El actual jefe de fiscales de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, es acusado por su participación en delitos de lesa humanidad siendo agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba).
Martes 2 de abril de 2019 16:05
Este lunes en la sede de la calle Piedras del Serpaj (que coduce el premio nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel), se realizó una conferencia de prensa con el objetivo de dar a conocer un nuevo pedido de juicio político contra el fiscal Fabián Fernández Garello.
La conferencia fue convocada por la Comisión Provincial por la Memoria. Este nuevo pedido, que será presentado formalmente esta semana, es acompañado por Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo—Línea Fundadora, Pérez Esquivel, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Comisión de familiares amigos y ex compañeros de Ana María Martínez, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Mar del Plata, Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otros.
Se lo acusa a Garello de nuevos delitos perpetrados durante la dictadura, tras el hallazgo de nuevas pruebas del archivo de la Dippba, documentos que la CPM tiene bajo custodia desde el año 2001.
Estos hechos denunciados tienen que ver con la coordinación de acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos durante el período 1978-1981, donde actúo la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y un segundo hecho en que se lo vincula con el secuestro de Mario Ramírez Medina por personal de la Bonaerense en febrero de 1979, día en que la delegación San Martín de la Dippba elabora un informe acerca de la militancia de Medina en el Partido Comunista de Paraguay.
La CPM denunció estos hechos y se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, que investiga los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa misma causa, el actual fiscal general de Mar del Plata, y otros miembros de la Dippba-San Martín ya están denunciados por la participación la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro, en 1982.
Fabián Fernández Garello es desde hace años fiscal general de Mar del Plata. Apenas conocido su prontuario fue imputado por la CPM al comprobarse que entre 1978 y 1982 “participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
Si bien pareciera que la carrera como fiscal general de Mar del Plata frente a cada escandalosa denuncia estuviera a un paso de la destitución, el integrante del Ministerio Público Fiscal bonaerense sigue gozando de impunidad, a pesar de la importante cantidad y calidad de las pruebas que lo incriminan. Finalizando el 2018, sufrió un revés al momento que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó la falta de mérito que le había dictado la jueza Alicia Vence por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Ahora, la jueza deberá decidir si lo procesa o lo sobresee por los delitos que cometió en 1981 y de los que hay pruebas contundentes en los documentos del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba), donde Fernández Garello prestaba servicio.
En este marco hoy resulta fundamental el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal Núm. 5 de San Martin, en otra causa por delitos de lesa humanidad, que condenó a prisión perpetua a dos agentes de inteligencia de la dictadura: Norberto Apa, Ex Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia y Raúl Pascual Muñoz, ex jefe del Departamento de Personal G1, ambos pertenecientes a la guarnición Campo de Mayo como autores intelectuales del secuestro y muerte de Ana María Martínez, joven obrera de la Zona Norte, militante del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) y por la que sus compañeros de militancia, familiares y amigos continúan dando la pelea.
Los socios y amigos del Poder Judicial dieron su aporte cuando en noviembre de 2017 el tribunal de juri (que enjuicia a magistados) lo absolvió con el voto favorable de legisladores de Cambiemos y del frente Renovador y el faltazo inconcebible del legislador del Frente para la Victoria.
Todo esto puede interpretarse como un aval a este fiscal formado al calor de la maquinaria siniestra del terrorismo de Estado, en los tiempos de dictadura cívico-militar-eclesiástica, que no hace más que expresar otra garantía de impunidad para los genocidas cuando el propio Estado decide mantener funcionarios judiciales y policiales en funciones.
Pero en tiempos de democracia, y en todas sus variantes de gobierno, no es novedad que el Poder Judicial se nutre de los servicios de inteligencia. Los jueces se sirven de ellos para operar en sus causas políticas-judiciales. El espionaje ilegal deja al descubierto que los servicios son parte de al estructura del Estado como parte del poder de policía en que se sostiene para armar causas y judicializar a quienes intenten cuestionar el orden social.
Tal como se desprende de la crisis abierta a través del caso Dalesssio es evidente que detrás de los relatos y los debates para tapar los carpetazos, el discurso de la República del gobierno expresa la podredumbre misma del Estado, por lo que la disolución de los aparatos de inteligencia es un punto de partida, junto a terminar con los privilegios de la casta judicial y política a la que sirven.
Más de 40 años han pasado desde que un joven Fernández Garello integrara la Dippba como oficial de Inteligencia, agencia de la Bonaerense que tenía como único objetivo desde su creación en 1956 hasta su disolución ya a fines de los años 90, el espionaje y la persecución de activistas políticos, sociales y gremiales que en el territorio bonaerense junto a las Fuerzas Armadas fue parte fundamental de los operativos que culminaron en la desaparición forzada de personas.
Hoy, víctimas, familiares, y organismos de derechos humanos continúan firmes en la pelea por la destitución del fiscal espía que continuó en funciones durante todo estos años, cuando son contundentes las pruebas que demuestran su actuación como parte del esquema represivo desplegado durante el terrorismo de Estado.
