El Ministerio de Seguridad lanzó el Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego, que será ejecutado por una “comisión” integrada por la Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Como dijo Di Lampedusa, “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.
Daniel Satur @saturnetroc
Martes 20 de octubre de 2020 15:37
Año 2014, conflicto de Lear | Gendarmería reprime con saña a trabajadores despedidos | Foto Enfoque Rojo
A través de la Resolución 377/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada este martes en el Boletín Oficial, se dio inicio al “Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego”, que funcionará bajo la órbita de la Unidad Gabinete de Asesores de la cartera que conduce Sabina Frederic.
La fundamentación del programa es ajustar la actuación de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a estándares internacionales fijados por la ONU y a los preceptos constitucionales argentinos de “ética profesional” y respeto a los derechos humanos por parte de los uniformados de esas fuerzas represivas.
Por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior nacional (citada en la resolución ministerial) prevé en su artículo 22 la incorporación a los reglamentos de las llamadas “fuerzas de seguridad” del “Código de Ética Profesional” establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se sugiere a los gobiernos “prestar especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación”.
En función de eso, Frederic hace hincapié en examinar y reformar “la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, a través del análisis de los “programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos”.
Objetivos limitados
La nueva resolución del Ministerio de Seguridad deroga o anula otras resoluciones o medidas implementadas por las gestiones previas de esa cartera, tanto en el período de Cristina Fernández de Kirchner como en el de Mauricio Macri. Aunque obviamente plantea algunas continuidades respecto a las del kirchnerismo. Y les da un plazo de 30 días a las cuatro fuerzas federales para que “adecuen la normativa, criterios de organización y de recursos humanos” para “ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación” elaboradas por el nuevo programa.
En su artículo 3, la resolución establece “como actividad prioritaria” del programa la “coordinación de las intervenciones de las distintas áreas” del Ministerio con el objetivo de disminuir (que no es lo mismo que impedir y castigar duramente) “las consecuencias letales y lesivas del empleo de armas de fuego por parte del personal de las Fuerzas Policiales y Seguridad”, al tiempo que proteger “la integridad psicofísica del personal interviniente”, fortaleciendo la llamada “formación profesional”, supervisando “la doctrina” y asegurando “condiciones adecuadas de salud y equipamiento”.
Para darle curso al programa se creará una comisión integrada por un coordinador o coordinadora, seis funcionarios de diferentes subsecretarías del Ministerio y ocho representantes de las fuerzas represivas federales (dos por cada una). Curiosa forma de procurar cambios conformando un espacio con composición mayoritaria de quienes garantizan el gatillo fácil y la violencia callejera de sus subordinados.
La “comisión” podrá “invitar a participar de las reuniones” a organismos de derechos humanos, representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y a “otros actores de la sociedad civil”. Una peligrosa forma de buscar la conciliación de intereses entre quienes torturan, hieren y matan a la población y quienes los denuncian y defienden los derechos humanos.
Pese a la pretenciosa creación del “Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego”, el texto publicado en el Boletín Oficial no explica en concreto cómo se piensa frenar en el corto plazo el gatillo fácil y la violencia policial protagonizados por gendarmes, prefectos y policías federales. Mientras, los casos se suceden y apenas sus responsables reciben algún sumario o apartamiento momentáneo.
¿Seguridad democrática?
En la presentación del programa se mencionan algunos objetivos en cierto sentido “progresistas”. Por ejemplo, “promover rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego respetuosos de los derechos humanos”. También “promover el seguimiento y sustanciación de actuaciones administrativas y disciplinarias” para determinar “la responsabilidad del personal policial y de seguridad que haya intervenido en los hechos”. Y hasta “construir, recopilar, recabar, sistematizar y analizar información, antecedentes y casos” para “producir información relevante y propuestas en consonancia con las políticas de este Ministerio”. Todo para intentar “erradicar y prevenir prácticas irregulares y abusos funcionales” por parte de las fuerzas federales.
Pero ante tamaña “declaración de principios”, vale decir que a confesión de parte relevo de pruebas. Si el nuevo programa se propone todo lo antedicho es porque hay un reconocimiento de que nada de eso siquiera fue planteado (y mucho menos llevado a la práctica) en las gestiones anteriores. Y no hablamos solamente de la criminal gestión de Patricia Bullrich. Ese “reconocimiento” va también para la gestión del Ministerio desde 2010 a diciembre de 2015 (con el secretario estrella Sergio Berni) así como para la conducción de las fuerzas federales previa a la creación de la cartera de Seguridad, a manos de los diferentes ministros del Interior (como Florencio Randazzo, Aníbal Fernández, Jorge Matzkin, Federico Storani, Carlos Corach, Carlos Ruckauf y Gustavo Béliz, por nombrar algunos de las últimas tres décadas).
Ahora bien, por un lado la ministra Frederic lanza un programa bajo los preceptos de la (contradictoria e insustancial) doctrina de la “seguridad democrática”, pero por el otro pone a los mismos ejecutores de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos a implementar ese mismo programa. ¿O qué son si no los jerarcas de Gendarmería, PFA, PSA y Prefectura que conformarán la “comisión”? ¿Hay que recordar que quienes hoy conducen esas fuerzas callan todo lo que saben sobre las violentísimas muertes de Facundo Castro, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Mariano Ferreyra, del Parque Indoamericano y tantos otros crímenes donde el Estado es protagonista?
Hasta ahora, al menos por lo que el Ministerio de Seguridad hizo público a través del Boletín Oficial, parece confirmarse el apotegma lanzado por Giuseppe di Lampedusa en su novela El gatopardo de mediados del Siglo XX: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.
La idea de que con una conducción progresista y humanista las fuerzas represivas del Estado (capitalista) pueden llegar a cumplir una función diferente a aquella para la que fueron creadas y para la que son sostenidas es, para decirle con diplomacia, cuanto menos utópica. ¿Qué es, si no, la creencia (en caso de que lo crean realmente) de que con cursos de derechos humanos y un “programa” que analice su accionar las bandas armadas del Estado van a dejar de utilizar su fuerza y su fuego en pos del fin supremo de custodiar la gran propiedad privada y controlar, criminalizar, torturar, desaparecer y asesinar a las hijas e hijos del pueblo trabajador?
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) | IG @saturdaniel X @saturnetroc
