En la localidad sanfernandina de Victoria, familias sin techo ocupan terrenos lindantes a las líneas del ferrocarril Mitre. Con desalojo y represión no se soluciona el problema de la vivienda, se necesita una reforma urbana que de casa y trabajo a los que hoy no tienen.
Jueves 27 de agosto de 2020
Desde el domingo más de veinte familias, entre las que se encuentran niños y jóvenes, ocuparon terrenos lindantes al ramal diésel, pertenecientes al campamento Vías y Obras, en los talleres de Victoria del ferrocarril Mitre pertenecientes a Trenes Argentinos.
La empresa estatal que comanda Martin Marinucci, miembro del ex Frente Renovador y ahora en el Frente de Todos, convocó a los medios televisivos, quienes rápidamente se hicieron eco del enunciado que acusa a las familias de usurpadoras y que la ocupación afecta el servicio, pidiéndole a la justicia Federal que intervenga con la orden de desalojo que dé vía libre para que la policía federal actúe con represión.
Desde el municipio de San Fernando, el intendente Juan Andreotti del Frente de Todos se desligó del problema, planteando que es de jurisdiccionalidad federal los terrenos y por tanto le corresponde a la Justicia Federal actuar con la orden de desalojo.
En este marco, el sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, a través de su secretario General Omar Maturano planteó que no van a trabajar hasta que no se vayan las familias de los terrenos. Lejos de solidarizarse con las familias desesperadas por un lugar donde vivir, al igual que la empresa estatal Trenes Argentinos y el municipio de San Fernando le piden a la justicia federal que intervenga con la orden de desalojo.
Pero con represión no se soluciona el problema. Tanto el gobierno nacional, como provincial y municipal con la judicialización buscan justificar los palos de la política federal.
La crisis por el acceso a la vivienda se agudiza en todo el país, poniendo de manifiesto un problema estructural que afecta a millones de familias. En el conurbano bonaerense es donde más se expresa y se ve afectado el derecho a la vivienda, que va de la mano con la falta de agua potable, gas natural, cloacas, desagües pluviales y pavimento en muchos de los barrios populares que componen esta populosa zona de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto la pobreza llega al 50% de la población, como consecuencia de la crisis económica y social, producto de la pandemia donde miles de personas se están quedando en la calle ya que no pueden pagar el alquiler.
En este contexto se viene generalizando las tomas de terrenos en el conurbano, como respuesta desgarradora al problema de vivir en la calle. Para solucionar este problema que afecta a millones (se calcula que son más de 4 millones de familias con problemas de vivienda) se necesita una salida de fondo. Un movimiento compuesto por sindicatos, organizaciones de desocupados y vecinos que luche por una reforma urbana integral que contemple un plan de obras públicas para garantizar infraestructura (agua, gas, pavimento) y viviendas para las familias que se encuentran en emergencia habitacional como así trabajo genuino para estas últimas.
Este plan se puede llevar adelante sacando los recursos de los que más tienen, los que durante todo este tiempo se la llevaron en pala. Por medio de un impuesto a las grandes fortunas como el proyecto de ley que presentó el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) para las 15 mil personas más ricas del país (0,04% de la población) y el no pago de la deuda externa, saldrían los recursos para garantizarlo.
Plata hay, el problema es que hay que invertir las prioridades.
