Tras 31 días se mantiene la ocupación de las 60 hectáreas por parte de las más de 3.000 familias en la localidad de Merlo Gómez, Partido de Merlo. La inclemencia del tiempo y la permanente militarización de la zona no hicieron mella sobre quienes vienen reclamando una vivienda digna.
Luis Sucher Trabajador reincorporado del Hospital Posadas | La Marrón Clasista
Viernes 20 de noviembre de 2015
Foto * Redeco
Luego de la realización de un censo por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a cargo de Eduardo Aparicio, que aseguró públicamente que la propuesta que evalúa su cartera es “comprar o expropiar” los terrenos de la familia Merlo Gómez a cambio de que se abandonen los terrenos inmediatamente, que fue rechazada mayoritariamente por las familias.
Esta sana desconfianza de quienes pelean por una vivienda y un terreno, se apoya en la continua falta de resolución al profundo y extendido problema habitacional que viven millones en la provincia y en Merlo (donde en casi 30 asentamientos precarios, residen 10.000 familias) durante más de 12 años de kirchnerismo y 24 de intendencia de Othacehé. El pedido de desalojo latente del juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, que viene exigiendo el uso de la fuerza, no encuentra en el gobierno provincial ningún funcionario que quiera cargar con una violenta represión antes del ballotage del 22N. Se podría decir que el conflicto está en un impasse.
Lidia, peluquera, que vive hacinada junto a sus padres y sus hijos en el Barrio el Zorzal, reflexiona: “Ni Scioli ni Macri hablan de nosotros que no tenemos nada, nos prometen que después del 10 de diciembre todo se arregla, pero sabemos que nos van a querer sacar con la policía, más allá de que hoy se muestran amigables, mientras nos vienen a pedir que los votemos. Acá cuando quieren que salga rápido una ordenanza municipal para construir grandes edificios lujosos o gigantescos supermercados, lo hacen en tiempo record. Ahí sí hay plata y negocios. Acá hay necesidades reales, pero no queremos que nos regalen nada, queremos pagar nuestra casa y nuestro terreno”.
Estas palabras resultan una síntesis del padecimiento de los más de 3.000.000 millones de familias que no tienen acceso a una vivienda digna a lo largo y ancho del país. Casi un 25 % de la población habita en viviendas precarias sin las menores condiciones sanitarias o comparten la “casa” con otras familias. Desde el 2001 al 2010 bajó el número de propietarios (del 70.6 al 67.7 %) y subió el de inquilinos (del 11 al 16 %, pero llegando al 30 % en las grandes ciudades). Según datos de la ONG Techo en 2013, hay 1834 villas en el área metropolitana, el interior de PBA, Córdoba, Rosario, Alto Valle-Neuquén, Misiones y Salta en las que viven 532.000 familias. La mitad de los asentamientos se radicó en los últimos 25 años, un cuarto, durante la última década. El relato de la “década ganada” se cae a pedazos.
Techo y trabajo: la misma lucha
Hay que apoyar a las familias que luchan por la vivienda para que puedan triunfar en sus reclamos. Una gran campaña reaccionaria que ha encontrado a sus principales voceros en Berni, Granados, Vidal, Aníbal Fernández, entre otros, busca sentar las bases para encontrar una salida para el desalojo y la defensa de las tierras de una de las tantas empresas que especulan con el negocio de la vivienda popular. Mediante promesas o preparando medidas represivas, quieren terminar con la toma.
Scioli y Macri guardan un silencio cómplice en medio de la pelea por los votos hacia balotaje. Mienten descaradamente porque ambos defienden la penalización de la protesta social. Mejor no hablar de la crisis de 10.000.000 de personas que no tienen vivienda propia en la Nación y en la Ciudad, tras una década de crecimiento económico.
Desde medios, oficialistas u opositores, repiten a coro que es un delito la ocupación de terrenos, que son vagos, extranjeros, que buscan por la vía fácil las cosas, que no quieren trabajar, que además tienen planes sociales, que tienen hijos para recibir subsidios. Son algunas de las barbaridades que escuchamos cotidianamente que se filtran y se reproducen desde las clases altas, y se van naturalizando entre los trabajadores y algunos sectores populares, creando un sentido común reaccionario. Se condena la desesperación de quienes no tienen más opción que ocupar unos terrenos ociosos, de esos que abundan en Merlo y cubren casi el 50 % del territorio, pero no se cuestiona como denuncia Lidia que la situación de precariedad en la que viven millones es producto del negocio inmobiliario que, en sociedad con los gobiernos provinciales y municipales de todos los colores políticos, son los que empujan a la marginalidad a millones y generan un déficit habitacional enorme.
