Salud pública. Nuevos despidos a trabajadores honorarios del Hospital de Antofagasta ¡El Gobierno es responsable!

Despidos a nivel nacional, largas listas de espera y colapso sanitario

El 30 de septiembre vence la última prórroga que otorga facultades extraordinarias a la autoridad sanitaria para aplicar medidas cuyo objeto sea impedir la propagación del COVID, con mayores financiamientos extraordinarios - y por lo tanto transitorios - no basales lo que ha puesto en alerta a trabajadores. Pues si el Ministerio de Salud no accede cientos de trabajadores quedarán sin trabajo, como las 280 personas que trabajan en el Hospital Base Valdivia que podrían quedar cesantes a fin de mes.

Pero estos ataques vienen ocurriendo desde el año pasado cuando las y los trabajadores a honorarios del Hospital Regional de Antofagasta se movilizaron por 3 días producto del anuncio de 235 despidos que se llevarían a cabo a finales de octubre de 2021, algo inaceptable en medio de la pandemia y que se canalizó a través de estériles mesas de trabajo, que terminaron en nada. Hoy el gobierno insiste en que no hay recursos para contratarles.

En la Región de los Ríos distintos parlamentarios hicieron solicitud al gobierno central de extender estos aportes extraordinarios. Aunque lo que obvian estos senadores de los partidos de los 30 años, es que por medio de estas contrataciones se ha alcanzado a cubrir parte de la brecha asistencial histórica, es decir como hacían funcionar hospitales y consultorios con menos manos, en base a sobrecarga laboral y cubriendo apenas la demanda de salud de la comunidad. Meten debajo de la alfombra el desmantelamiento que han hecho por décadas a la salud pública con fuga de recursos al negocio de privados y con un presupuesto completamente insuficiente.

Y si bien los contagios y casos graves de COVID19 han disminuido, el control de otras enfermedades fue desplazado, en un sistema que ya no daba abasto. Si antes las y los usuarios debían esperar en promedio 348 días para una atención, en la pandemia aumentó a 523 días, es decir, un total de 17 meses. Por otro lado, las patologías AUGE/GES fueron postergadas llegando a 49.089, pasando por alto la complejidad y riesgo que tienen, en este caso la espera hoy alcanza los seis meses.

Esto sin contar con la constante fuga de recursos a privados que empeoran la gestión y administración de la salud del 80% de la población, como en el Hospital Regional de Antofagasta con la Concesionaria que a comienzos de este año perdió 3000 horas de atención de especialistas en los policlínicos por fallas en el sistema informático o el Carlos Van Buren de Valparaíso, que hace un par de meses sufrió el desplome de la techumbre de la Central de Alimentación, o el recordado caso del Hospital Barros Luco en la Región Metropolitana, cuando se debió llevar a cabo una operación con la linterna de un celular.

¿Y los bolsillos de las familias?

Estos despidos además de ser un ataque a la salud pública, en el sentido que afecta la atención de la población y aumenta la sobrecarga laboral de los trabajadores de la salud, es también un importante golpe económico a los trabajadores y sus familias.

En un momento donde el costo de la vida crece y golpea los bolsillos de las familias trabajadoras, con una inflación de más 13% la tercera a nivel latinoamericano y la más alta en los últimos 30 años, es inaceptable que se anuncien despidos a quienes enfrentaron la pandemia.

El gobierno no solamente se ha negado a ayudas económicas directas a las familias trabajadoras en estos críticos momentos, sino que además continúa esta política de despidos a los honorarios COVID iniciados en el gobierno de Piñera.

Colapso centros asistenciales y reformas de gobierno

A esas condiciones estructurales, de completo déficit e insuficiencia, quieren sumarle “reducción de personal” bajo la excusa que la pandemia del COVID19 ya terminó y no hay más financiamiento para la atención de personas contagiadas con el virus. El mismo discurso que daba el gobierno de Piñera ante la situación de los honorarios. Y que ahora luego del triunfo del rechazo, y el giro a derecha del Gobierno de Boric se avanza con ataques al pueblo trabajador implementando las políticas que Piñera no pudo.

