Durante el último periodo de Sebastián Piñera, se estableció una oficina en el Ministerio de Economía para acelerar la aprobación de proyectos por parte de los organismos evaluadores. El órgano dio apoyo a la obtención de sus permisos a varias iniciativas privada altamente contaminantes.
Sábado 4 de febrero de 2023
La institucionalidad ambiental ha mostrado su carácter anti ecológico y pro ganancias privadas con eventos como la polémica de la exseremi Patricia Hidalgo que acusó a diferentes figuras del Gobierno de presionarla en ciertas votaciones del Comité de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana. El reportaje de Ciper que reveló cómo dos asesores de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía intercedieron en favor del proyecto Pampa Camarones, de cuya propiedad participa la familia de Sebastián Piñera es otro antecedente.
Esta oficina ha encendido alarmas en diferentes organizaciones relacionadas a la defensa del medio ambiente durante el segundo gobierno de Piñera.
Mediante gestiones hechas por un grupo de asesores, GPS buscaba facilitar la evaluación (positiva) de los organismos "ambientales" sobre proyectos de inversión de áreas como la Minería, Energía e iniciativas inmobiliarias, entre otras. En 2020, la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, de la que forman parte los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), denunció como una intervención a sus labores la firma de convenios entre el SEA y esta oficina.
Hasta el reportaje de Ciper no existían registros conocidos de las comunicaciones que GPS mantenía con "organos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental" (OAECA). Intentos previos de obtener correos de la oficina fueron rechazados por el Consejo para la Transparencia, como una solicitud relacionada a la evaluación de proyectos dentro del Sernageomin y otra sobre la iniciativa minera Los Domos de Equus Mining.
GPS firmó más de 20 convenios de traspaso de recursos a diferentes OAECA para que estos sumaran personal a honorarios, con la finalidad de hacer más "eficiente" la tramitación de permisos. El Ministerio de Hacienda incluso solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo por "hasta 100 millones de dólares" para la oficina.
La información de la prensa tradicional respecto a GPS, tras su creación por decreto en 2018, se enfocó en anunciar con bombos y platillos su labor en pos de reactivar la economía. Juan José Obach, primer Secretario Ejecutivo que tuvo GPS, explicaba las labores de la oficina en una entrevista con El Mercurio y en la web del organismo estaba publicado cada nombre de las y los asesores que lo conformaban.
Una nota de La Segunda de junio de 2018 explicaba el trabajo de GPS y su rol en apoyo a algunos proyectos en evaluación. La nota relata, por ejemplo, las labores de la oficina para acercar posiciones en un litigio que mantuvo el proyecto Territoria Apoquindo con la Dirección General de Aguas (DGA) cuando esta no entregó derechos de aprovechamiento para el sistema de enfriamiento de los edificios.
En el texto de La Segunda se relata también cómo GPS realizó telefonazos para analizar el timing de los pronunciamientos de los servicios públicos que emitieron informes sobre el Centro de Distribución El Peñón de Walmart, cuando dicha iniciativa fue vista por el Comité de Ministros.
La lista de proyectos que pasaron por GPS es extensa y una pieza clave del sistema de evaluación ambiental es el SEA. Documentos obtenidos vía Ley de Transparencia muestran que durante 2019 y 2020 la oficina mantuvo reuniones periódicas con el Servicio de Evaluación Ambiental, institución que además recibió tres traspasos de dinero desde GPS para contratar funcionarios a honorarios.
La labor de una de las personas contratadas por el SEA con los dineros de Economía tuvo que ver, por ejemplo, en la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American como mostró Interferencia en 2020. La Contraloría revisó estos convenios tras una solicitud hecha por vecinos de Lo Barnechea y no advirtió ningún inconveniente legal.
"La institucionalidad ambiental" al servicio de las empresas contaminantes
Asimetría es un término común para hablar de la labor de GPS. Es antidemocrático una institución que "decide en nombre de la ciudadanía" cuando las comunidades se oponen a iniciativas privadas altamente contaminantes. La exigencia del estatuto en este organismo son proyectos que deben tener una inversión mínima de 100 millones de dólares para recibir el apoyo de dicha oficina.
Iniciativas como Mina Invierno, Alto Maipo, Los Bronces Integrado y largo etcétera fueron algunos de los proyectos asesorados por GPS y que arrastran o arrastraron bullados conflictos socio ambientales en diferentes zonas del país.
Hoy mientras jóvenes de la organización "Fridays for future" (viernes por el futuro) se han propuesto plantarse todos los días frente a la Moneda en una jornada de "acción directa pacífica" para visibilizar la insuficiencia de instituciones del Estado dirigidas por empresarios que velan por sus intereses para frenar el cambio climático es necesario pensar qué salidas se plantean para salir de esta crisis ecológica que enfrentamos actualmente.
Desde La Izquierda Diario planteamos : "si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos al capitalismo".
