos de la constructora Odebrecht, y decretó la confidencialidad de la lista, aunque divergiendo en la táctica llevada adelante por la PF.
El procurador general Janot, por su parte, intentó una solución “salomónica” que permitía la asunción de Lula, al mismo tiempo en que mantenía el proceso a cargo de Moro, dándole carta abierta para detener a un ministro si quisiese.
La decisión del STF de ayer mantiene el proceso en sus propias manos y a Lula sin asumir como ministro hasta que se decida sobre la medida cautelar de Gilmar Mendes que se lo impide. Una solución que va en el sentido de fortalecerlo como mediador informal, al mismo tiempo que asegura que su posible prisión no sea inminente.
La mayoría del STF tomó esta resolución que si bien posterga la decisión final es, en lo inmediato, favorable a Lula. Según analizan algunos especialistas, la motivación del STF podría tener el objetivo de respaldar a uno de los ministros, Teori Zavascki, bajo el argumento de que los escraches sufridos por él y su familia fueron contraproducentes a los partidarios del impeachment. Otra motivación podría ser el fortalecimiento del mismo STF como el poder máximo que arbitrará en esta crisis, ya que en la práctica el Tribunal adoptó una postura que es afín al fortalecimiento de negociaciones, lo que favorece el escenario de la asunción de Lula como ministro.
Algunos fundamentos de los votos dieron a entender que, llegado el momento, también serán votos a favor de aceptar a Lula como ministro. Sin embargo, no se puede hacer una lectura mecánica y trasladar automáticamente estas votaciones, a las que lleve adelante el Tribunal Supremo Electoral. Ni saber cuánto tiempo más el ministro Teori Zavascki mantendrá en espera los procesos que están bajo su custodia y elaborará los informes finales de aquellos casos en los que los acusados tienen fueros de privilegio o no, como es el caso de Lula.
A diferencia de los petistas que están celebrando estas recientes decisiones afirmando que finalmente el STF se mostró como un órgano independiente de la “República de Curitiba” (en alusión a la jurisdicción del juez Sérgio Moro), entendemos que el STF ha dado señales de buscar mantener y ampliar las negociaciones en el escenario político, sin decidirse en forma terminante para uno u otro lado. Actuó para que los “bandos” políticos negocien, preservándose y fortaleciéndose como árbitro.
Puede haber divergencias importantes dentro del “Partido judicial”. Sin embargo, hay convergencia en el objetivo de fortalecer el Poder Judicial como árbitro y poder “blindado” de esta democracia cada vez más degradada. Siguen sin respetar la Constitución, al sostener la cautelar del ministro Gilmar Mendes, y mantienen las críticas al accionar del juez Moro sin desmontar el enorme aparato jurídico-represivo de Curitiba. Surgen divergencias importantísimas sobre qué hacer frente a la operación Lava-Jato y la crisis del país, pero no sobre cómo limitar su poder de árbitro.
La fuerza del Poder judicial y de la Policía Federal es una señal de mayor decadencia de esta democracia. Respaldados por los medios y en diálogo directo con la clase media acomodada, son dioses intocables y personajes milimétricamente construidos, como Moro, siempre listo para entrar en escena. La “vitalidad” de esta democracia es mostrarse ajena al pueblo, “por encima del bien y del mal”, represiva. La intencionalidad del Supremo Tribunal Federal es ubicarse como árbitro y, al mismo tiempo, buscar una salida más negociada entre los actores en conflicto, no arrojar más leña en lo que ya es un incendio, como dice el juez del Supremo Marco Aurélio de Mello.
¿A quién le interesa la negociación? ¿Retrocederán los tucanos (PSDB) de un botín tan palpable? El actual vicepresidente Temer (PMDB) cruzó el rubicón, se lanzó a su suerte y no tiene retorno posible. Marina Silva, del opositor partido REDE, no está interesada en formar parte de un gobierno de Temer y juega por fuera para fortalecer la tercera vía (TSE) . La clase media acomodada no obedece ciegamente a sus representantes históricos, como el excandidato presidencial Aécio Neves y el actual gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, ambos del PSDB. El PT logra recoger apoyo apelando al justo sentimiento “de defensa de la democracia” para darle apoyo popular a Lula y Dilma pero este apoyo no es suficiente para lograr construir una nueva hegemonía, mucho menos en tiempos de recesión y sin perspectiva fácil de salida a la crisis.
