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Panorama. Oasis económico, coaching electoral y acertijos pos octubre

Pablo Anino

Pablo Anino @PabloAnino

Sábado 16 de septiembre de 2017

Luego de no querer hablar de economía durante el primer tramo de la campaña hacia las PASO, el Gobierno se siente confortable con los resultados que se van observando en la actividad productiva.

No hay nada extraordinario a la vista: sólo cierta estabilización contingente que reluce en la comparación con el bajón del año pasado cuando el shock de ajuste inicial hundió la economía en la recesión, disparó la inflación y derrumbó el consumo.

El crecimiento económico acumulado hasta junio es módico: 1,6 % interanual. Al finalizar el año es probable que todavía los niveles de actividad estén por debajo de los registrados en 2015.

Tampoco se ha alcanzado, obviamente, un punto de inflexión donde la economía crece, para decirlo de algún modo, orgánicamente sobre nuevas bases. No hay un nuevo “modelo” exitoso.

El módico crecimiento de estos meses está íntimamente vinculado a una intervención estatal que anestesió en parte el malestar social y los desequilibrios más agudos que atraviesa la economía para intentar transitar con mejores chances el período electoral.

¿Qué empuja la economía?

El oasis económico no tiene motores en la actividad privada, ni en millones de “entrepreneurs” que producen cerveza artesanal, ni en una lluvia de inversiones. Por el contrario, Cambiemos aplicó dosis de la endiablada receta kirchnerista para la temporada electoral.

En primer lugar, dejó correr las paritarias por encima de las metas de inflación del Banco Central. Junio es el último mes para el cual se puede realizar una estimación provisoria de la evolución del salario real del sector de trabajadores registrados (en “blanco”): en el sexto mes de este año el salario real es 1,8 % superior al de diciembre de 2016. Claro que sigue siendo 2,6 % menor al de diciembre de 2015, cuando asumió el macrismo.

El resultado final del año en la batalla entre salarios y precios es más dudoso. Para hacer una evaluación completa habrá que esperar a conocer las estadísticas de diciembre: el Presupuesto 2018 presentado este viernes por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoce una inflación promedio de 24,5% cuando cierre el año. Para entonces se habrá diluido parte del efecto de las paritarias, pero la inflación evidentemente seguirá actuando persistentemente.

En este punto también es preciso aclarar que los empleados registrados del sector privado constituyen aproximadamente el 35 % del total de los trabajadores. El resto son empleados públicos, trabajadores no registrados (en “negro”) y cuentapropistas varios, cuyos ingresos difícilmente hayan evolucionado al ritmo de las paritarias del sector privado. Y muy probablemente, encuentren dificultades para defender su poder de compra.

Otro motor importante de la actividad económica es el movimiento que se observa en la construcción, principalmente por la obra pública que el Gobierno reactivó luego de “revisar” los pliegos de licitaciones kirchneristas.

La velocidad que adquirió la obra pública durante este año difícilmente se pueda sostener el próximo: el Presupuesto 2018 prevé un crecimiento en infraestructura del 17 %, pero el mayor volumen de los desembolsos corresponde a un indescifrable concepto “resto”.

El oficialismo afirma que el impulso a la obra pública se sostendrá con los proyectos para infraestructura ejecutados mediante la modalidad de Participación Público Privada (PPP). Pero esta “riesgosa” opción, al igual que el resto de las alternativas de inversión productiva, los dueños del capital la contrastan con las ganancias que pueden obtener en activos financieros, como las Lebac. El éxito de los PPP está por verse.

Luego de una serie de cierres, suspensiones y despidos masivos en algunas empresas en la primera parte del año, el macrismo intentó evitar nuevas imágenes de resistencia como las de las valientes leonas y leones de la multinacional yanqui PepsiCo. Así contuvo todo lo que pudo el conflicto de Cresta Roja, que estos días volvió a las calles. Luego de octubre, si el resultado favorece al oficialismo, las patronales interpretarán que tienen vía libre para seguir atacando. El cálculo les puede fallar por ese detalle llamado relación de fuerzas entre las clases sociales.

