A lo largo del 2015, las acciones del magisterio mostraron la disposición de los trabajadores de la educación a enfrentar los ataques del gobierno. Para el 2016 se tiene prevista la continuidad de la ofensiva, haciendo indispensable discutir las vías para frenarla.
Miércoles 30 de diciembre de 2015
Desde que Peña Nieto decretó la reforma educativa en febrero de 2013, suscitó numerosas muestras de descontento y resistencia por parte de las maestras y maestros en todo el país. Tras las grandes movilizaciones de ese año, en el 2014 el magisterio acompañó la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, destacándose la participación de los maestros de Guerrero.
En el 2015, con el reflujo del movimiento por Ayotzinapa el gobierno comenzó a pasar a la ofensiva, poniendo desde mediados de año, como parte central de su estrategia, el ataque al magisterio.
Desde entonces, la escalada autoritaria muestra la intención del gobierno -apoyado en los empresarios, los medios masivos de comunicación, las instituciones y partidos del Pacto por México y la burocracia del sindicato magisterial- de derrotar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al conjunto del magisterio democrático, golpeando así a toda la clase trabajadora para imponer una estabilidad reaccionaria y avanzar con sus planes proempresariales y de entrega al imperialismo.
Veamos algunos de los principales procesos de la lucha magisterial de este año ante la ofensiva del gobierno y el conjunto del régimen.
Salarios atrasados
Desde los primeros meses del año, en varios estados del país los maestros se movilizaron para exigir el pago de salarios y aguinaldos atrasados. Este atraso respondía a la decisión del gobierno de centralizar el pago de la nómina como parte de las medidas para fortalecer su control.
Durante estas movilizaciones, vimos importantes muestras de unidad como en Guerrero, en donde los maestros de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero) pararon y marcharon codo a codo con los trabajadores del SUSPEG (Sindicato Único de Servidores Públicos de Estado de Guerrero).
El gobierno, por su parte, daba muestras de su polìtica autoritaria: el 24 de febrero la policía federal reprimió brutalmente una manifestación en Acapulco, cobrándose la vida del maestro jubilado Claudio Castillo, y utilizando métodos de tortura sexual, como denunciaron maestras.
También en la primera mitad del año, uno de los procesos más importantes se dio en la Península de Baja California, en donde la lucha emprendida desde marzo por sectores de base organizados, obligó a los dirigentes charros del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) en Baja California y Baja california Sur a convocar a paros en las secciones 2 y 3, confluyendo en algunos momentos con la emblemática lucha de los jornaleros de San Quintín.
Elecciones
En su proceso de recomposición, luego de la crisis de legitimidad abierta con las grandes movilizaciones por Ayotzinapa, el gobierno veía en las elecciones del 7 de junio un salvavidas que le permitiría desviar el descontento hacia las instituciones y recuperar parte del terreno perdido.
En el magisterio comenzaba a cobrar fuerza el movimiento contra la evaluación docente que se aproximaba y, como parte de ello, la CNTE se sumó al llamado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa contra las elecciones.
Ante la amenaza de boicot electoral por parte de la CNTE, la Secretaría de Educación Pública (SEP) maniobró anunciando en un comunicado que se suspendía de forma indefinida la evaluación a los maestros. Lejos de calmar las aguas, este comunicado le dio nuevo impulso a la lucha magisterial.
Los días previos a las elecciones estuvieron cruzados por paros, movilizaciones, tomas e incendio de oficinas del Instituto Nacional Electoral y quema de material electoral, entre otras medidas, por parte de maestros en estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca.
La respuesta del gobierno fue blindar las elecciones mediante la militarización de los estados con mayor presencia de la CNTE, y la represión ahí en donde se impulsó el boicot, como en Oaxaca, en donde hubo decenas de detenidos, o como en Tlapa, Guerrero, en donde perdió la vida el estudiante Antonio Vivar.
Evaluación punitiva
Pasadas las elecciones, el entonces secretario de educación, Emilio Chuayffet, anunció la reanudación del calendario de evaluaciones a los maestros, echando más leña al fuego. Desde entonces, el gobierno rompió el diálogo con la CNTE.
Durante junio y julio, el movimiento magisterial contra la evaluación punitiva se extendió significativamente por varios estados del país, abarcando amplios sectores más allá de la CNTE, en un proceso caracterizado por el repudio a los dirigentes charros del SNTE.
Sin embargo, desde julio el gobierno viene profundizando su ofensiva contra los maestros, particularmente contra los oaxaqueños de la combativa Sección 22, empezando con la extinción del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca) y la militarización redoblada del estado, a lo que siguieron el congelamiento de cuentas sindicales, decenas de órdenes de aprehensión contra maestros y el encarcelamiento de los profesores Efraín Picazo Pérez, Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez.
