En el año 2011 nueve gendarmes golpearon y humillaron a un menor de edad. La fiscalía pide la elevación a juicio oral contra los imputados.
Alan Gerónimo @Gero_chamorro
Viernes 22 de septiembre de 2017
Nueve gendarmes que desempeñaban funciones en el “Operativo Cinturón Sur” lanzado en el año 2011 y dispuesto por la ex ministra de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, Nilda Garre en las zonas más pobres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están por ser enjuiciados por vejaciones a un adolescente de 15 años.
Matías Antonio Villalba, Héctor Waldemar Ávila Panario, Ismael Ricardo Bravo, Miguel Alfredo Sosa Olmos, el alférez Ángel Adrián Toloza y los gendarmes Carla Fernanda del Valle Chocobar, Antonio Gilberto Colman, Alejandro Celestino Jaime y Silvio Dario Piriz, son los imputados de la Gendarmería Nacional, todos cabos de dicha fuerza.
Los hechos
El sitio Fiscales.gob.ar relata que “el 11 de septiembre del 2011 el adolescente de 15 años salía de un locutorio ubicado en la calle Av. Riestra y Laguna del barrio de Flores. Alrededor de las 20:30 h un móvil de la Gendarmería en el que viajaban Villalba, Ávila Panario y Del Valle Chocobar, intentó interceptarlo. Al darle la voz de alto y apuntarle con un arma, el joven se asustó y comenzó a correr, lo que motivó una persecución a la que se sumó Jaime, a pie”.
El expediente acredita que: “Ante ello, el joven ingresó a la vivienda de una pareja conocida -ubicada en la Villa Fátima, sobre la Avenida Riestra- seguido por Villalba, quien lo redujo, le colocó las esposas y lo sacó hacia el exterior. En ese momento llegaron Bravo, Sosa Olmos, Piriz y Toloza, quien ordenó el traslado del joven hacia el destacamento “Espartano” de la fuerza –que no estaba habilitado para alojar detenidos- en la intersección de las calles Ana María Janer y Mariano Acosta”.
“Una vez en la base de patrullas, la víctima fue alojada en un cuarto sin techo, donde diversos oficiales le propinaron una golpiza con puños, pies y cachiporras. Asimismo, en todo momento lo obligaron a no mirarlos y le taparon la cara con una campera, a fin de que no los identificara. Finalmente, y luego de tres horas de estar en el destacamento, el joven fue conducido al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, imputado por el delito de resistencia a la autoridad” se detalla.
Ante la investigación que empezó por el “delito” de “resistencia a la autoridad” a cargo del responsable del Juzgado Nacional de Menores N°7 ordenó la extracción de testimonios en virtud de que el joven presentaba lesiones en su cuerpo.
A su vez la Directora del Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, remitió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la denuncia efectuada por el menor, respecto a que las lesiones que presentaba habían sido causadas por agentes de la Gendarmería cuando lo detuvieron.
A partir de las pruebas recolectadas la fiscal pudo identificar a todos los gendarmes involucrados en las vejaciones hacia el menor de edad.
Se determinó que “el cabo Villalba –quien se encontraba a cargo del móvil 336, en compañía del cabo Héctor Ávila Panario y la gendarme Carla Chocobar- fue el primer agente que inició la persecución del menor por Riestra en dirección a Lacarra y quien, en ese trayecto, advirtió que aquél ‘extrajo un elemento de color brillante de su cintura para luego arrojar el mismo hacia un lado”. Tambien se estableció que Villalba fue quien ingresó a la vivienda de la Villa Fátima y se ocupó de la detención del menor junto a Chocobar y Jaime, quien ese día cumplía funciones en la Unidad de Prevención Barrial “Fátima”. Asimismo se determinó que Toloza se desplazaba en el móvil 136 junto a Colman, y que acudieron al lugar ante el pedido de ayuda de sus compañeros. Un pedido de ayuda para detener de forma ilegal a un menor de 15 años que estaba asustado.
En su dictamen, la fiscal Sánchez señaló que “todos los acusados tenían autoridad y funciones para hacer cumplir la ley; y tenían obligaciones por haber asumido esas funciones. Eran portadores, así, en el ejercicio de la administración pública, de un especial deber estatal de comportarse correctamente, deber que no podían infringir”.
Por otra parte, la representante del Ministerio Público Fiscal destacó que era posible advertir “que se ha convertido en una práctica habitual que los miembros pertenecientes a la Unidad 36ª de GNA, con el pretexto de que los vecinos del lugar en donde se concreta la detención comienzan a arrojarles piedras y mostrar animosidad contra ellos, decidan trasladar el procedimiento hacia otro sitio o, directamente, a una base de patrulla no habilitada para la detención de personas; ello, en violación a la ley y a la normativa vigente para la actuación de las fuerzas de seguridad”.
Por todo ello, la fiscal consideró probado el accionar de los imputados y le requirió al juez subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Pablo Ormaechea, que los someta a juicio oral como coautores del delito de vejaciones.
La Gendarmería Nacional está manchada en sus manos con sangre
La historia oficial dice que la Gendarmería Nacional Argentina nace como una nueva fuerza de seguridad militar con funciones de policía para proteger las zonas de frontera, lo cierto es que su rol siempre fue otro: intervenir en los conflictos sociales dentro del territorio nacional como brazo armado del Estado para sofocarlos y restaurar el “orden”. Gobiernos radicales y peronistas la utilizaron adecuándola a cada coyuntura pero sin perder “su razón de ser” como instrumento clave del aparato represivo estatal. La creación de este aparato represivo del Estado tiene sus antecedentes en las “gendarmerías volantes” creadas por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1921, con el objetivo de reprimir las huelgas de los peones rurales en Santa Cruz.
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La Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en casi un siglo de existencia, cuenta en su haber con la experiencia de haber sofocado huelgas obreras, torturado en centros clandestinos de detención, reprimido protestas sociales, espiado ilegalmente organizaciones obreras en lucha. Después, parte de esa fuerza, fue destinada a patrullar los barrios de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, utilizando el gatillo fácil contra los jóvenes de los barrios populares, como lo demuestra este caso.
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La fuerza predilecta por parte de los distintos gobiernos constitucionales aparece en el tapete los últimos 52 días por la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, pero como vemos, este actuar violento no es parte de un par de gendarmes sueltos, si no de una institución y un Estado que avala este tipo de accionar.
