El lunes 8 de septiembre la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presentó su informe bienal sobre España. Exige que se profundicen las reformas estructurales y se suban impuestos al consumo como el IVA.
Josefina L. Martínez @josefinamar14
Miércoles 10 de septiembre de 2014
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, presentó este informe en una conferencia de prensa junto a Luis de Guindo, ministro de economía español.
Gurría se refirió a las “reformas” que ya se han realizado en el Estado español hasta el momento:“El estudio hace hincapié en las importantes reformas estructurales que se han emprendido en estos últimos años. Estas reformas están ya dando fruto y darán aún más en los años venideros.”
Considera que ha comenzado una recuperación económica y que por eso es clave mantener la senda de las “reformas”: “Hay que mantener el rumbo, implementar las reformas a fondo y afrontar el enorme reto del desempleo, al tiempo que se sientan las bases del cambio del modelo económico que requiere España.”
En el terreno fiscal, la OCDE recomienda reducir impuestos empresariales, como el impuesto de sociedades, para “promocionar la inversión industrial”. También propone rebajar las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios para los trabajadores de menor cualificación. Y por último, aumentar los impuestos indirectos, como el IVA.
La OCDE dice que el alto porcentaje de desempleo es su principal preocupación, y hace una serie de recomendaciones para "reducir el desempleo más rápidamente". Una de ellas es aumentar los controles estatales sobre los desempleados que reciben un subsidio, definiendo “más claramente obligaciones de búsqueda de empleo y acerca de ofertas laborales".
También se incluyen propuestas para reducir las indemnizaciones al finalizar un contrato indefinido, haciendo "converger los costes de finalización de los contratos temporales y de los contratos permanentes” sumado a “definir con más precisión las condiciones para el despido procedente." En síntesis, abaratar los despidos aún más que lo que ya lo he hecho la reforma laboral de Rajoy.
A este plan se suman otras medidas sugeridas para desregular las condiciones para la creación y actividad de las empresas. De conjunto estas medidas beneficiarían claramente los empresarios, aumentarían la carga de impuestos en el consumo de la población, mientras abaratarían los despidos y costes laborales.
Anuncios exitistas mientras continúa la sangría del empleo
Las propuestas de la OCDE se dan en el marco de anuncios exitistas del gobierno sobre la supuesta recuperación económica. Rajoy habló de “raíces vigorosas” del crecimiento.
Para justificar este discurso se comunican de forma intencionada algunos datos económicos. Hace unos días el Ministerio de empleo y seguridad social brindó las últimas cifras sobre la cantidad de EREs (Expediente de Regulación de empleo) que se realizaron en el primer semestre del año. Los ERE se redujeron un 53,6% y esta cifra fue presentada como una buena noticia.
Sin embargo, aún con esta reducción del 50%, el número de empresas afectadas por procedimientos de despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada fue de 6.898.
Esto implica a 91.169 trabajadores, de los cuales 19.535 (21,4 %) fueron afectados por despidos colectivos, 51.754 (56,8 %) por suspensión de contrato, y 19.880 (21,8 %) por reducción de jornada.
Un ERE es la forma administrativa mediante la cual una empresa legaliza el despido masivo de trabajadores, reducciones salariales o eliminación de cláusulas del convenio laboral. La empresa presenta un ERE aduciendo causas económicas, técnicas, organizativas o productivas en la empresa.
Es algo equivalente en la Argentina al Recurso preventivo de crisis. Por otra parte, si la cantidad de EREs se redujo, es porque la mayoría de los despidos masivos
en grandes empresas se concretaron en los meses anteriores, y esos miles de empleos no se recuperaron.
