El pasado 12 de marzo se presentó el reporte de la OCDE “Getting it Right” (Haciendo lo correcto). Entre otras medidas para profundizar la explotación y el saqueo propone una reforma fiscal que amplíe aplicación del IVA, el aumento de edad jubilatoria y de aportes de trabajadores a pensiones.
Jueves 15 de marzo de 2018
1. El documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), parte de reivindicar el Pacto por México –signado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática–, que sentó las bases para imponer las reformas estructurales, entre ellas la laboral, la energética y la educativa. Todas medidas que tienen como objetivo la profundización del saqueo de recursos, la precarización laboral y el ataque a los sindicatos.
Así es que frente a las próximas elecciones presidenciales de 2018, la orden de la OCDE –creadora de varias de esas reformas– afirma “es muy importante que el próximo gobierno de México parta de la base de las reformas implantadas, las ajuste, las mejore y las complemente con una segunda ola de reformas en distintas áreas de política pública.”
2. En el capítulo de “Fortalecimiento de la política fiscal en México”, la OCDE plantea que la reforma fiscal de Trump podría perjudicar las inversiones en México, incluyendo las maquilas y esto reduciría el pago de impuestos de estas empresas.
Propone reducir la carga impositiva de las empresas (nacionales y extranjeras) y compensar esta pérdida de ingresos fiscales “ampliando la base del IVA, eliminando exenciones de IVA o limitando hasta el máximo nivel posible la aplicación de tipos reducidos de IVA.” Es decir, aumentar los impuestos al consumo, incluso de productos de la canasta básica, que perjudica especialmente a la clase trabajadora y a los sectores populares. Esto al mismo tiempo que se ofrecen incentivos fiscales para la inversión privada en las Zonas Económicas Especiales, el más reciente plan de saqueo que empezó a implementar Peña Nieto.
3. Respecto al capítulo “Fortalecer la gobernanza pública”, una de las órdenes de la OCDE es introducir juicios orales para todos los casos civiles y comerciales y otra es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), una medida gatopardista que se mostró impotente para frenar la voracidad del saqueo de las arcas nacionales por parte de los altos funcionarios. Así lo demuestra la proliferación de escándalos de gobernadores acusados de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado, como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval y Roberto Borge, entre muchos otros.
4. Otra de las órdenes de la OCDE, expresada en el capítulo “Fomentar el desarrollo regional” es impulsar la inversión en infraestructura en los estados, lo cual incluye la contratación de trasnacionales como OHL –que protagonizó un escándalo de corrupción internacional– y grandes empresas constructoras nacionales como Grupo Carso, de Carlos Slim.
En el mismo capítulo se enuncia la crisis de la vivienda y la falta de planeación urbana, que redunda en “baja productividad”, ante la cual propone la “eliminación de obstáculos para el desarrollo del mercado de arrendamiento”, que incluye medidas como eliminar la carga impositiva sobre las propiedades en alquiler, un beneficio para quienes viven de la renta inmueble.
5. Respecto al capítulo “Elevar la calidad y la equidad del sistema de educación y competencias”, la OCDE reivindica la adaptación “del sistema formativo a las necesidades del mercado laboral, mediante una mayor participación del sector privado y un aumento de la oferta de prácticas profesionales, programas de educación y formación profesional y técnica.”
Esto implica la promoción de las carreras vinculadas a áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como la subordinación de los planes de estudio a las exigencias de las empresas, un paso más en el alejamiento de las necesidades de la mayoría de la sociedad. A su vez, el organismo ordena que se avance en la implementación de la reforma educativa, que ha sido resistida por amplios sectores del magisterio.
6. En el capítulo “Reformar el mercado laboral y las políticas sociales” en el documento de la OCDE se reconoce el alto porcentaje de trabajadores que laboran en la informalidad. La solución que propone a este problema es “una estrategia integral para combatir la informalidad se debe basar en tres pilares: aumentar los beneficios de la formalidad, reducir los costos de la formalización y mejorar los métodos de cumplimiento”.
¿En qué consiste esto? En el subsidio a los aportes patronales por los primeros diez años que un patrón dé de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus trabajadores. Este beneficio va desde 50% en el primer año hasta el 10% en el décimo, y se da a través del Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS.
7. Párrafo aparte, en el mismo capítulo, se aborda la cuestión de las pensiones, donde se señala que “en el mejor de los casos una tasa de contribución del 6.275% puede llevar a una tasa de reemplazo de sólo 26% para un asalariado promedio por toda su carrera profesional, la segunda tasa de reemplazo más baja de los países de la OCDE.” Y atribuyen este resultado al “bajo” porcentaje de la tasa de contribución.
La orden: establecer una contribución media del 13 al 18% durante 40 años, y así llegar a una tasa de reemplazo del 50% del salario. Así se extendería la edad jubilatoria aun más, llevaría a una reducción salarial de los trabajadores activos, y la pensión llegará cuando estemos al borde de la tumba, si es que llega. Se trata de una medida alineada con la reforma de pensiones a la que apuestan las trasnacionales y los gobiernos, similar en Brasil, en Argentina y en otros países.
Mientras, las afores podrán disponer de mayores fondos para la especulación, como lo hicieron los directivos del Pensionissste con la compra de acciones de la empresa ICA cuando ésta ya estaba en venta en 2015. Una operación que implicó la pérdida de 406 millones de pesos de fondos de ahorro para el retiro a los trabajadores del Estado.
8. En el mismo informe, la OCDE pide “Sacar el mejor provecho de las recientes reformas para fortalecer la competencia”. Exige “continuar con la liberalización en las áreas de energía y telecomunicaciones y evitar retrocesos en sus marcos institucionales”. Es decir, la reforma energética y la de telecomunicaciones son inamovibles según los intereses de este organismo internacional y las trasnacionales. Así es que propone fortalecer la ley general de competencia para abrir los mercados de contratación pública a las empresas de capitales extranjeros, y eliminar el impuesto especial sobre los servicios de telecomunicaciones, un guiño para las empresas del sector.
9. En cuanto a la cuestión ambiental, la OCDE considera que “México está en quinto lugar de 142 países en términos de riesgos hídricos generales futuros, y en segundo lugar entre los países miembros del organismo”. Y una de las más peligrosas medidas que ordena es “estimular la participación pública para una política hidráulica más incluyente… y ofrecer mecanismos para que los grupos de interés intervengan activamente en la toma de decisiones”. Es decir, garantizar que las trasnacionales puedan explotar el líquido vital a su antojo, como en el caso de Constellation Brands en Mexicali.
Éstos son los lineamientos del ataque contra la clase trabajadora y los sectores populares que la OCDE ordena al próximo presidente de México, cualquiera sea su partido. Para enfrentar esta nueva ofensiva imperialista es para lo que tenemos que prepararnos.
