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Red Internacional
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OPINIÓN. Nuevo estilo, ¿mismas mañas?

Qué pasó con Santiago Maldonado. Razones para desconfiar del “hallazgo” del juez Lleral.

Lunes 23 de octubre de 2017

La imagen del desamparo más absoluto, el juez al lado y el Estado ausente de credibilidad. Sergio Maldonado y Andrea Antico dijeron que no confiaban en nadie y por eso se quedaron siete horas vigilando el cuerpo de Santiago. Soraya Maicoño y Andrea Millañanco, voceras mapuches y testigos, estuvieron con ellos. ¿Qué había sucedido poco antes?

El antecedente inmediato de esa escena había sido la iniciativa del magistrado federal a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado de sacar el cadáver del agua. Soraya y Andrea se lo impidieron, en medio del llanto de todos. Es que Sergio y su abogada Verónica Heredia habían ido a llamar por teléfono hasta algún punto donde hubiera señal. Las dos mujeres argumentaron que eso no debía suceder sin la presencia de ellos. De hecho, el cuerpo recién fue levantado cuando llegó el perito de la familia, cerca de las 20.

“En el lugar donde se lo encontró hasta hace dos semanas era orilla, después creció. No había llegado ningún perito y el juez estaba apurado para sacarlo del río para que no se lo lleve la corriente. Tuvimos que frenarlo, ‘fíjese de poner un gomón’, le dijimos. Verónica y Sergio le dijeron ‘si vamos a sacarlo hagámoslo bien’, y por eso es que hubo esa vigilia hasta las ocho que llegó Incháurregui y se organizó el retiro”, contó Soraya. Al pedirle detalles, contestó: “Sergio y Verónica se habían ido a hablar por teléfono a un lugar donde hay señal, estábamos con Andrea y lo tuvimos que frenar. Cuando me lo sugirió le dije que había que esperar a la abogada, así como así no lo van a sacar. Los reflectores que pidió Lleral no llegaban, así que ya preparábamos un fuego para seguir con la vigilia de ese cuerpo, que no lo toquen, que no se lo lleve la corriente. Amigos de Santiago estaban afuera de la tranquera, los mapuches lloraban por lo que estaba pasando”.

Si acaso el magistrado recibió algún dato específico que motivara la orden de realizar el operativo que dio con el cuerpo de Santiago no lo reflejó en el expediente. Sólo puso que se lo sugirió el mismo buzo de la Prefectura que había realizado los rastrillajes anteriores en el río. Algunas fuentes del caso creen que la clave que desencadenó el hallazgo fue la imputación del gendarme Emmanuel Echazú en la causa por la desaparición forzada que instruye la fiscal Silvina Ávila. Este subalférez resultó herido durante la represión del 1 de agosto y fue quien más cerca estuvo del lugar donde fue visto por última vez Santiago. Las sospechas se basan en que el corte a lo largo de su rostro podría no haber sido producto de un piedraza, como declaró él, sino una herida defensiva causada por Maldonado. “Es una jugada de Gendarmería porque el gobierno le soltó la mano, en el momento en que Echazú fue imputado en horas se activó el rastrillaje porque recibieron el dato sobre dónde estaba el cuerpo”, aseguran esas fuentes.

De hecho, Echazú quedó imputado la semana pasada. Pero en la resolución que firmó el viernes 13 el magistrado no lo nombra, como tampoco a la fiscal Ávila, ni menciona los pedidos de la Procuraduría de Violencia Institucional que ya habían solicitado volver a rastrillar el río. Luego de una serie de consideraciones que tras la barbarie desplegada por su antecesor Guido Otranto sonaban civilizadas, tales como acudir sólo con personal de Prefectura y desarmado, el juez Lleral indicó que allanaría no sólo la Pu Lof Resistencia Cushamen sino también la estancia Leleque, de la Compañía Tierras del Sud, propiedad de empresario italiano Luciano Benetton porque consideró que “existe motivo suficiente para presumir que en el lugar señalado podrían existir pruebas eficientes para el éxito de la investigación”. También estimó que el procedimiento podía durar varios días y que recorrerían 60 kilómetros del río, como le había sugerido hacer el jefe de Prefectura de Bariloche, Leandro Alejandro Ruata.

Tal como hizo este este diario el periodista Daniel Satur y asimismo Victoria Moyano, del Ceprodh, cabe preguntarse con esta información a la vista ¿por qué el juez detuvo el operativo ante el hallazgo del cuerpo sin considerar siquiera lo que los mapuches y la familia le decían en ese mismo momento sobre la posibilidad de que ese cuerpo hubiera sido plantado? ¿Qué sentido tuvo firmar una orden cuatro días antes del procedimiento informando que allanaría la estancia de Benetton, algo que luego no concretó? Tras mencionar las “interferencias” que hubo en la primera parte de la causa por parte del Poder Ejecutivo, y también de los intereses de las partes, dio intervención a la División Criminalística de la Policía Federal, y solicitó nada menos que a Gonzalo Cané —funcionario del ministerio de Seguridad que solía pasar cada día por el despacho de Otranto antes de los interrogatorios de los gendarmes sospechados—, el aporte de los perros especializados en detectar restos en las aguas. Incluso en ese escrito, que Página12 resumió en un artículo del 18 de octubre, también daba intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense que tampoco participó del rastrillaje. Así las cosas, ¿por qué fue tan diferente el operativo a cómo el juez lo había planteado en el expediente?

