La Consejería de Educación pretende eliminar el segundo ciclo de la escuela infantil (3-6) años en, al menos, nueve centros. De este modo, aquellos niños que el año que viene tengan que cursar ese ciclo, pasen, directamente, a los colegios de primaria.
Lunes 22 de noviembre de 2021
Foto: EFE
El Gobierno de Ayuso vuelve a cargar contra la escuela pública. Esta vez, el objetivo es la escuela infantil. Este nuevo envite neoliberal del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cogido desprevenida al sector educativo. La excusa que se ha dado desde la Comunidad ha sido la ampliación de plazas en el primer ciclo, desahogando la interminable lista de espera.
Antes de esta decisión, el Gobierno central había anunciado una inyección de 600 millones para reforzar la plantilla de educadores infantiles, mermada por años de recortes y reformas.
En Madrid este horizonte de posibilidad hace que la intención de Ayuso carezca de lógica: ¿qué sentido tiene echar a la mitad de los niños que hay en Infantil para hacer hueco a otros cuando hay una inyección de dinero suficiente para mantener todas las plazas?
¿A quién beneficia?, que diría Lenin. Pues a los que siempre han sido beneficiarios de las políticas educativas tanto del PP como del PSOE: la concertada.
Apenas se anunció el plan se comenzó a pensar que escuelas infantiles se mantendrían abiertas y cómo adaptarlas para el curso. Muchos municipios están temiendo quedarse fuera del plan. Localidades como Leganés y Getafe temen no tener estructura para poder acoger en los colegios un ciclo de infantil si esta reforma se generaliza.
Esto hará que muchos de estos escolares terminen en la concertada-privada. De hecho, la reestructuración ya ha dado sus primeros pasos en esta dirección: el ayuntamiento de Getafe ya planea la privatización de escuelas infantiles, de modo que la privada se hará cargo de la política nefasta de Ayuso.
Para las familias y trabajadores es un atropello, una ofensiva directa a un modelo, que además, como dicen, es eficiente y ha sido alabado por Europa. Lo cierto es que la escuela infantil siempre ha sido un caldo de negocio. Las guarderías han proliferado desde la reforma de 2011, cuando se redujeron los requisitos necesarios. Por otra parte, las comunidades autónomas que gestionan el sector aprovechan la financiación central para recortar y desviar los gastos a sectores más «rentables». Ya lo dijo Ayuso: «no se puede regalar a todo el mundo la educación porque no es sostenible para el sistema».
Una sentencia cínica habida cuenta de los recortes pasados y de las reformas que cada vez más venden la educación a las empresas, que sangran al sector público cuanto pueden. Lo es más si añadimos que las nueve escuelas infantiles que cierran el segundo ciclo son de barrios obreros, empleadas por familias con rentas bajas. Son centros de Vallecas, Hortaleza, Carabanchel, etc., que forzarán a las familias a pagar o a dejar a sus hijos en centros no habilitados para su educación, con poca inversión y menos recursos.
Por otro lado, hay que considerar la financiación indirecta de los centros concertados a través del desplazamiento de los niños a este sector. En lugar de dotar de dinero a la pública, se fuerza a llevar a los pequeños a la privada, dotando a la familia de un cheque guardería que irá a parar al bolsillo de las empresas privadas. Los sindicatos han denunciado que el plan tiene el objetivo de especular con las plazas y acoger a más niños sin invertir recursos.
Sin embargo, incluso dejando de lado la evidente estrategia para reforzar el sector privado, tal reforma afectaría negativamente al desarrollo de los niños. Las escuelas infantiles requieren de una gran adaptación para que los chicos adquieran habilidades a partir de un contexto pensado para ello. Que niños de cuatro años se encuentren en colegios, centros adaptados para otras edades, sólo conduce a hacer de la educación una barrera pedagógica a su crecimiento.
Este problema, por supuesto, no es algo que preocupe a Ayuso, quien ha hecho de su cargo una trinchera desde la que privatizar y minar los servicios públicos, tanto educación como sanidad como se vio en la oleada de externalizaciones que llevó a cabo durante la pandemia en el Hospital Gregorio Marañón o el Niño Jesús de Madrid.
¿Cuál ha sido la reacción de los partidos de la izquierda y los grandes sindicatos? Los primeros, apoyo de boca; los segundos apenas han hecho una denuncia. En cualquier caso, se trata de desechar la posibilidad de movilizar a los trabajadores y a las familias afectadas, de llevar la lucha a la calle, de organizar una respuesta que no sólo critique la política de Ayuso, sino las criminales reformas educativas que tienen la marca de agua del PSOE.
De nuevo, la izquierda institucional, con UP e IU (PCE) en el Gobierno, junto con las direcciones sindicales van a claudicar ante las políticas neoliberales de la derecha. Sus llamadas a la confianza en el Gobierno y las instituciones son sinónimo de desmovilización, pasividad y derrota.