Negocio inmobiliario que empuja a muchas familias a vivir en condiciones miserables mientras se construyen fastuosos countries para un puñado, como en el caso de Merlo, bajo la gestión del pejotista Othacehé, pero también podría aplicarse a la gestión de Macri en la Capital. Ellos legislan al servicio de los grandes empresarios, como hacen con el privilegiado sector de la construcción dedicado a la especulación inmobiliaria que tiene como consecuencia el crecimiento exponencial de las villas y asentamientos. Por eso es lícito y legítimo expropiar esas tierras y ponerlas al servicio de resolver las necesidades populares.
El desafío inmediato y primeras conclusiones
Tenemos por delante el desafío de contribuir a romper el aislamiento que está sufriendo la toma del Barrio Nuevo. Muchos trabajadores y estudiantes desconfían de la toma de estas tierras por las internas entre Othacehé y su sucesor Ménendez y por el traspaso hacia el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Se basan en un manejo real de punteros y negocios entre estos partidos patronales. Sin embargo, hay que saber diferenciar la puja por arriba de estos sectores y la verdadera necesidad de una vivienda digna de los abajo.
La vivienda propia, el derecho a la salud, la educación, el trabajo en blanco, tiene que ser garantizado por el Estado y no puede quedar a la suerte de las pujas de los especuladores inmobiliarios y los funcionarios de los partidos patronales que hoy están en el poder y los que vendrán: todos pelean sus tajadas. Si los vecinos de Merlo tomaron la decisión de ocupar las 60 hectáreas de esas tierras ociosas, debemos apoyarlos y ayudarlos para que puedan desarrollar su lucha y organizarse de manera independiente.
Los trabajadores no tenemos que dejarnos engañar, la pelea por la unidad de las filas obreras y la alianza con el pueblo es fundamental para que primero no nos dividan y luego no nos derroten a unos y otros.
En ese sentido toma vital importancia la pelea que vienen dando los compañeros de la Agrupación Marrón/9 de Abril en el gremio docente, que forma parte de la directiva del SUTEBA La Matanza, uno de los principales sindicatos del populoso distrito vecino. A propuesta de ellos se resolvió que una delegación de dirigentes y delegados lleve un aporte solidario, alimentos y ropa a las miles de familias del acampe, el próximo sábado por la mañana.
Nathalia González Seligra, de la Comisión Directiva y diputada nacional electa por el FIT, a propósito de la iniciativa, declaró: “queremos demostrar en esta acción, que los sindicatos arrancados a la burocracia, deben servir para organizar al conjunto de los trabajadores. Sería importante que este tipo de resoluciones de apoyo y solidaridad efectiva sean adoptadas por la Unión Ferroviaria de Haedo, Ecotrans, los centros de estudiantes del 29 de Merlo y el 45 de Haedo, y en cada uno de los lugares de trabajo y estudio donde la izquierda ha conquistado posiciones”.
Preparar la resistencia contra el ajuste
El próximo gobierno, con Scioli o Macri a la cabeza, más tarde o más temprano, hará un ajuste. Los trabajadores y el pueblo pobre saldremos a enfrentarlo. Sectores precarizados, en negro, sin vivienda, con planes sociales, no se quedarán pasivos.
Para ese momento tenemos que prepararnos. El FIT con Nicolás del Caño, llama a votar en blanco en el balotaje y a darle la espalda a los candidatos como primer medida de resistencia. La política que tienen hacia este conflicto demuestra la justeza de este planteo. La única salida al servicio de las necesidades populares está íntimamente ligada a una salida independiente de los trabajadores.
Como planteó Del Caño en la campaña electoral: “Son millones las familias en emergencia habitacional. Plan de Obras Públicas, Infraestructura y viviendas populares basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas y bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales”.
El conflicto de las ocupaciones de tierra en Merlo, demuestra la necesidad imperiosa de pelear en los lugares de trabajo y más aún en las organizaciones recuperadas por la izquierda, para que la clase obrera tome en sus manos las demandas populares y lidere la lucha popular como la de las familias del Barrio Nuevo, para que logren triunfar.
Este conflicto ya deja las primeras conclusiones: es necesario unir las demandas populares a la fuerza de la clase obrera organizada. Para que las luchas regionales no queden libradas a su suerte o en manos de los punteros y la pelea sindical no se reduzca a reclamos corporativos: hay que unir a los pobladores desde sus barrios, al apoyo activo de los trabajadores y estudiantes desde sus fábricas, escuelas y universidades. La unidad fortalece a ambos y enfrenta a un enemigo común.
