La tarde del 19 de febrero de 2018 Julio César Viramontes Arredondo viajaba al interior de una camioneta en Nuevo Laredo Tamaulipas, el vehículo en el que iba fue impactado por otro tripulado por miembros de la Marina Armada de México. Desde entonces, se desconoce su paradero. Hasta la fecha su madre continúa buscándolo.
Jueves 3 de diciembre de 2020
La frontera norte de México, desde hace años es escenario de múltiples violaciones a derechos humanos y del incremento desmedido de la violencia. En el estado de Tamaulipas se encuentran abiertas, por lo menos, 34 carpetas de investigación por multiples casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
El caso al que nos referimos es el de Julio César Viramontes, cuya madre, Erika Arredondo, lleva años en búsqueda de verdad y justicia. Recientemente, ella, fue testigo de cómo el juez asignado al caso, permitió que los nueve elementos de la Marina Armada de México que están involucrados en la desaparicion de su hijo, continúen el proceso judicial en libertad.
Desde que la administración de Felipe Calderón inició la supuesta guerra contra el narco, un fenómeno paralelo al narcotráfico inundó las calles del país y en particular la de los estados fronterizos, la militarización del territorio fue consecuencia de la política de aquel gobierno pero se reprodujo en los próximos dos sexenios, incluyendo al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador que camina de la mano de la Guardia Nacional.
Para el caso de Julio César Viramontes, despues del choque al que hacemos referencia, la víctima pasó por distintos cuarteles de las Fuerzas Armadas. Su última ubicación conocida es el cuartel de "El laguito" y según la investigación en curso, nueve miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de Mexico, que se constituye como un grupo élite, son los principales responsables. Ellos alteraron y modificaron tanto sus declaraciones como las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Pese a la aparente fortaleza en el armado del caso, el juez responsable se negó a girar orden de aprehensión contra los inculpados argumentando que no había razones que justifiquen la cautela y su aprehensión.
Mientras una apelación a la resolución del juez se encuentra en en curso en una segunda instancia adscrita al Tercer Tribunal Unitario del estado, el fantasma de la impunidad y la corrupción se asoma sobre el caso. Una vez más, la búsqueda de verdad y justicia es obstaculizada por las instituciones del mismo Estado.
Es éste como en otros casos de desaparición forzada a lo largo del país se evidencia el verdadero rostro de las Fuerzas Armadas que, según numerosas investigaciones y reportajes, están íntimamente ligadas a las redes de trata y al trasiego de droga y el crimen organizado.
No se puede esperar justicia de parte de estas instituciones, que o encarnan en individuos, sino como aparato estatal,lo más reaccionario, retrógrado y autoritario del Estado mexicano. Disolverles y enviar esos recursos a área prioritarias como salud y educación es una demanda que sigue pendiente.
