En el marco de la crisis por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, cuando todo apunta a Gendarmería, el Gobierno y la casta judicial quieren volver a instalar la agenda de la “corrupción”.
Jueves 7 de septiembre de 2017 12:58
En los últimos días la desaparición de Santiago Maldonado abrió aún más la crisis en el Gobierno, después de que se cayeran todas las “hipótesis” sobre el paradero de Santiago que intentaban desviar el eje de la Gendarmería.
Luego que se levantara el secreto de sumario, sumado a la declaración de los testigos que vieron cuando se llevaban a Santiago, todas las pruebas apuntan a la responsabilidad estatal..
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En este marco, de manera poco sorpresiva, el fiscal federal Gerardo Pollicita, le pidió al juez Bonadio que investigue a la ex presidenta Cristina Fernández por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman.
Así, en lo que resulta una maniobra política, judicial y mediática, el Gobierno y la misma casta judicial intentan desviar la atención de la desaparición de Santiago Maldonado. Intentan instalar otra agenda, ligada a la denuncia contra la corrupción kirchnerista.
El pedido, supuestamente, se basa en nuevas pruebas en la causa donde se estableció que hubo al menos dos llamadas telefónicas entre Luis D’Elía, dirigente cercano a Cristina Fernández y un contacto iraní. Las mismas habrían sido realizadas desde la Casa Rosada. Ocurrieron, según la versión de los diversos medios, antes de que se firmara el Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013.
El pedido para reabrir la causa había sido desestimado el año pasado por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, por considerar que no había “pruebas de delito”. En ese momento, desde APEMIA se había denunciado que “la denuncia de Nisman oscurece más de lo que aclara”.
Cuando nada de esto desvía la atención del hecho de que hubo un nuevo desaparecido en democracia, el Gobierno aparentemente quiere volver al libreto donde se siente cómodo, casos de corrupción que envuelven a la administración anterior.