En los últimos meses no hubo grandes cimbronazos en el empleo, pero los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundida el jueves por el Indec, aunque exhibe una disminución de la tasa de desocupación, muestra a la vez cierto efecto desaliento: baja la tasa de actividad, es decir la suma de ocupados y desocupados que buscan empleo.

En otro orden, en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, los trabajadores registrados totales crecen apenas 1,1 % cuando se compara junio de este año con diciembre de 2015. Pero es probable que allí pesen más cuestiones de registración vinculadas a los requisitos para percibir asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) por parte de los monotributistas que una dinámica de verdadera creación de empleo.

Donde sí se registra crecimiento genuino es entre los asalariados públicos. Una herejía a la ideología cambiemita. Pero la dinámica del sector privado es endeble: hay cierta recuperación en los asalariados privados registrados en junio de este año en comparación con el mismo mes de 2016, en particular gracias a la construcción. Pero todavía no se recuperó la destrucción del año pasado: en junio del corriente año hay un 1 % menos de asalariados privados que en diciembre de 2015.

Por último, hay que mencionar que la CEOcracia recurrió a otros mecanismos poco ortodoxos para reactivar la economía: descuentos en el Banco Provincia, préstamos de la Anses a un millón de beneficiarios de la AUH y pensionados, impulso a los préstamos personales y prendarios en bancos públicos y privados. Este proceso de endeudamiento personal, al no estar sustentado en una mejora sustancial del salario real, es pan para hoy y hambre para mañana.

Aun con todas estas medidas que aplicó el oficialismo el crecimiento logrado es extremadamente débil.

Tensiones pos octubre

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo este viernes una tarea adicional a su veloz presentación del presupuesto. Fue a Parque Norte a “coachear” a los candidatos para intentar capitalizar en el discurso de campaña las mejoras económicas y rechazar el fantasma de más ajuste luego de las elecciones de octubre.

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Los argumentos del ministro son poco creíbles. El Presupuesto 2018 comprende un incremento de los gastos corrientes de 14,6 % ubicado por debajo de la inflación promedio, que es proyectada para el año próximo en 15,7 %. Es decir, un ajuste en términos reales.

El mayor recorte seguirá por el lado de los subsidios que será contrapesado con tarifazos que algunos analistas estiman que podrían llegar al 30 %.

No sólo eso. La partida de intereses de deuda pública crecerá 28,2 %, muy por encima de educación (22,3 %), salud (17,2%) y ciencia y técnica (13,3 %). No es casual la toma pacífica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por parte de los investigadores que quiere despedir el exkirchnerista Lino Barañao.

Lejos de priorizar el gasto social, como destacó la presentación de Dujovne en el Congreso, las prioridades del macrismo las encabezan los buitres y banqueros amigos del ministro de Finanzas, Luis Caputo, que usufructúan con la deuda.

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Daniel Artana, el ortodoxo economista de FIEL, haciendo referencia a la inflación de agosto, afirmó que al Gobierno “le está costando bajar la inflación”, por lo cual vaticinó que “Vamos a seguir teniendo política monetaria dura por bastante tiempo”.

Siguiendo los números de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (el Indec no se puede usar para los años previos), la inflación de 2017 será menor que el 41% del año pasado, pero todavía el Banco Central no logró bajarla sustancialmente de los niveles de los últimos años del kirchnerismo: en 2013 fue 26,6 %; en 2014 de 38 % y 26,9% en 2015.

El Banco Central no pudo cumplir su meta inflacionaria en los dos primeros años de Gobierno. En un artículo de El Economista se plantean las dificultades que enfrentará el Gobierno para hacer efectiva la meta del año próximo si al mismo tiempo quiere seguir con el ajuste de tarifas.