Pues con los despidos viene el agobio para quienes tendrán que sacar la pega con menos manos, sobrecarga laboral con más turnos extras para poder hacer reemplazos a quienes tiren licencias o vacaciones, retrasando la atención de las usuarias y usuarios. El Gobierno está viendo a las trabajadoras y trabajadores como simples números que pueden ser desechados.

Después de la revuelta del 2019 se han empeorado las condiciones de vida, cambian algo para no cambiar nada como con la reforma previsional, tributaria y claro la reforma de salud. Para el gobierno, el seguro universal de salud - que seguía permitiendo el negocio de las clínicas, aseguradoras y laboratorios - quedó sin piso tras la derrota del apruebo. Han abandonado su propia agenda, para reemplazarla por la de la derecha.

Pero para fortalecer el sistema público de salud, el presupuesto fiscal debe crecer pero además no debe ir a parar a los bolsillos de los privadosa través de subsidios o compras de servicios, mientras empujan a las familias al endeudamiento, rifas o hasta ventas de casa para pagar los altísimos costos de su negocio.

Para eso hay que terminar con las empresas “express” que tuvieron contratos por $6.258.884.981 o la misma concesionaria del Hospital Regional que el 2020 tuvo ganancias de $4.000.000.000. La salud es un derecho que debe ser público y que garantice las condiciones de atención para la comunidad acorde a los estándares internacionales y trabajo estable y bien pagado para profesionales técnicos y administrativos.

¿Cómo respondemos a esta crisis? ¡Confiemos en nuestras fuerzas organizadas!

Pero pensar que esto caerá del cielo por buena voluntad del gobierno del "arbolito de todos" junto a sus funcionarios en los Servicios de Salud, es pura ingenuidad. Es así como sucedió al sentarse a negociar en mesas, dirigentes y representantes de honorarios junto a directivos y funcionarios, hace casi un año con los más de 200 despedidos del Hospital Regional de Antofagasta. La Unidad de Rehabilitación perdió al 90% de su personal dejando sin atención a decenas de pacientes y postergando esas necesidades de salud, siempre bajo la excusa que no hay plata.

Del mismo modo afirmó recientemente Yolanda Ramírez, presidenta de CONFENATS del Hospital de Valdivia, asegurando que los despidos generarán un problema a los establecimientos de salud, porque los trabajadores honorarios además de apoyar en labores propias de la pandemia, están cubriendo la brecha que existe en materia de salud.

Ante esto debemos seguir el ejemplo que levantaron hace semanas las y los trabajadores de la Atención Primaria de la Salud de San Bernardo que dijeron basta a la crisis de salud: problemas de infraestructura (fallas en ascensores, box, luminaria), falta de insumos (no hay elementos para hacer las curaciones, la desinfección, y el aseo), etc. O en el Hospital Sótero del Río, donde la Urgencia Pediátrica más grande de la Región Metropolitana denunció la falta de espacios para la atención de problemas de salud mental infantojuveniles.

De este modo las y los trabajadores se organizaron desde las bases, levantaron un petitorio dando a conocer las problemáticas y necesidades que se arrastran por años en cada rincón del centro de salud. Que además, expone no solo la realidad de un centro en particular, si no que la de toda la atención primaria y la salud pública.

Fueron una alternativa contra las injusticias y la pasividad de las cúpulas gremiales. Por estas razones y las injusticias que de este sistema se generan, es que desde la Agrupación “Abran Paso” convocamos e invitamos a las/los trabajadoras/es de la salud, pública y privada, sin distinción de gremio, a organizarnos y luchar juntos/as por acabar con este sistema de maltrato y precariedad para sus funcionarios y para sus pacientes:

1. Suspensión de todos los despidos a honorarios COVID tanto en el Hospital Regional de Antofagasta como nivel nacional
2. Terminar con las modalidades precarizadas de trabajo como las externalizaciones, honorarios o suplencias, vamos por el paso a la planta en los centros de salud de todas estas formas de subcontratación.
3. Financiamiento de emergencia mediante el impuesto a las grandes fortunas, en perspectiva de la nacionalización de los recursos estratégicos, como cobre y litio, para financiar un sistema único de salud .
4. Organización democrática de todos los trabajadores de la salud, independiente de las divisiones por estamentos o gremiales, en asambleas unitarias y resolutivas