Más de una decena de investigadores declararon que su trabajo principal tenía lugar en instituciones de Arabia Saudí. Otros científicos denuncian que les ofrecieron de 50.000 a 70.000 euros. ¿El objetivo? Catapultar a estas universidades a los mejores puestos de rankings internacionales.
Irene Olano Madrid
Lunes 24 de abril de 2023
1.500 euros por artículo o 50.000 a 70.000 euros por constar como investigador. Esta era la oferta de las grandes universidades de Arabia Saudí que trataron de comprar a decenas de científicos cuyas publicaciones eran muy citadas. El objetivo era hacer aparecer a esas universidades como mejor posicionadas en los rankings internacionales de universidades, como el de Shanghái, y hacer trampas en los índices de impacto académico.
Once científicos españoles aceptaron cambiar su universidad principal en la base de datos Clarivate, una empresa de análisis de datos cuya información se indexa en algunos de los principales portales de investigación. Esta página, además, formula una lista con los 7.000 científicos cuyos estudios más se citan, uno de los principales criterios que utiliza el ranking de Shanghái. Un solo investigador puede llegar a ayudar a escalar 200 puestos a su universidad si se encuentra en este ranking.
Algunas de las instituciones a las que pertenecen estos científicos altamente citados que cambiaron su afiliación a universidades saudíes son el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o las universidades públicas de Jaén y Córdoba. Además, un catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Juan Luis García Guirao, utilizó su propia empresa como tapadera para captar científicos españoles y que mintieran diciendo que trabajaban en la universidad Rey Abdulaziz, y así auparla artificialmente en este ranking.
El escándalo de los pagos saudíes explotó el pasado mes de marzo, cuando Rafael Luque, uno de los científicos más citados del mundo, era suspendido de empleo y sueldo durante los próximos 13 años por la Universidad de Córdoba. Luque tenía un contrato a tiempo completo con la institución cordobesa, pese a lo cual constaba como investigador de universidades como la Rey Saúd, en Arabia Saudí y la Universidad de la Amistad de los Pueblos, en Rusia.
Este es solo el enésimo ejemplo de cómo la corrupción y la competencia descarnada son parte del día a día de las universidades. Tal y como denuncian numerosos investigadores, los artículos, papers y publicaciones académicas cada vez tienen menos calidad y, a menudo los costes de publicación corren a riesgo del investigador, toda una "burbuja" científica de contenidos cada vez menos relevantes que responde a la necesidad de los investigadores de tener un currículum más competente que el de sus colegas a la hora de acceder a becas, contratos y cátedras.
El ritmo de producción de estudios y artículos de estos científicos llega a ser demencial. Otro investigador español, del Instituto Catalán del Agua, Damià Barceló, consta desde 2016 como científico de la Universidad Rey Saúd. Barceló ha participado de cerca de 1.600 estudios académicos, y ha alcanzado un ritmo de producción de un estudio cada tres días en algunas temporadas.
El ranking de Shanghái, segregación y clasismo
Más allá de este escándalo lo que está claro es que los rankings educativos tienen una función muy clara que nada tiene que ver con la calidad de lo que sus investigadores producen o sus estudiantes aprenden: aumentar los precios de las matrículas y acceder a mayores contratos con entidades públicas y privadas. Una carrera a la que no solo se suman universidades saudíes, sino todas las universidades públicas y privadas de Estados como el Estado español.
Entre los criterios que establecen los índices de impacto académico y el ranking de Shanghái encontramos cuestiones bastante discutibles. Por ejemplo, se contabilizan el número de profesores con un Premio Nóbel o Medalla Fields (el equivalente del Nóbel en matemáticas), pero no la calidad real de la enseñanza. Además, se contabilizan las publicaciones en las revistas académicas Science y Nature, en las que cuesta unos 3.500 euros publicar un artículo. Además, estas revistas son una referencia en ámbitos científicos, pero inaccesibles para investigadores en otras áreas.
Los rankings consideran las universidades según el dinero que potencialmente producen, y no por la función social que cumplen o deberían cumplir. Las universidades deberían ser centros de estudio al servicio de resolver los grandes problemas sociales. Todos los recursos que en ellas se encuentran podrían servir para afrontar problemáticas como la crisis ambiental, pero están al servicio de los intereses privados.
Prueba de ello es que, en el Estado español, las universidades están gobernadas por Consejos Sociales compuestos por el rector, representantes de grandes empresas y de los partidos políticos del Régimen y de un solo estudiante al que el resto del alumnado no vota directamente. Los y las estudiantes, que son quienes forman la mayor parte de la comunidad educativa, no solo son sistemáticamente expulsados de la universidad por las altas tasas y la baja compatibilidad con un horario laboral, sino que tampoco tienen voz en las decisiones que se toman en la universidad.
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Las universidades públicas desarrollan una función de convertir a sus estudiantes en mano de obra cualificada lo más rápido posible, motivo por el cual los grandes empleadores (como el banco Santander, el Corte Inglés o Repsol) deciden desde los Consejos Sociales qué se estudia y a qué se destinan los fondos. Las universidades privadas, por su parte, sirven mayoritariamente para incorporar a un alumnado procedente de clases sociales privilegiadas al entorno de las élites intelectuales, económicas y políticas. Todo un despropósito donde lo que menos cuenta es lo que se aprende y las necesidades del pueblo trabajador.
Por si fuera poco, una parte importante de la plantilla docente de las universidades se encuentra en condiciones de precariedad, mientras una minoría de catedráticos, decanos y rectores toman las decisiones de la mano de las empresas privadas en los Consejos Sociales. El 44% del profesorado universitario en el Estado español es personal asociado, una categoría que ahora desaparece con la aprobación de la LOSU, pero cuyo futuro no está garantizado porque la ley no contempla su pase a plantilla fija.
El problema, por tanto, va mucho más lejos del soborno de once científicos españoles. Hay todo un entramado legalmente permitido donde las universidades se convierten en instituciones donde el personal docente y especialmente el no docente es precarizado y donde no se escucha la voz del estudiantado.
Frente a eso, debemos defender una universidad pública y universal, la unión entre estudiantes de universidad, docentes y el resto de trabajadores para pelear por una universidad radicalmente democrática gobernada en asambleas donde personal docente, alumnos y trabajadores y trabajadoras decidan todo.