No sólo eso. Reducir drásticamente la inflación requiere de la política monetaria dura que señaló Artana y de un dólar planchado. Recordemos que el movimiento preelectoral de alza de la divisa, aunque tuvo un traslado acotado, impactó en la inflación de julio.

El retroceso del dólar está permitiendo rearmar la especulación en instrumentos en pesos que pagan altas tasas de interés, como las ya mencionadas Lebac. Esa política monetaria dura tiene claros ganadores: los especuladores financieros. Muchos de ellos ingresan dólares desde el exterior acentuando el atraso cambiario.

Pero política monetaria dura y el dólar como ancla inflacionaria, dos movimientos que están estrechamente relacionados entre sí, implican fuertes restricciones al crecimiento económico.

La idea de que el dólar seguirá actuando como ancla inflacionaria no se reduce solamente a una mera decisión del gabinete económico, sino a una necesidad de las cuentas públicas.

En el Presupuesto 2018 el endeudamiento seguirá siendo la vía para financiar el déficit del año próximo. Esos dólares que entren serán otro factor que presionará a la apreciación cambiaria.

Como señala la nota de El Economista: “Se trata, entonces, de un trilema: tipo de cambio, tarifas o inflación de 8-12%. Todo no se puede, explican los economistas, desde distintos puntos del espectro ideológico.”.

El ministro Dujovne afirmó que el déficit primario bajará de 4,2 % al 3,2 % del PIB en 2018. Pero varias consultoras, analistas y el establishment económico observan un panorama de conjunto más grave: cuando incorporan al análisis los pagos de intereses de deuda, los déficit provinciales y el cuasi fiscal del Banco Central, el déficit público llega al estremecedor número del 8 % del PIB. Es una bomba de tiempo.

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En este escenario, la mayoría de los pronósticos de crecimiento de las consultoras son más cautos que el 3,5 % que presenta el Presupuesto 2018.

El empresariado presiona por más ajuste. En el caso de los industriales porque ven que el bache fiscal implica el ingreso de dólares de deuda y más atraso cambiario, cuando se sabe que su “fórmula secreta” para la competitividad es la devaluación monetaria. En el caso del capital financiero acelerar el ajuste fiscal implica garantías de recobro de los préstamos que realiza para cubrir el rojo fiscal.

Atendiendo reclamos del establishment el Gobierno quiere aprovechar el impulso electoral que espera recibir en octubre para impulsar una serie de reformas: tributaria, laboral y previsional.

El ministro Dujovne anticipó ante banqueros que en octubre daría a conocer el proyecto oficial de reforma tributaria. Hay un fuerte lobby, cuando no amenazas abiertas, para que las rentas financieras no sean grabadas.

Las modificaciones tributarias parece que transitarán un camino gradualista para no seguir profundizando el déficit fiscal. No obstante, irán en un único sentido: mejorar las ganancias empresarias. Eliminar el impuesto al salario, claro está, no figuraría en los papeles oficiales.

El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, una de las estrellas que más brilla en el universo cambiemita alertó estos días sobre la necesidad que Argentina haga una reforma laboral al estilo de la esclavista brasileña.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, está abocado a eso con la no tan difícil tarea de ablandar a la burocracia de la CGT. En esa cartera también se cocina una reforma previsional que intentaría avanzar por las líneas de menos resistencia hacia una elevación de la edad jubilatoria y reducción de contribuciones patronales.

El combo de política monetaria dura, reducción del gasto público y reformas varias, no puede ser más que llamado ajuste. Nada bueno se avizora para el pueblo trabajador después de octubre. Después de todo, un oasis no es más que una tregua temporal a los contratiempos económicos.

El Frente de Izquierda es la única fuerza política que se plantea pelear en las calles y en el Congreso por una agenda obrera contrapuesta por el vértice a las perspectivas de los capitalistas.

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Pablo Anino

Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.

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