En una reciente entrevista del diario El Mercurio, el nuevo ministro de justicia, Luis Cordero, se refirió largamente a la polémica sobre los indultos, los errores del gobierno y la agenda para el 2023. Además, y sin perder tiempo, Cordero fue enfático en señalar que en Chile no hay presos políticos.
Lunes 16 de enero de 2023
Sigue la polémica sobre los indultos a 12 casos emblemáticos de la revuelta del 2019. La discusión que se ha extendido por casi dos semanas, ha puesto a la defensiva al gobierno y obligado a tener que dar explicaciones una y otra vez.
Esta polémica no se circunscribe únicamente al problema de los indultos, sino que se ha visto como una mezcla con la percepción sobre la delincuencia y el clima de inseguridad instalada por los medios.
Toda esta situación explica en parte el amplio apoyo que tiene la revocación de los indultos en la última encuesta CADEM donde un 37% señala que todos los indultos deben revocarse versus el 17% que dice que deben mantenerse. Este clima criminalizador se suma a políticas que ha impulsado el propio gobierno como la permanente militarización de la zona sur a través de los estados de excepción o la reciente aprobación del proyecto de infraestructura crítica que permitirá a los militares resguardar “infraestructura crítica”.
En este contexto el nuevo ministro de justicia, Luis Cordero, abordó la polémica de los indultos apuntalando las “disculpas” del Gobierno y Boric y dejando correr la política de la oposición de que esto se vea en el Tribunal Constitucional y la Contraloría en lo que eufemísticamente denominó “los papelitos”.
“No hay presos políticos”
Consultado sobre si la caracterización de estos condenados como presos políticos por parte de referentes de Apruebo Dignidad, el ministro fue enfático en señalar que: “En Chile, no hay presos políticos(...), aquí nadie se le persigue por sus ideas. La calificación de preso político es una calificación internacional (...) y en Chile no hay presos políticos”. Con esto una vez más el gobierno reafirma las tesis de la derecha de que la revuelta no fue un punto álgido de crisis social sino la idea del “estallido delincuencial”.
Y en esto no es necesario ni siquiera entrar en profundidad los prontuarios de los procesados o condenados, donde la gran mayoría de ellos son por delitos menores en el marco de protestas (como los saqueos) o los más graves (donde los únicos testigos son los propios policías).
Como la misma derecha lo ha buscado instalar una y otra vez, de lo que se trata es de enviar una señal a quienes quieran protestar, de que manifestarse no es gratuito. No les bastó con la represión brutal durante la revuelta, no les bastó con la sistemática violación a los derechos humanos, ahora exigen que quienes salieron a las calles, estén en la cárcel como una muestra de lo que implica ir contra el modelo instaurado durante la dictadura.
Y el ministro Cordero se encarga de enviar una señal a quienes siguen solicitando los indultos: Este año van dos y ambos se han rechazado.