Cada partido se fracciona, los egos crecen. Es una oportunidad divina para cada político profesional. ¿Quién tiene autoridad para imponer la negociación? Aparentemente, nadie. El intento del Supremo Tribunal Federal de forzar negociaciones solo posterga la decisión del impasse en favor de alguno de los tres escenarios de ajustes.
La gobernabilidad y el régimen de la Constitución de 1988
Ningún orden social abandona su existencia sin agotar sus posibilidades, decía Marx. Hablaba del capitalismo, pero la idea sirve para pensar la democracia de balas y sobornos que fue construida luego de 1988 en una Constituyente tutelada por los militares y su transición “lenta, segura y pacífica”.
En el cortocircuito del actual régimen, con el sistema de partidos en crisis, crisis de representatividad entre representados y representantes y las tendencias a acciones de masas que el PT no logra contener, como ocurrió en Junio de 2013, lo que esta democracia tiene para ofrecer son más sobornos y negociados. La redistribución de ministerios tras la salida del PMDB del gobierno de Dilma no se hace porque un sector no quiere abandonar el gobierno. El plan Temer-Serra, no avanza en medio de un intenso debate sobre el peso que los tucanos podrían tener en ese gobierno. El expresidente Fernando Henrique Cardoso afirma que quiere discutir “ideas e influencia”. En esta democracia esto significa: Banco Central, empresas estatales, ministerios…
Los dos intentos seniles de esta democracia de asegurar con cargos la gobernabilidad de Dilma o en el futuro la de Temer son igualmente viables e igualmente insuficientes. Dilma y Lula pueden lograr un número suficiente de diputados para detener el impeachment pero de ahí a lograr gobernar hay una larga distancia. Lo mismo vale para las tratativas del impeachment, y de forma agravada, pues no se sabe si alcanzarán el número de votos suficientes y, suponiendo que lo logren en la Cámara de Diputados y en el Senado, cómo se gobernaría en un país en el que la clase media acomodada no acepta siquiera a los tucanos, como se vió en el rechazo que sufrieron sus figuras en la movilización de la derecha, en la principal avenida de la capital paulista. Cómo se gobierna con un “movimiento democrático” que salió a las calles con una base principalmente de clase media y trabajadores del Estado. Con el plan A o el B, estamos en un impasse y tendencias a mayores conflictos. Con el plan A o el B la burguesía requiere mayores ajustes y no hay previsiones de mejoras en la economía que faciliten su implementación. En este callejón sin salida, el poder judicial está siempre al acecho.
Desatar la fuerza de la lucha contra los ajustes, el impeachment y el golpe judicial
En medio de estasituación política nacional hace falta un movimiento real, que saque el foco de los juegos palaciegos y los intentos del PT de reconducir el sentimiento “en defensa de la democracia” hacia el apoyo a su gobierno de ajustes. Hace falta una respuesta a izquierda que unifique el conjunto de la izquierda para luchar contra el impeachment, el golpe judicial y los ajustes del gobierno del PT.
Una izquierda que no se encolumne detrás de Sérgio Moro y las salidas funcionales a la derecha como las “Elecciones generales” que sostiene el PSTU y algunas corrientes del PSOL, pero tampoco deje de lado la exigencia a la burocracia sindical como hace la mayoría del PSOL y las otras corrientes. Si la izquierda se une detrás de estos ejes podría exigirle a la CUT y a las otras centrales sindicales que abandonen su subordinación al gobierno del PT e impulsen un plan de lucha contra los ajustes de “su” gobierno y los diferentes golpes institucionales. Esta es la batalla que el Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT) está llevando adelante en los lugares de trabajo y estudio y es parte del plan de luchavotado por los trabajadores de la Universidad de San Pablo, exigiendo a su central sindical CSP-Conlutas que se posicione de este modo.
Traducción: Liliana O. Caló
