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Red Internacional
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Poder Judicial. Nuevo presidente de la Suprema Corte y los mismos privilegios de siempre

Este 3 de enero se confirmó la elección de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN; en su discurso de inauguración remarcó que respetará la autonomía del Poder Judicial.

Óscar Fernández

Óscar Fernández @OscarFdz94

Viernes 4 de enero de 2019

Arturo Zaldívar fue elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Habiendo sido propuesto por el actual ejecutivo, era considerado uno de sus “favoritos”, a la vez que resalta el hecho de ser relativamente “externo”: es de los pocos ministros que no tuvieron carrera judicial previa.

En medio del debate de los sueldos de los ministros y magistrados, Zaldívar se comprometió a defender la autonomía del poder que ahora encabeza. Según la ley mexicana, si bien el ejecutivo puede proponer una reducción del presupuesto, a los poderes Legislativo y Judicial les corresponde determinar los sueldos que ganarán sus propios miembros.

Es decir, el presidente mexicano no está facultado para decidir los sueldos de absolutamente todos los funcionarios, lo cual pone en un lugar incómodo al presidente López Obrador, ya que, si bien por una parte proponía que ningún funcionario ganara por encima de él en tiempos de campaña, ahora se enfrenta no sólo a la prueba del poder, sino también de cómo lidiar con este tema sin levantar asperezas por parte de la oposición.

La propuesta de reducir los sueldos excesivos de los funcionarios ha sido vista por los altos funcionarios de la corte como una intromisión hacia los otros poderes de la unión y la oposición del PAN y el PRI. En ese marco se da el discurso de Zaldívar de preservar “la autonomía” del Poder Judicial.

A pesar de que su nombramiento puede interpretarse como un gesto conciliador hacia AMLO por parte de la SCJN (entró en 2009, justo cuando se reformó la ley para limitar los sueldos de los ministros y magistrados), esto no quita que el propio Zaldívar pueda terminar cruzando fuego con su “apadrinado”. La propia SCJN a través de sus medios de comunicación tuvo que recalcar los salarios que reciben según el Diario Oficial de la Federación.

Mientras que el debate sobre el recorte de los sueldos millonarios de los ministros y jueces del PJF despertó gran simpatía en sectores de la población por los privilegios que ostentan éstos, en realidad estos sueldos privilegiados constituyen el "pago" para administrar la justicia de los ricos.

A pesar de que AMLO propone una “austeridad republicana”, dicha austeridad resulta insuficiente cuando los propios funcionarios de todos los niveles tienen un nivel de vida muy por encima del de la mayoría del pueblo trabajador, viviendo una realidad completamente divorciada de aquellos a quienes dicen representar y a quienes dicen proteger con sus leyes.

Ya en 1871 Marx escribía: “Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables.”

¿Cómo es que se pretende pedir confianza en las instituciones cuando son ellas mismas las que someten a la mayoría de los trabajadores y la juventud a una vida llena de dificultades? No hay que ir muy lejos para ver cuántas mujeres y jóvenes son criminalizados constantemente por ese mismo aparato mientras los grandes empresarios gozan de subsidios de impuestos, devastando el ambiente y despojando comunidades enteras de sus recursos.

En el caso del mundo del trabajo, a la llamada “generación millenial” el neoliberalismo los ha condenado a una vida laboral donde carecen de derechos sindicales, prácticamente no tienen permitido realizar huelgas y donde la organización en los centros de trabajo se ve minada por el constante acoso de las grandes empresas hacia sus empleados.

Realmente han sido pocos los casos donde las compañías han tenido que ceder ante las injusticias que ellas realizan, y éstas no se dan sin que haya lucha y presión contra sus prácticas gangsteriles de la mano de burocracias sindicales corruptas.

Es todo un entramado que la austeridad tan pregonada de la “cuarta transformación”, según lo que apuntan los hechos, no pretende transformar.


Óscar Fernández

Politólogo - Universidad Iberoamericana

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