Enviaría al Congreso Nacional un proyecto para crear la figura del “colaborador eficaz”. La misma permite negociar con empresas que buscan impunidad a cambio de información.
Miércoles 31 de mayo de 2017 11:25
En la mañana de este miércoles tenía lugar una nueva reunión entre el ministro de Justicia de la Nación y representantes de la empresa Odebrecht. El oficialismo intenta llegar a un acuerdo con la multinacional brasilera que admitió haber pagado coimas por U$ 35 millones en Argentina, ente 2007 y 2015.
El Gobierno intenta hacerse de información que le permita conocer los nombres de quienes recibieron esas coimas. La decisión parece destinada a neutralizar los efectos que la revelación de nombres pueda causar sobre sus filas. Los nombres de empresarios allegados al oficialismo, como el primo del presidente Macri, podrían estar en la lista que se conozca.
Al mismo tiempo, desde Cambiemos, se intenta evitar que la información sobre los sobornos pagados quede en manos de la Procuración general de la Nación, hoy encabezada por Alejandra Gils Carbó, ligada al kirchnerismo. Esta semana se conoció que la Justicia de Brasil sólo entregaría datos a este organismo.
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Negociando impunidad
El límite que tiene actualmente el Gobierno para negociar con la empresa está dado por la legislación argentina. La misma no le permite un acuerdo como el que los empresarios de Brasil lograron en su país de origen y en otras latitudes.
En el vecino país, hoy atravesado por una crisis política de magnitud, un acuerdo le permitió a la multinacional pagar una multimillonaria multa a cambio de información. Dentro de ese esquema, la sanción le permite seguir operando. Un convenio de este tipo es el que propuso la representación de la empresa al Gobierno argentino.
No es el caso de la normativa argentina, donde la figura existente es la establecida por la Ley del Arrepentido. La misma implicaría la cárcel, sí o sí, para los empresarios que hayan pagado sobornos.
Como parte de la negociación con la empresa el Gobierno enviaría al Congreso Nacional un cambio legal que implica crear la figura del “colaborador eficaz”. La normativa implicaría la posibilidad de una menor pena para quienes entreguen información que, según el criterio del juez, pueda ser considerada como valiosa para las investigaciones en curso.
Voceros oficiales se justificaron ante La Nación, afirmando que “es fundamental que, en un acuerdo con las empresas que cometan delitos de corrupción, haya en un acuerdo algún incentivo a cambio de que aporten información valiosa a la investigación. Esa es la postura del Poder Ejecutivo y por eso insistimos con la figura del colaborador eficaz”.
El mismo medio informa que el proyecto que enviaría el oficialismo incluiría una cláusula que permita aplicar la ley de manera retroactiva promete generar polémica, porque permite aplicar la ley, una vez sancionada, de manera retroactiva. Esto la haría aplicable a la investigación en curso sobre Odebrecht.
Buenas intenciones
También según La Nación, el Gobierno realizaría en la mañana de este miércoles una nueva propuesta a la empresa, como parte del diálogo que llevan adelante. Según la información que se difundió en diversos medios, la propuesta constaría de dos aspectos.
El primero es que Odebrecht presente una "carta de intención" donde se comprometa a abrir sus libros contables para poder estimar el monto de la multa. La propuesta difícilmente sea aceptada por la empresa. Implicaría una injerencia al secreto comercial que, en términos generales, horroriza a empresarios y funcionarios que defienden sus intereses.
La segunda es que, efectivamente, la empresa brasilera haga un depósito por US$ 35 millones pero que esto funcione como una suerte de “adelanto” como parte de resarcimiento mayor.
El “detalle” de esta negociación es que el Gobierno no puede brindar ninguna garantía en términos jurídicos a la empresa. Sin embargo, desde el oficialismo parecen dar por sentado que la empresa se debería acoger al acuerdo para continuar las obras en marcha.
Las revelaciones del escándalo de Odebrecht amenazan salpicar a todos los sectores políticos patronales. Los nombres de Julio de Vido y José López se entrecruzan con los de Gustavo Arribas o Angelo Calcaterra. De la corrupción propia del capitalismo, no hay color político en los partidos tradicionales que se salve.
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Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