En medio de todo ello, el 23 de septiembre en Oaxaca fueron asesinados los maestros Alejandro Leal Díaz (ex secretario general de la Sección 22) y Ubaldo Cortés Garzón, y el 29 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de la maestra Marjorie Xolio Meléndez, casos que aún no se han aclarado.
El siguiente paso en la escalada autoritaria del gobierno federal -apoyado en los gobernadores de los estados- fue la represión a las manifestaciones y la militarización de Oaxaca (nuevamente), Guerrero y Chiapas para imponer a sangre y fuego la evaluación punitiva, lo que llevó a la muerte del maestro David Gemayel Ruiz en un enfrentamiento con la policía en Ocozocoautla, Chiapas, el 8 de diciembre.
Ese día, en Michoacán se solicitaba una orden de aprehensión contra el dirigente de la Sección 18, Juan José Ortega Madrigal. Un día antes, la policía había apresado a 52 normalistas que se manifestaban exigiendo plazas, y el 9 de diciembre se anunció el despido de 5 maestros en Guerrero por haber protestado el 3 de diciembre contra las evaluaciones.
Por otro lado, de la mano de la reforma educativa, avanza la privatización de la educación pública con los certificados de infraestructura escolar, colocados por el gobierno en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras se espera para el próximo año una reducción al gasto en educación y la implementación de la reforma –con evaluación a los docentes incluida- en las normales.
Esta brutal ofensiva muestra la disposición del gobierno para aplastar la resistencia magisterial, y es precisamente para ello que pusieron al frente de la SEP al nuevo secretario Aurelio Nuño, un oscuro personaje ligado al salinismo y delfín de Peña Nieto para el 2018.
Sin embargo, la resistencia de los maestros se mantiene como piedra en el zapato de Peña Nieto, y junto a la emergencia de nuevas luchas como las de la maquila en Ciudad Juárez, y las dificultades que puedan surgir en el terreno económico, auguran un escenario complicado para el gobierno en el 2016.
Perspectivas para el 2016
Para el próximo año el gobierno prepara nuevas rondas de la evaluación docente, además del despido de aquellos compañeros que decidieron no evaluarse.
Ante la continuidad del ataque apenas regresemos a clases, en lugar de insistir en el diálogo con nuestros verdugos, es fundamental poner todos los esfuerzos en medidas de defensa del magisterio. Por eso desde Nuestra Clase proponemos una gran campaña solidaria, nacional e internacional, apelando al sentimiento democrático de los cientos de miles que se movilizaron por Ayotzinapa, a los sindicatos que se reclaman opositores como los agrupados en la Nueva Central de Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores, al movimiento estudiantil, personalidades del arte, las ciencias, la cultura, a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y de izquierda, etc., para expresar por todos los medios el respaldo a los maestros.
Es necesario una gran movilización nacional en las calles para detener la ofensiva, exigiendo alto a la represión, libertad inmediata a los maestros y normalistas presos, cese de las órdenes de aprehensión y para luchar contra los despidos.
En esta campaña, debemos llamar a las bases del Morena a que le exijan a la dirección de ese partido -que sólo ha ofrecido alianzas electorales mientras el ataque contra el magisterio avanza- que ponga todos sus recursos y los medios a su alcance para defender a los maestros, solidarizándose efectivamente, en las calles y sin condicionamientos electorales.
En las escuelas, los compañeros amenazados de despido pueden ponerse al frente de exigir a los delegados sindicales que convoquen a asambleas en donde se discuta cómo impedir que sean cesados. Por ejemplo, mediante la organización con los padres de familia, partiendo de explicarles las afectaciones para ellos y sus hijos a causa de la reforma educativa.
Con una campaña de estas características, que llame a todo mundo a defender al magisterio, podríamos frenar el ataque y generar las condiciones para pasar a la ofensiva, preparando junto al resto de los trabajadores un gran paro nacional para echar abajo la reforma educativa y el conjunto de las reformas estructurales. Es fundamental exigirle a las direcciones sindicales que se reclaman opositoras que se pongan al servicio de esta perspectiva.
Como parte de ello, desde el magisterio -en primer lugar desde la CNTE- debemos adoptar una política independiente de las instituciones del régimen y los partidos del Congreso, de unidad de las filas magisteriales y coordinación de las acciones, lo cual podría resolverse mediante un Encuentro Nacional de delegados de base, impulsando la organización democrática desde las escuelas e incorporando en la discusión las vías para la democratización del SNTE.