El juego de las palabras

Las sensaciones del viernes a la noche variaban según la hora en que cada quien se haya ido a dormir. Podía ser con la frase de Sergio Maldonado, “es Santiago pero eso no exculpa a la Gendarmería”, y el comunicado un rato después repudiando la oportunista y desubicada llamada de Mauricio Macri. Pero después de la medianoche escuchabas al juez acaparar los micrófonos, luego de haberles pedido una vez más a las partes extrema reserva que todas siguen cumpliendo para monopolizar él la comunicación. “No hay lesiones”. Fue suficiente para que las redes comenzaran a vomitar revancha, como si fuera un Boca-River, pero alimentó aún más la presencia en las calles, a pesar de no pocos llamados a desmovilizar.

Como si no hubieran bastado ochenta días de disparates fogoneados por el oficialismo sobre el paradero de Santiago, siempre bien lejos de la ruta 40 y la Pu Lof Cushamen en Resistencia, esas tres palabras volvieron a desatar los libretos de ficción berreta para, una vez más, acusar a los mapuches, víctimas al fin de toda esta trama. Ninguno de estos escribas baratos del poder siquiera quiso escuchar a todas las personas que dijeron que donde apareció el cuerpo hace una semana no había nada, ergo, fue plantado. Y no sólo lo dicen los mapuches, la abogada de los Maldonado Verónica Heredia fue clara: “El viernes pasado ahí no había nada, estuvimos trabajando nosotros”, en alusión al perito Alejandro Incháurregui. Lo ratifica Soraya Maicoño en la entrevista con Página12 publicada el sábado. Ah, pero claro. Es mapuche. No le creemos. ¿A la abogada tampoco? A los Maldonado que están de duelo,¿tampoco?

Nada dicen al respecto, para ellos si apareció ahí es porque lo tenían los mapuches, que viven en casillas de chapa y madera, en una de las cuales el propio juez estuvo tomando mate y declaraciones. Para esta lacra de operaciones mediáticas es necesario salir a decir enseguida, a regodearse, que la ausencia de lesiones visibles exculpa a los gendarmes que lo perseguían a balazos e inculpar a sus amigos mapuches.

Ni jefes ausentes, ni sectores radicalizados de la supuesta RAM, que a esta atura es más bien Racismo Anti Mapuche, como fuente y origen del hallazgo. Desde que el nuevo juez entró en el juego, los mapuches hablaron con él pero jamás sobre cuerpo sin vida alguno, sí sobre Santiago y la secuencia de la persecución de ese día. ¿Quién tiene la estructura para esconder un cuerpo?, se pregunta Soraya Maicoño. Y recuerda que durante la represión del 1 de agosto las camionetas entraban y salían de la estancia del magnate textil de United Colors, que el intendente de El Maitén agradece los aportes de Benetton para poder pagar los aguinaldos, que donó un gimnasio y que proveyó alojamiento y comida a las fuerzas de seguridad que reprimieron a esa misma comunidad el 10 y 11 de enero. El acceso al río desde el casco de la estancia es directo, y muchos de sus empleados son mapuches que conocen la zona mejor aún que las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿por qué el juez anunció que avanzaría en el predio de Tierras del Sud y secuestraría lo que fuera de interés para la causa, pero luego no lo hizo?

Comparto con Juana Galarraga de la redacción de LID, como seguramente muchos otros colegas de verdad, la repugnancia por el nivel burdo de las sucesivas operaciones mediáticas que se siguen produciendo en este caso. Le piden a los mapuches que “colaboren” cuando la justicia no ha hecho otra cosa que perseguirlos y lastimarlos. Le piden a la familia que “colabore”, para luego acusarlos de mentir y ocultar. No una sino decenas de mentiras tuvieron que soportar, y sin perder la altura ni los estribos desmintieron cada una, como cuando acudieron al juzgado a llevar pertenencias de Santiago e inmediatamente el gran pasquín argentino salió a decir que habían “ocultado pruebas”. En esta dinámica, volvieron por estas horas junto a la tribuna de doctrina a insistir en que los testigos mapuches van a ser acusados de falso testimonio. Debe ser la décima vez que publican esa “noticia”. De las contradicciones de los gendarmes ni una línea.

Otros desde una comodidad de Palermo rúcula le piden “humanidad” a esta justicia de clase. Los Maldonado permanecieron a la vera del río no solo porque ya habían vivido más de dos meses de destrato, sino porque ante sus narices el juez de la causa quería llevarse lo único tangible en tanto tiempo de incertidumbre, sospechas y maniobras, sin que su perito de parte hubiera llegado al lugar. Por eso no se movieron. Recién comenzó el levantamiento del cuerpo cuando Incháurregui llegó a Esquel en un vuelo privado, con la luz de la cámara que filmaba y algunas linternas. Es que tampoco llegaron nunca los reflectores que había pedido el juez, como las computadoras y demás elementos que pidió apenas asumió el reemplazo de Otranto. “Todos saben que la falta de medios es letal en estas causas tan sensibles”, dijo el diputado kirchnerista Santiago Igon que integró la comitiva. Pero Lleral avanzó igual, no hizo público reclamo alguno por la falta de insumos. ¿Tendría alguna fecha límite que lo obligara a mostrar resultados?

Como Luciano, Santiago salió de la lista de desaparecidos y entró en otra, la de los muertos por “violencia institucional”. Cuando desapareció Arruga las batallas de sentido aún no se dirimían en Twitter. Ahora por Santiago las redes abundan en versiones que sólo fungen de jueguito para la tribuna, alimentadas por las usinas gubernamentales, mientras las esquivas fuentes del caso dificultan la tarea de quienes insistimos en el viejo oficio de informar.

Luciano Arruga y Santiago Maldonado, como Mariano Ferreyra, los caídos en la lucha popular y los pibes pobres y solidarios de los barrios que se niegan a robar para la policía, murieron lejos de su gente y cerca de uniformados al servicio de un Estado que se sigue disponiendo a disciplinar, silenciar y reprimir, cada vez con mayor ferocidad. A todo o nada.