Continúa la política de consensos, reformas y negociaciones entre el gobierno y la derecha, si la semana pasada veíamos los acuerdos sobre la "responsabilidad fiscal", los recortes presupuestarios, proyectos antidemocráticos de restricción a la participación política, proyectos que recortan impuestos a los grandes empresarios, ahora se aprueba el proyecto de ley que dejó Piñera en el Congreso de un ministerio especializado para la función policial, que libere al ministerio del interior de los asuntos de seguridad pública.
Ricardo Rebolledo La Izquierda Diario
Sábado 7 de diciembre de 2024
Aprobado finalmente en ambas cámaras legislativas, el Congreso despachó para su promulgación por el presidente Boric la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que dejará de ser una subsecretaría dentro del Ministerio del Interior, para ser una cartera ministerial propia. El Proyecto de Ley fue ingresado al Congreso para su discusión por Piñera el 2021, luego de la revuelta popular, y que ahora esta semana luego de varios años de ser cocinado por el conjunto de partidos del régimen en el parlamento, desde la derecha a los partidos de gobierno que tomaron como propio el proyecto, fue finalmente aprobado.
Un proyecto que busca resguardar al Poder Ejecutivo, que viene a “liberar” al Ministerio del Interior de sus funciones directas en seguridad pública y de su jefatura de las policías, que como bien apuntan algunos analistas, las recurrentes crisis en torno a seguridad mantienen muy expuesto a este ministerio, debilitando la figura clave del ministro/a de interior como se ve hoy con la ministra Tohá (PPD). Como fue también, con los cuatro ministros del interior del segundo gobierno de Piñera, de ahí el amplio consenso que se dio en el Congreso. Separar funciones entre Interior y Seguridad busca reducir los costos políticos para el Ejecutivo, protegiendo al ministerio que cohesiona al resto del gabinete, pero que en ningún caso viene a ofrecer soluciones reales ni estructurales al problema de la seguridad, ese no era el fondo de la discusión.
El nuevo Ministerio de Seguridad no ofrecerá nada nuevo, su creación responde a un consenso político por arriba del conjunto de partidos en el parlamento para reforzar al Poder Ejecutivo, donde no ofrecen nada distinto de las recetas que ya se han estado aplicando, en las que ha habido un consenso entre la derecha y el gobierno que ha quedado plasmado en las ya más de 50 leyes securitarias que han aprobado en conjunto. Además, de otras medidas autoritarias como los estados excepcionales en el Wallmapu, ninguna medida que realmente apunte a la crisis social más profunda que significa el aumento de la delincuencia en el país, y que en Chile como en el mundo se han demostrado fracasadas.
No será este ministerio el que pueda ayudar a combatir la crisis de seguridad, mientras se sigan aumentando los recursos a las policías, como en el último Presupuesto aprobado para el 2025, a la vez que los recursos en educación no crezcan, que la salud sea precaria, listas de espera, trabajos sin derechos, pensiones de hambre, acceso restringido a la vivienda. Esto mientras siguen operando bajos las viejas recetas de la mano dura, que en verdad solo apuntan a los sectores populares más vulnerables a la delincuencia y al crimen, y no al problema estructural de las bandas criminales y el narcotráfico que manejan millones y funcionan como empresas capitalistas que penetran en las propias instituciones del Estado, carabineros, PDI, Fuerza Armadas, jueces, fiscales, etc. Nos quieren hacer creer que con este nuevo ministerio y manteniendo a la salud y la educación en crisis y desfinanciada se va a solucionar el tema de la crisis de seguridad, como sucede hoy mismo con los despidos en varias universidades públicas, y las protestas de las y los trabajadores de la salud por más presupuesto para atender a la población.
Y todo este movimiento por arriba en el marco también de policías que han demostrado un nivel de corrupción nunca antes visto, que en los últimos años han visto desfilar por tribunales a decenas de sus altos mandos procesados por distintos casos. En el caso de la PDI, solo por mencionar a sus últimos directores generales, Héctor Espinosa procesado por malversación de gastos reservados y falsificación de instrumento público, por robarse plata y su sucesor, Sergio Muñoz que le pasaba información a Luis Hermosilla por los casos de Piñera, y los casos de los altos mandos de Carabineros aún peor, en donde los últimos quince años, cinco ex directores generales de Carabineros han pasado por tribunales: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure y Eduardo Gordon por el PacoGate, y ahora los últimos por el estallido Ricardo Yáñez y Mario Rozas. ¿Qué seguridad puede ofrecer un aparato policial plagado de escándalos de corrupción, y de violaciones a los DDHH como los que han protagonizado Carabineros y la PDI?
